En la mañana de este martes, el Consejo de Ministros, reunido en Moncloa, recibió con una ovación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recién llegado de un Consejo Europeo histórico. No es para menos. Millones de españoles respiran aliviados al saber que, con mayores o menores condicionalidades, España accederá a 140.000 de los 750.000 millones por la Comisión Europea.

Pero puede que el mayor logro de la cita, al menos de cara al futuro, no haya sido el inevitable pacto para repartir los millones. En el encuentro los líderes comunitarios han sentado las bases para que la Unión Europea también lo sea en el campo fiscal.

Los gastos de la UE se nutren de derechos aduaneros, de parte del IVA de cada estado miembro y de aportaciones directas de cada uno de ellos. A partir de 2021 esto va a cambiar. La Unión tendrá su propio sistema de recursos a través de impuestos.

Imagen de la última reunión del Consejo Europeo.

El primero de ellos, según el acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo, será un tributo a los residuos plásticos no reciclados, que se aplicará a partir del 1 de enero, con un tipo de referencia de 0,80 euros por kilogramo, junto con un mecanismo destinado a evitar un efecto excesivamente regresivo en las contribuciones nacionales.

Le seguirán más figuras tributarias. Y es que, a pesar de las amenazas de Estados Unidos, la Unión Europea tendrá tasa Google a más tardar en 2023.

Negociación

La propuesta concreta para un impuesto digital se presentará y se negociará a lo largo del primer semestre de 2021, “con vistas a su instauración a más tardar el 1 de enero de 2023”.

Cabe recordar que la UE hace años lleva batallando por instaurar un impuesto a los gigantes digitales común. Pero la oposición de los países nórdicos, hoy conocidos también como los ‘frugales’, impedía cualquier acuerdo, que se tenía que cerrar por unanimidad.

Donald Trump, con mascarilla, camina por los pasillos del hospital militar Walter Reed, en las afueras de Washington. Reuters

Así, después de las amenazas de la Casa Blanca de castigar con más aranceles a los productos de países que apliquen la tasa Google por su cuenta, la UE toma partido.

Sin embargo, cabe recordar que la OCDE lleva desde el año pasado negociando un modelo de impuesto digital común para todos sus países miembros. De hecho, España se había comprometido a adoptar la articulación del impuesto que saliera de este órgano.

Emisiones de carbono

Además del tributo a los plásticos no reciclables y de la tasa Google, habrá otro impuesto que se pondrá en marcha antes de 2023: uno a las emisiones de carbono, para el que se elaborará un mecanismo de ajuste en frontera.

En el acuerdo del Consejo Europeo también se anuncia la intención instaurar otras vías para recaudar recursos propios, “entre los que podría hallarse un impuesto sobre las transacciones financieras”, es decir, la tasa Tobin que ya se está tramitando en el Congreso de los Diputados, igual que la Google.

Además, se invita a la Comisión Europea a que presente una propuesta revisada sobre el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de gases contaminantes, ampliándolo en su caso a la aviación y al transporte marítimo.

La inclusión de todas estas ideas en el acuerdo ha sido aceptada por los países ‘frugales’, pero a costa de rebajar su aportación directa a los gastos comunitarios. De esta manera, las contribuciones de Dinamarca, Países Bajos, Austria y Suecia se reducirán, algo que de que también se aprovechará Alemania “en el contexto de la ayuda para la recuperación y la resiliencia”.

Esta pérdida será compensada por el resto de los países miembro a través de sus propias aportaciones.