España deja de ingresar unos 60.000 millones de euros al año por los beneficios fiscales, es decir, por las diferentes deducciones y exenciones de impuestos que permiten las Administraciones Públicas. Por ello, dentro de su segunda oleada de revisión del gasto público (spending review), la AIReF ha hecho una completa revisión de cada uno de estos beneficios y de su eficacia.

El impuesto que más beneficio fiscal concentra (17.800 millones de euros) es el IVA a través de los tramos superreducido (10%) y reducido (4%). Es en estos casos en los que se centra la crítica de la AIReF. Aunque el beneficio fiscal funciona no es eficiente a nivel distributivo, denuncia la autoridad.

Y es que en el caso de estos tramos de IVA, el 62% del beneficio fiscal que se logra va a parar a clases medias y altas. Es decir, que no se cumple el objetivo redistributivo o de mejorar el acceso a determinados productos de rentas bajas o vulnerables.

De hecho, solo el 30% del beneficio fiscal del IVA reducido va a parar a rentas bajas en sectores como la restauración, el transporte o la hostelería. Por ello, aunque la AIReF no se plantea eliminar los tipos reducidos y superreducidos de IVA, sí que matiza que hay margen para revisarlos por los problemas de eficiencia que se reflejan.

Es decir, que apuesta por subir los tipos reducidos y superreducidos, teniendo en cuenta cada bien o consumo. En este sentido, AIReF, no aclara si se subiría el tramo de IVA que se aplica a los medicamentos, por ejemplo, pero sí en bebidas alcohólicas vendidas en restaurantes.

Momento económico adecuado

En cualquier caso, esta medida no se aplicaría hasta una recuperación de la economía, y se haría de manera paulatina acompasada.

Además, para no perjudicar a los hogares de rentas más bajas y evitar incrementar la desigualdad en la distribución de renta, la autoridad ve necesario articular paralelamente medidas de gasto dirigidas a los colectivos más vulnerables que garanticen un mejor acceso a dichos bienes, así como planes focalizados para la promoción y mejora de la calidad de los sectores estratégicos, como el turismo y la hostelería que se pretenden favorecer mediante el beneficio fiscal.

El análisis de la AIReF también envía una importante carga de profundidad contra los planes de pensiones individuales, que disfrutan de unas exenciones fiscales por valor de más de 1.600 millones de euros anuales.

La Autoridad propone su revisión completa y critica que se quedan muy lejos de cumplir su objetivo de complementar las pensiones públicas. Al fin y al cabo, sus usuarios son esencialmente las rentas altas, que tampoco se benefician en demasía de las exenciones. 

¿Qué fórmula alternativa propone? Aquí el ente no se moja y solo indica que se han de seguir las recomendaciones de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que es la debe definir el futuro del modelo de pensiones en España.

Tributación conjunta

Por otro lado, la AIReF también propone la supresión de la deducción que permite la tributación conjunta por matrimonio, que supone un coste de casi 2.400 millones.  Según la Autoridad, aunque sí es redistributiva (llega a hogares con rentas bajas) genera un desincentivo a la participación laboral de las mujeres, acentuando los problemas de brecha de género de la economía española. 

Por ello, apuestan por su desaparición paulatina y sumar nuevos incentivos a la participación laboral de las mujeres en el marco laboral que disminuyan la brecha de género. 

Respecto a las mejor fiscalidad de las sicav y de las socimi en el Impuesto de Sociedades, la AIReF admite que no cuenta con datos concluyentes que permitan confirmar si los beneficios en estos casos son eficaces o no. Eso sí: ha reclamado reforzar los requisitos para mejorar el cumplimiento efectivo de la naturaleza colectiva de la inversión en los términos previstos en la normativa española, algo que ya está incluido en el programa del Gobierno de coalición. 

Por otro lado, respecto a la exención por vivienda en alquiler, la AIReF avala este beneficio fiscal para los propietarios pero propone reformularla para facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos más humildes vinculándola al sistema de precios que ha diseñado el ministerio de José Luis Ábalos.