Pedro Sánchez reabre la reforma laboral para compensar a Pablo Iglesias por la fusión de Bankia

El pasado 3 de julio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso celebrar la llegada de la 'nueva normalidad' con una fotografía en los jardines de La Moncloa con empresarios y sindicatos. La idea del Ejecutivo era sacar pecho sobre la salud del diálogo social y, para ello, impulsó la firma de un Pacto para la reactivación económica y el empleo para dar "confianza".

El presidente de la CEOE, Antonio Garmendi, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, acudieron a aquel acto veraniego en el que también estuvieron los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. 

Ese acuerdo aglutinaba propuestas genéricas para impulsar la recuperación española y la creación de empleo, pero con el objetivo de abrir paso a una negociación entre los agentes sociales y el Gobierno para abordar fórmulas con las que mejorar la calidad del empleo y la creación de puestos de trabajo.

Si la temporada de verano arrancaba con una foto a la que se invitó a CEOE, el arranque del curso también estuvo protagonizado por otra gran imagen con los empresarios, esta vez con nombres y apellidos, del Ibex 35. 

Una imagen en la Casa de América que dañaba el discurso del vicepresidente, Pablo Iglesias, que además de verse envuelto en los problemas de la supuesta financiación ilegal de su partido y el 'caso Dina', tendrá que asumir este otoño un acuerdo de Presupuestos acorde con las directrices de la Unión Europea, contrarias a su programa.

Por si fuera poco para la tensa coalición de Gobierno, días después se confirmó la negociación para que CaixaBank absorba Bankia en una operación que reducirá la presencia del Estado en la entidad en algo más del 14%, frente al 61% actual.

Se trata de un nuevo revés para Unidas Podemos que Pedro Sánchez ha tratado de amortiguar cediendo terreno en una de las demandas fundamentales de sus socios de Gobierno: revertir algunos aspectos de la reforma laboral. Además, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó que en los próximos Presupuestos habrá medidas para adoptar una "fiscalidad más progresiva en su conjunto". En concreto, se desarrollarán las llamadas 'tasa Google' y 'tasa Tobin'.

Reforma laboral

Sin comunicarlo a los empresarios con carácter previo, el Gobierno aprobó este martes un documento de propuestas legislativas para impulsar en el próximo semestre e incluyó modificaciones en la reforma laboral y dos subidas de impuestos.

La patronal se enteró del plan por la prensa, ya que las intenciones de reabrir el melón de la negociación colectiva fueron publicadas por El País en la mañana previa a su aprobación.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, no quiso entrar en el fondo de la cuestión pero confirmó la intención del Ejecutivo de llevar a cabo estas modificaciones que ya estaban contempladas en su acuerdo programático de Gobierno.

Tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el Ejecutivo aclaró con una escueta nota sus intenciones de modificar las actuales reglas de juego de la negociación colectiva, lo que se traducirá en devolver a los sindicatos el poder en la empresa que perdieron en la reforma laboral de 2012 e incluso reforzar ese peso.

"Trabajo digno"

"El trabajo digno, estable y de calidad como compromiso, se traduce en iniciativas como la Ley por la que se modifica la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva", explicó el Gobierno en un comunicado.

Junto a este cambio legislativo el plan del Ministerio de Trabajo es sacar adelante la Ley del trabajo a distancia y la Ley para la protección laboral de las personas trabajadoras que llevan a cabo actividades de distribución a terceras personas haciendo uso de medios tecnológicos, es decir, para trabajadores de plataformas como Deliveroo.

Estas normas se suman a otras ya en marcha, como la Ley de Igualdad, en la que los sindicatos también ganan peso en las empresas abriendo la puerta incluso a vetar el acceso de las compañías a concursos públicos.

La idea del Ministerio de Trabajo es conceder a CCOO Y UGT su reclamación de mantener la vigencia de los convenios mientras no se negocie uno nuevo, suprimir la prioridad del convenio empresa sobre el sectorial y cambiar también el procedimiento de descuelgue de los convenios. Otro de los aspectos que demandan los representantes de los trabajadores es modificar la subcontratación, un punto caliente para los empresarios que desconfían del Ejecutivo.

Lealtad para negociar

En una entrevista publicada por EL ESPAÑOL el pasado domingo, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advertía de que estas normas en su conjunto suponen "una reforma laboral encubierta" que los empresarios no admitirán.

El líder de la patronal exponía que en una situación de emergencia no es momento para aprobar reformas estructurales que puedan dañar a las empresas y la recuperación económica.

Además calificaba de "injerencia" en la gestión de la empresa la adopción de este tipo de medidas y pedía lealtad para el diálogo social y la acción política frente a la pandemia.

Siendo cierto que todos estos puntos forman parte del acuerdo de Gobierno que Unidas Podemos y PSOE firmaron antes de la investidura, también lo es que la situación económica ha cambiado de forma radical por los efectos de la pandemia en la sociedad. 

Reformas estructurales

Tras conocer los planes del Gobierno este martes, desde la patronal se reconocía que los empresarios están "abiertos a hablar de mejoras en el marco del diálogo social". Sin embargo, insistían en que el entorno de la Covid-19, marcado por la urgencia, "no es el adecuado para afrontar cambios".

Una opinión que no comparte Carmen Calvo que señaló ayer que la legislación de urgencia que se ha tenido que poner en marcha para hacer frente a la pandemia y a la que se tendrá que seguir recurriendo no es excluyente de adoptar reformas estructurales.

Cualquier tipo de decisión que adopte el Gobierno en materia laboral será vigilado con lupa por la Unión Europea que va a destinar 140.000 millones de euros a financiar la recuperación española para ayudar a que su economía converja con las grandes del euro. 

Aunque la Comisión Europea no entra en la gobernanza del Parlamento, Bruselas ya se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre la necesidad de que España siga en la senda que trazó la reforma laboral de Fátima Báñez en 2012 para dotar de mayor flexibilidad al mercado de trabajo. 

Un mensaje que puede estar presente en las negociaciones, pero que no parece que vaya a condicionar a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.