El Banco de España señala que la ratio de deuda pública española se redujo en 2019 por quinto año consecutivo hasta el 95,5% del PIB debido principalmente al comportamiento expansivo de la economía, y avisa de que la evolución descendente contrasta con la que se producirá en los próximos meses por el impacto del Covid-19.
Así figura en una nota económica sobre la evolución de la deuda pública en España en 2019, elaborada y publicada este martes por el organismo supervisor, que apunta que la ratio de deuda publica, según el protocolo de déficit excesivo (PDE), sobre el PIB bajó 2,1 puntos porcentuales debido al aumento del denominador, que fue consecuencia del crecimiento económico, del 3,6% en términos nominales.
El organismo explica que este se vio compensado, parcialmente, por el efecto del mismo signo que la financiación del déficit público ejerció sobre el numerador.
Por su parte, en el conjunto del área del euro, la ratio se situó en el 84,1% en 2019, 1,7 puntos porcentuales inferior a la alcanzada en 2018, mientras que las ratios de sus principales países fueron del 59,8%, 98,1% y 134,8%, respectivamente, en Alemania, Francia e Italia, con reducción de 2,1 puntos en el primer país y mantenimiento en los otros dos.
En términos de la estructura por plazos, el saldo de deuda de las administraciones públicas españolas al final de 2019 siguió concentrado en instrumentos de largo plazo (93,5% del total), con una vida media en el entorno de los siete años y medio, y se materializó principalmente en valores (86,7% del total), que aumentaron su peso en detrimento del de los préstamos.
De igual forma el peso de las tenencias de deuda por parte de no residentes aumentó sustancialmente, hasta el 49%, intensificándose la tendencia iniciada en 2008 (51%). En términos de PIB, la deuda de residentes supuso el 48,7% y la de no residentes, el 46,8% el año pasado. La proporción de deuda pública española en poder del Banco de España ascendía al 18,7% del total al cierre de 2019 (17,9% del PIB).
Subsectores
El organismo recuerda que también se producen operaciones de endeudamiento entre los distintos subsectores, de forma que en los últimos años este tipo de operaciones ha determinado un incremento de la deuda de la Administración Central emitida en el mercado, que ha servido para financiar principalmente a las CCAA y a las corporaciones locales a través de sus fondos de financiación.
A ello se suma que el gasto en pensiones se ha financiado mediante operaciones entre el Estado y la Seguridad Social, y a través de la concesión de préstamos del Estado a la Tesorería General de la Seguridad social y con la enajenación de las tenencias del Fondo de Reserva, conocido como 'hucha de las pensiones'.
En detalle, la Administración Central (85,2% del PIB, 1,9 puntos menos), las CCAA (23,7% del PIB, 3,3 puntos más) y las corporaciones locales (1,9% del PIB, 0,3 puntos menos) disminuyeron su deuda consolidada en 2019, al contrario que la Seguridad Social (4,4% del PIB, un punto más).
La brecha entre la deuda consolidada y la no consolidada de la Administración Central continúa aumentando, lo que se debe principalmente a los préstamos concedidos a las administraciones territoriales, según el Banco de España.
Al mismo tiempo, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social continuó reduciendo en 2019 sus tenencias de deuda emitida por otras administraciones, hasta el 0,2% del PIB, frente al máximo del 5,9% alcanzado en 2011.
Por CCAA se observa una tendencia homogénea de disminución, con la excepción de Murcia, donde el endeudamiento se mantuvo estable en proporción a su PIB.
En términos de su nivel, la ratio se situó entre el 12,6% (País Vasco) y el 42,1% (Comunidad Valenciana) del PIB regional En 2019, las CCAA en su conjunto mantuvieron su dependencia de la financiación otorgada por la Administración Central, siendo el porcentaje de su deuda total en poder de esta última de un 61,1% en 2019.
Respecto al ajuste déficit-deuda, apunta que es un factor relevante en la dinámica de la deuda pública, que en España tuvo una especial trascendencia durante la crisis financiera iniciada en 2008, ya que hicieron que aumentara el saldo de deuda en 2012, incremento que se prolongó hasta 2014, mientras que hicieron que se redujera en 3,5 puntos porcentuales del PIB entre 2015 y 2016.
La variación fue poco significativa en 2017 y 2018 (+0,5 y -0,2 puntos porcentuales del PIB, respectivamente). Sin embargo, en 2019 este factor volvió a ser de importancia e implicó una reducción de la deuda de 1,6 puntos porcentuales.
En 2019 se realizaron enajenaciones netas de activos financieros consolidados por un importe de 6.900 millones de euros, lo que contribuyó a reducir la deuda, en contraste con la aportación positiva al ajuste déficit-deuda de los dos años anteriores.
Igualmente, los pasivos de las administraciones públicas españolas aumentaron en 2,9 puntos porcentuales, hasta el 141,4% del PIB, frente al 113,6% del área del euro una vez que se tienen en consideración las operaciones entre los distintos niveles de las administraciones, los pasivos consolidados del conjunto del sector son notablemente inferiores (117,3% del PIB), si bien se sitúan por encima del nivel del agregado del área del euro (104%).
La deuda pública neta (deuda brutal menos activos financieros consolidados) fue del 82,8% del PIB a finales de 2019, cifra superior a la del año anterior (78,7%).
Inminente aumento de la deuda
En cualquier caso, el Banco de España apunta que la evolución descendente observada en España en 2019 contrasta con la que se producirá en los próximos meses, dado el impacto previsto de la Covid-19.
Este discurre, por un lado, a través del numerador de la ratio, como consecuencia de las medidas adoptadas para minimizar los efectos de la enfermedad y del efecto del retroceso de la actividad sobre los estabilizadores automáticos de ingresos y gastos. Además, indica que el acusado descenso esperado del PIB nominal también impulsará la ratio al alza.