"España tiene un diferencial en términos de justicia fiscal de siete puntos respecto a la media europea", se empeñan en repetir desde el Ministerio de de Hacienda y desde Moncloa. La terminología es un invento de Podemos, inaugurada en la campaña de las elecciones del 28-A, las primeras generales del año pasado. Pero es uno de los triunfos de Nacho Álvarez, hoy secretario de Estado de Derechos Sociales en la Vicepresidencia de Pablo Iglesias y desde hace años, alma económica de la formación morada.

A ver cómo le explica ahora el ala socialista del Gobierno a sus socios morados que una de las soluciones para subir los impuestos en unos 60.000 millones de euros en los póximos años pasa por una revisión y subida de los tipos reducidos del IVA, el impuesto indirecto que más afecta a las clases medias y bajas.

Y es que, pese a comprarle los marcos dialécticos e incluso la coartada para subir impuestos, la ministra María Jesús Montero sabe que tiene un arduo trabajo por delante para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2021. Sin ellos no hay acceso a los fondos europeos de recuperación, aprobados hace una semana en Bruselas. Y sin los fondos no hay reconstrucción de España.

Pero con los fondos vienen las condiciones impuestas por los frugales, y muchas de ellas suenan inasumibles por los socios de la coalición. Así que el trabajo será arduo y necesita de mucha negociación papeles en mano. Si bien la consigna del presidente es que las cuentas públicas salgan "como sea", diga lo que diga Podemos.

No, no y... ahora sí

Hasta hace un par de semanas, la ministra Montero negaba cualquier posibilidad de tocar el Impuesto sobre el Valor Añadido dentro de la reforma fiscal que prometía el acuerdo de coalición. Pero la semana pasada, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) le dio todos los argumentos que necesita en su segunda oleada de revisión del gasto público.

La entidad presidida por Cristina Herrero -economista y funcionaria del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado- descartó la desaparición de los tramos bajos, y aplazó una parte de sus recomendaciones a que mejore la situación económica, pero reclamó con claridad una subida de los tipos reducidos del IVA. 

Ahora, fuentes del Ministerio cercanas a Montero reconocen que, tras ese informe, la cosa ha cambiado y ya abren la puerta a revisar, en los Presupuestos de 2021, los tramos por sectores... es decir, a subir impuestos también por la vía del IVA.

Las fuentes aclaran a este periódico que van a "estudiar con mucho detalle" el informe que presentó la entidad, y a "reflexionarlo profundamente", porque el esperado análisis de los beneficios fiscales públicos en España y su eficacia, publicado el pasado miércoles, trasquiló todas las hasta entonces verdades inmutables sobre esta figura impositiva.

El documento de la AIReF demuestra que el IVA es el impuesto que más beneficio fiscal concentra (17.800 millones de euros), a través de los tramos super reducido (10%) y reducido (4%). Pero que es en estos casos donde el beneficio fiscal funciona no es eficiente a nivel distributivo, y el 62% va a parar a las clases medias y altas.

Condiciones de la UE

Bruselas lleva décadas reclamándole a España una subida del IVA "en todos sus tramos", y el Gobierno haciéndose el sueco. Y no sólo eso, también una reestructuración de todos los sectores que lo componen y su asignación a cada escalón. Nuestro país es uno de los miembros de los Veintisiete con menos imposición y recaudación por este concepto, y la Unión Europea incluye esta reforma, recurrentemente, entre las recomendaciones específicas para nuestra política económica. 

Hasta ahora, todos los gobiernos -progresistas y conservadores- han eludido hacer caso a estas recomendaciones. Pero la lista ha pasado a ser de obligado cumplimiento si España quiere acceder a los 140.000 millones que, entre subvenciones y créditos blandos, aprobaron los jefes de Estado y de Gobierno para nuestro país en el Consejo maratoniano de hace unos días.

Si el Ejecutivo de Sánchez no hace caso, el dinero no llegará. Y si lo hace pero luego frena o revierte sus reformas, Países Bajos -o cualquiera de sus socios frugales- echarán mano del "freno de emergencia", para someter a juicio político las decisiones soberanas del Gobierno español.

Pero ha habido suerte. Según el documento de la AIReF, los tramos reducido y super reducido del IVA están muy lejos de cumplir el objetivo redistributivo que deben tener los beneficios fiscales y ha denunciado que, en este caso, la reducción de este impuesto favorece a los más ricos.

La hostelería como objetivo

Y es que de los 17.700 millones de euros de beneficios fiscales que calcula a la Autoridad Fiscal que se liberan a los bolsillos de los ciudadanos por la existencia de esos tramos bajos, sólo un 39% acaban en manos de la población objetivo, que son los más vulnerables. El resto se los quedan clases medias y altas. 

Lo cierto es que la AIReF señala a la hostelería, los bares y restaurantes, como objetivo muy concreto de la reforma que sugiere. En este sector, más del 70% de los consumidores beneficiados por las reducciones de IVA son de rentas medias o altas. 

Las fuentes de Hacienda explican que este sector les llamó especialmente la atención, por el injusto reparto de los beneficios fiscales. "No tiene sentido que los bares y restaurantes estén en el super reducido", apuntan. Pero dada la crisis del sector tras el confinamiento y los rebrotes, "hay que acompasarlo al ciclo económico, por supuesto".

En cualquier caso, esta medida no se aplicaría hasta una recuperación de la economía, y se haría de manera paulatina acompasada.