El Gobierno ya trabaja en un futuro más allá del coronavirus. Para ello, está armando unos Presupuestos en los que prevé mantener la mayor parte de la reforma fiscal prevista en el proyecto de Cuentas de 2019 y en el acuerdo de Gobierno pactado entre el PSOE y Unidas Podemos. Es decir, que habrá subidas de impuestos con seguridad en 2021, entre las que encontrarán el alza fiscal del diésel.

Así lo confirman fuentes del Gobierno, que indican que la apuesta por subir el gasóleo y equipararlo fiscalmente con la gasolina está en los planes de futuro del Ministerio de Hacienda.

Cabe recordar que los motores diésel y su combustible están bonificados fiscalmente para facilitar la venta de estos vehículos. Sin embargo, las evidencias del daño ambiental por las emisiones de estos vehículos han jugado en su contra, y más en un marco en el que el Gobierno apuesta por una fiscalidad verde, es decir, por un modelo impositivo que tenga en cuenta el impacto ecológico y que desincentive las tecnologías más contaminantes.

Con esta medida, que también ha sido reclamada en varias ocasiones por la Comisión Europea, el Gobierno esperaba lograr unos 600 millones adicionales de recaudación, que serán muy bien acogidos en las arcas públicas teniendo en cuenta la debacle de ingresos a la que se enfrenta la Administración por la crisis del coronavirus. Con todo, puede que el impacto presupuestario de esta medida se tenga que recalcular a tenor de la nueva situación económica.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a su llegada a su comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica en el Senado en Madrid, este lunes. EFE

Esta equiparación fiscal del diésel con la gasolina tendrá un inevitable impacto en el bolsillo de los ciudadanos. En 2019, cuando Hacienda ya pretendía aprobar esta medida a través de los Presupuestos, los cálculos del Ministerio eran que suprimir la bonificación del gasóleo costaría 3,8 céntimos más por litro a los conductores de vehículos diésel.

De esta manera, las estimaciones del departamento que dirige María Jesús Montero indicaban que este tipo de consumidor realiza unos 15.000 kilómetros anuales, lo que le acabaría suponiendo gastar 36 euros más al año.

Uso profesional

Eso sí: desde el Gobierno siempre han asegurado que los sectores que tienen la condición de usuarios de gasóleo profesional no se verán afectados por el alza fiscal.

Los sectores que tienen este estatus son el transporte de mercancías por carretera, por cuenta ajena o por cuenta propia; el del transporte de pasajeros regular u ocasional, y el del taxi.

Además, en Hacienda han sostenido que no se verán afectados por el alza fiscal los colectivos profesionales cuya actividad depende del uso de vehículos diésel, como ocurre en el caso de autónomos que trabajan en los ámbitos de la construcción o del comercio, por ejemplo. Sin embargo, todavía se desconoce cómo articulará el Ministerio estas puntuales excepciones.

Y podría no ser la única medida que afecte al alza fiscalmente a los combustibles. Antes del coronavirus, el Gobierno, a través de la ministra y hoy vicepresidenta, Teresa Ribera, siempre había dejado clara su predisposición a abordar cambios fiscales en este campo en dirección de la transición energética. Aunque la crisis del coronavirus ha llevado a que se trunquen parte de estos planes, como una eventual subida fiscal al transporte aéreo.

Planes fiscales

Por lo pronto, desde el Gobierno insisten en que se mantiene la hoja de ruta tributaria que ya plantearan el proyecto presupuestario de 2019 (que fue rechazado por el Congreso de los Diputados y provocó la celebración de elecciones generales) y en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Pablo Iglesias y María Jesús Montero.

Por un lado, habrá una reforma del impuesto de Sociedades para obligar a las grandes empresas a pagar un tipo mínimo del 15%, que podrá subir al 18% en el caso de los sectores financiero y de los hidrocarburos. Para ello, además de esta reforma, se pondrá límite a las exenciones y deducciones fiscales a las que se pueden acoger el sector privado.

Además, antes de que termine el año se espera que estén aprobados y en marcha el impuesto sobre las transacciones financieras y el tributo sobre determinadas operaciones digitales, es decir, las tasas Tobin y Google. En el caso de la segunda, el objetivo está particularmente en hacer pasar por caja a los gigantes digitales.

El Ejecutivo también sostiene subir la tributación a las clases altas. Además de un alza del IRPF para las rentas altas, la apuesta del Gobierno pasa por incrementar la tributación de las grandes fortunas.

Aquí es donde colisionan los intereses de los dos partidos que conforman la coalición de Gobierno. Mientras que Unidas Podemos insiste en que se apruebe un impuesto exclusivo para ‘los ricos’, el PSOE apuesta por utilizar figuras existentes.

Concretamente, armonizar impuestos autonómicos como Sucesiones y Patrimonio y utilizarlos para que las grandes fortunas pasen por caja. Y por lo pronto, este es el criterio que prevalece. Al fin y al cabo, es el que siempre ha defendido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.