Falta de independencia, conflicto de intereses, desconfianza... El paso de Cani Fernández por la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso se convirtió en un duro debate en el que la futura nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pudo comprobar en primera persona el rigor de la fiscalización parlamentaria, incluso antes de asumir su puesto como cargo público.

PP, Ciudadanos y Vox no se lo pusieron fácil y sacaron toda su artillería para bloquear su nombramiento. Solo pudo salvarle el acuerdo previo de PSOE y Podemos con los partidos minoritarios y nacionalistas. El resultado de la votación del ayer jueves fue un claro ejemplo de la disputa: 19 votos a favor de su idoneidad contra 16 en contra. Solo cuatro votos le separaron del veto a su nombramiento.

Una bronca que puso sobre la mesa muchas dudas en el nombramiento de quien debe ser el faro de la confianza. Y es que estamos hablando de alguien que estará a cargo del superregulador español con competencias de control en todos los mercados: electricidad, gas, telecomunicaciones, audiovisual, digital. Básicamente todo el tejido productivo del país.

María Muñoz de Ciudadanos, Víctor González de Vox y Mario Garcés del PP preguntaron a la candidata respecto de sus más de dos décadas ayudando a grandes empresas dentro de Cuatrecasas, como informó Invertia, por la relación de su marido asesorando estas empresas en asuntos de competencia y por su paso por el Gobierno de Pedro Sánchez como miembro de la Oficina Económica.

Frente a estas dudas, Fernández ha indicado que la "independencia y control parlamentario" será su hoja de ruta y ha defendido en todo momento la incorporación de perfiles técnicos -como es su caso- en altos cargos de instituciones reguladoras.  "Las instituciones y las agencias se prestigian cuando incorporan a su cabeza perfiles eminentemente técnicos y mandan un mensaje de tranquilidad a los mercados, empresas e inversores", dijo.

Incompatibilidades

"He sido asesora de la CNMC ante Europa y he sido asesora no gubernamental, pese a estar litigando permanentemente contra ellos. Mi independencia de criterio ha sido siempre el común denominador de mi trabajo", agregó.

Del mismo modo aseguró que de ser confirmada para el cargo renunciará a su excedencia a Cuatrecasas, vigente desde febrero de este año cuando se marchó a trabajar para el Gobierno. "Confirmo también que establecerá con claridad los supuestos en que tendré que inhibirme y los cumpliré". 

La Ley de la Administración General del Estado establece que el presidente de la CNMC tendrá que abstenerse en aquellas cuestiones en las que tenga un interés propio, familiar o de cuestión litigiosa pendiente.

"Pero estamos ante un asunto de formas", le recordaron los grupos de la Oposición. Fernández una de las mayores expertas en Competencia de toda España y la Unión Europea. La salvedad es que sus mayores logros y experiencia en el sector la ha atesorado desde la acera opuesta al organismo al que está llamada a dirigir.

Empresas asesoradas

En su condición de miembro y posterior directora de la Oficina de Competencia y Prácticas Legales en la Unión Europea del bufete, Fernández asesoró expedientes tan importantes como la compra de Digital+ por parte de Telefónica a Prisa, la fusión de Enel y Endesa en la que estuvo involucrada Acciona y la operación de Agbar y Suez con presencia de Caixabank.

Ha asesorado a Coca-Cola y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha defendido al Banco Popular, Codorniu, Uber e IQV. También ha representado a Danone para defender su marca registrada Bio durante la reforma del reglamento sobre producción orgánica, y la Comisión Europea ante el TJCE en varios casos de contratación pública y mercado interno.

Fuentes consultadas por Invertia indican que también ha estado vinculada a procedimientos que afectaron a empresas como British American Tobacco, Elecnor, Bergé, Cepsa, Pearson, Acerinox, Saica, Seat, Cementos Portland y cuando estaba en Cuatrecasas se ha asesorado a gigantes como Amazon, Google, CocaCola, Sonatrach o Mubalada.

"La lista es larguísima" como recordó el diputado de Vox Víctor González. De hecho, Fernández declinó a responder qué empresas podrían entrar en conflicto de intereses relacionado con sus trabajos en los últimos dos años.

Consejero propuesto por Podemos

A cambio respondió que ha valorado todas las posibles fuentes de conflicto "y les aseguro que nunca se producirá un conflicto de intereses. Me abstendré voluntariamente aunque la ley no lo requiera y lo haré solo en aras de la neutralidad de la CNMC". Indicó además que "no prevé un número significativo en casos de conflictos".

El problema que la idoneidad de la presidenta de la CNMC no es el único foco de conflicto. El consejero propuesto por Podemos, Carlos Aguilar, también sufrió un duro rapapolvo parlamentario en la jornada del jueves.

Aguilar defendió junto a Josep Sala y Pilar Sánchez y el candidato a vicepresidente Ángel Torres, su idoneidad para el cargo. Respecto de su relación con Podemos cuestionada en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital por Vox, Partido Popular y Ciudadanos, indicó que "me inscribí como militante hace cuatro años influenciado por mis alumnos. Pero en ningún caso he mantenido alguna relación, ni cargo más allá de que se me ha pedido colaborar con mi conocimiento a la discusión política". 

No tengo absolutamente ninguna relación con el partido, ni relación económica con nadie", zanjó. Todo ello pese a que estuvo en las listas al Congreso de los Diputados en las Elecciones de 2019 por En Comú Podem.

Frente a la pregunta del diputado de Vox, Víctor González, en relación con su relación con el empresario audiovisual Jaume Roures, Aguilar descartó cualquier tipo de vinculación. "Que alguien haya escrito que que soy amigo de Roures no tiene porque ser verdad. Yo en mi vida he visto a Roures y mucho menos tengo algún tipo de amistad con alguien que no he visto en mi vida". Demasiadas dudas para un organismo que decidirá el futuro de muchos sectores económicos y productivos.