El Gobierno de Pedro Sánchez ha confirmado oficialmente su intención de no subir impuestos al menos durante la próxima legislatura y hasta que la situación económica lo permita. Solo pondrá en marcha dos nuevas figuras tributarias, la tasa Google y la tasa Tobin, que actualmente se encuentran en tramitación parlamentaria.
Así consta en el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2020 aprobado esta semana por el Ejecutivo. El proyecto -que recoge un total de 171 propuestas legislativas- es la hoja de ruta de Moncloa para este 2020 y todo 2021 y pretende sentar las bases para la reconstrucción económica y cumplir con los compromisos del programa del Gobierno de coalición.
Según reconoce el Ejecutivo, esta planificación que se ha visto alterada por la situación de crisis sanitaria, económica y social provocada por la Covid-19, recoge las previsiones legales enmarcadas en aquellas políticas que trascienden de la actuación llevada a cabo para controlar y superar la pandemia.
Hasta ahora, el Gobierno había transmitido al mundo empresarial y político sus intenciones de no subir impuestos hasta que la situación económica volviese a ser la previa a la crisis del coronavirus. Es decir, cuando el desempeño económico estuviese en los niveles en los que cerró el año 2019, con un de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2%.
Pero no ha sido hasta el Consejo de Ministros de esta semana que se ha confirmado. En concreto, el Plan Anual Normativo indica que se buscará una fiscalidad más progresiva en su conjunto, pero que esto se centrará, por el momento, solo en las dos nuevas figuras tributarias que ya están tramitándose en el Parlamento.
Tasa Google y Tobin
"En la necesidad de reforzar la progresividad de los sistemas tributarios, destacan los reales decretos de desarrollo de la Ley del Impuesto sobre los servicios digitales y la Ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras. Del mismo modo, la prevención y lucha contra el fraude se refuerza con la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio", indica el documento.
Es así como se fía la recaudación a dos nuevos impuestos con los que se pretende ingresar más de 1.700 millones de euros en su conjunto.
En el caso de la tasa Google, gravará los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.
En cuanto a la tasa Tobin, gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, pero solo aquellas de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a los 1.000 millones de euros.
Por el contrario, la idea de subir el IRPF a las clases altas y generar un tipo mínimo del Impuesto de Sociedades para grandes empresas quedaría aparcada, como mínimo, hasta 2022. Incluso queda en el aire la armonización fiscal ya planteada por el Ministerio de Hacienda y que se ejecutaría a través de la reforma de la financiación autonómica.
La reforma fiscal queda en pausa, pese a las presiones de los socios de Gobierno de Sánchez y de los sindicatos que piden cambios tributarios. De hecho, el propio Pablo Iglesias se refiere constantemente a este compromiso de investidura como una de las tareas pendientes del Ejecutivo de coalición.
Reforma Laboral
En definitiva, una de cal y otra de arena para el mundo empresarial. La constatación formal de que no se van a tocar los impuestos en el corto y medio plazo es un respiro para el mundo empresarial, que todavía no se recupera del 'mazazo' que supuso enterarse esta misma semana, y por la prensa, que el Ejecutivo pretende legislar para mantener la vigencia de los convenios mientras no se negocie uno nuevo.
Junto con la Ley por la que se modifica la estructura, el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva, se quiere sacar adelante la Ley del trabajo a distancia y la Ley para la protección laboral de las personas trabajadoras que llevan a cabo actividades de distribución a terceras personas haciendo uso de medios tecnológicos.
La reforma laboral es una bandera de lucha para los sindicatos, pero ha sido siempre resistida por la CEOE y por los principales empresarios del país. De ahí su sorpresa y malestar tras conocer la intención del Ejecutivo.
Reunión con el Ibex
Tras conocer los planes del Gobierno este martes, desde la patronal se reconocía que los empresarios están "abiertos a hablar de mejoras en el marco del diálogo social". Sin embargo, insistían en que el entorno de la Covid-19, marcado por la urgencia, "no es el adecuado para afrontar cambios".
Reforma laboral sí e impuestos no. Una situación que desconcierta a los directivos de las grandes empresas y más después de acudir el 31 de agosto a la llamada del presidente del Gobierno, que pronunció la conferencia España puede, pidiendo unidad a todos los agentes sociales.
Una cita en la Casa de América en la que recordó las prioridades del Ejecutivo y la voluntad de impulsar la recuperación de la mano de todos los sectores. Los empresarios respondieron y ahora se sienten decepcionados con el nuevo giro de Sánchez... aunque ahora se comprometa formalmente a no subir impuestos.