Pedro Sánchez ya tiene sobre la mesa las directrices de Bruselas en las que se detallan todas las condiciones que deberá cumplir si quiere acceder a los 140.000 millones de euros reservados para España del fondo europeo anti-Covid. El Gobierno de coalición de PSOE y Podemos tiene que remitir a la Comisión Europea un plan de inversión y reformas basado en las recomendaciones que la UE dirigió a España en 2019 y 2020, que incluyen ajustes en pensiones y mercado laboral. El dinero sólo se pagará si se cumplen los objetivos fijados.

Las ayudas de la UE no podrán utilizarse en ningún caso para financiar rebajas generales de impuestos. "Estos fondos son de carácter temporal y es difícil utilizar fondos temporales para financiar un gasto permanente", han explicado fuentes comunitarias. Sí que pueden destinarse a sufragar reformas puntuales para simplificar el sistema impositivo o reducir la carga fiscal sobre el trabajo, siempre que Bruselas lo haya aconsejado, algo que no ocurre en el caso de España.

Además de las reformas específicas para cada Estado miembro, el Ejecutivo comunitario quiere que el fondo de 750.000 millones sirva para impulsar la doble transición digital y verde, prioritarias en la estrategia económica de la presidenta Ursula Von der Leyen. Por eso, España deberá gastar el 37% de los fondos adjudicados (alrededor de 51.800 millones) en la lucha contra el cambio climático y otro 20% (28.000 millones) en impulsar la digitalización. Los mismos porcentajes se aplican al resto de países de la UE.

Además, como gran novedad, Bruselas ha definido siete áreas prioritarias de inversión y reformas que tienen que incluirse en todos los planes nacionales. Se trata de proyectos emblemáticos de escala europea porque exigen una gran inversión y traerán beneficios para el conjunto de la UE en materia de crecimiento y empleo, según el análisis del Ejecutivo comunitario. 

1.- PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES. Bruselas quiere acelerar el desarrollo y uso de energías renovables, así como su su integración en el sistema a través de redes modernizadas y un refuerzo de la interconectividad. El objetivo debe ser lograr el 40% de los 500 gigavatios de generación de energía renovable que se necesitan para el año 2030, así como impulsar la instalación de al menos 6 gigavatios de electrolizadores en la UE capaces de producir un millón de toneladas de hidrógeno limpio.

2.- RENOVACIÓN DE EDIFICIOS. Una de las prioridades de Bruselas es la renovación de edificios públicos y privados en toda la UE, que ahora generan el 40% de las emisiones, con el fin de impulsar el ahorro energético. Esta iniciativa contribuirá además a crear un gran número de puestos de trabajo y a impulsar la digitalización gracias a los contadores inteligentes, sostiene el Ejecutivo comunitario. La meta, duplicar la tasa de renovaciones de aquí a 2025.

3.- AMPLIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO. El plan de inversión español debe tener como una de sus prioridades la ampliación del transporte públicio, así como acelerar el uso de un transporte sostenible, accesible e inteligente. El Ejecutivo comunitario quiere que con el fondo de reconstrucción se construyan 1 millón de puntos de recarga para coches elécrticos y 500 estaciones de hidrógeno en toda la UE.

4.- DESPLIEGUE DE LA BANDA ANCHA. En la actualidad, sólo el 44% de los hogares europeos tienen acceso a redes de alta capacidad, y la cobertura es especialmente mala en las zonas rurales. Bruselas quiere que el fondo anti-Covid se use para acelerar el despliegue de servicios de banda ancha rápida, en particular en estas zonas donde la iniciativa privada no garantiza el suministro. Las ayudas deben lograr una cobertura ininterrumpida del 5G en todas las áreas de la UE.

5.- DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. La financiación para digitalizar la administración pública debe alcanzar también a la sanidad y a la justicia. Bruselas promueve además la creación de una identidad digital europea segura, que permita a los ciudadanos controlar sus datos y acceder a los servicios online.

6.- NUBE DE DATOS INDUSTRIALES. La transición digital depende, según la Comisión, de aumentar la capacidad de los servicios europeos de almacenamiento de datos industriales en la nube y de desarrolar los procesadores más potentes, vanguardistas y sostenibles del mundo. Para 2025, Bruselas quiere duplicar la producción de semiconductores en Europa y fabricar 10 veces más procesadores eficientes en energía. Eso permitiría, por ejemplo, la rápida adopción de coches conectados y duplicar la tasa de empresas europeas que utilizan servicios avanzados en la nube y big data (desde el 16% actual).

7.- FORMACIÓN DIGITAL. Las ayudas de la UE deberán destinarse también a adaptar los sistemas educativos para que garanticen la formación en conocimientos informáticos en todas las edades. Los esfuerzos deben centrarse en particular en grupos desfavorecidos, mujeres y jóvenes que van a entrar en el mercado laboral. En 2019, todavía el 42% de los europeos no tienen siquiera conocimientos informáticos básicos. Bruselas quiere llegar al 70% de aquí a 2025.

El borrador preliminar del plan de inversión y reformas de Sánchez, con todos estos ingredientes, debería enviarse a Bruselas el próximo 15 de ocubre, junto a los presupuestos para 2021. Sin embargo, la evaluación formal no se completará hasta el primer trimestre del año que viene: es entonces cuando entrará en vigor el fondo de reconstrucción.

El Ejecutivo comunitario recomienda a todos los Gobiernos que entablen lo antes posible "un amplio diálogo político" en la preparación del plan de recuperación. Y que establezcan "sólidos mecanismos de coordinación" entre autoridades locales, regionales y agentes sociales a la hora de ponerlo en marcha. La "responsabilidad nacional" será un "prerrequisito clave" para un "éxito duradero a nivel naciona" y "credibilidad a nivel europeo".

Bruselas espera que el primer tramo de ayudas (un adelanto del 10%, es decir, alrededor de 14.000 millones para España) llegue antes del verano de 2021. Los siguientes tramos (dos al año hasta 2026) ya estarán condicionados a la ejecución de los objetivos fijados en materia de reformas e inversiones. Los desembolsos pueden paralizarse en cualquier momento si la Comisión emite un dictamen negativo o si cualquier Estado miembro activa el "freno de emergencia" por considerar que Sánchez no cumple.