¿Podrá España absorber los 140.000 millones que tiene adjudicados del nuevo fondo europeo anti-Covid? ¿O corre el riesgo de perder las ayudas de la UE por no ser capaz de gastar el dinero a tiempo en proyectos que cuenten con el visto bueno de Bruselas? Si se toma como precedente el nivel de ejecución de los fondos estructurales del periodo 2014-2020, las señales son muy preocupantes: nuestro país es el Estado miembro de la UE que menos dinero ha utilizado del que tiene disponible.

A fecha de 30 de junio de este año, España sólo había gastado el 34% de los fondos estructurales y de inversión europeos de 2014-2020, según los datos de Bruselas. Es decir, un total de 19.250 millones de euros de los 56.291 millones que le corresponden. Un nivel de ejecución especialmente bajo si se tiene en cuenta que han transcurrido casi siete años y 2020 es el final del vigente presupuesto plurianual de la Unión. En el extremo contrario se sitúa Finlandia, que ya ha agotado el 74% de sus fondos.

La absorción de las ayudas del fondo anti-Covid plantea un desafío mucho mayor. Para empezar, por lo que se refiere a las cantidades: 140.000 millones de euros equivalen al 11% del producto interior bruto español del año 2011. Pero además hay que sumar al menos otros 40.000 millones en concepto de fondos estructurales para el periodo 2021-2027 (a falta de que se publique el reparto de algunas partidas como la pesca).

El otro problema es el tiempo. Los 140.000 millones tienen que estar completamente asignados para 2024 y deberán haberse gastado como muy tarde en 2026. De hecho, la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que no incluyan en su plan de inversión y reformas ningún proyecto que vaya a concluir más allá de esa fecha. 

¿Cómo se explica que España sólo haya ejecutado el 34% de los fondos europeos disponibles? El Gobierno ha dado tres argumentos principales al Ejecutivo comunitario. En primer lugar, la aprobación tardía y el inicio con retraso de los programas del periodo 2014-2020, que se solapó con el cierre de los proyectos del periodo anterior entre 2007-2013. Un problema que amenaza con repetirse esta vez, puesto que las normas que regirán el fondo anti-Covid todavía se están negociando entre la Eurocámara y los Gobiernos, y no está claro que estén listas para el 1 de enero de 2021.

Crisis económica e inestabilidad política

La segunda justificación que esgrime España es la crisis económica, que ha dificultado a las comunidades autónomas poner la parte que les toca para cofinanciar los proyectos: no había dinero. Finalmente, el Gobierno se escuda en la inestabilidad política de este periodo, con retrasos en la aprobación de los presupuestos o directamente prórrogas sucesivas de las cuentas. 

El Ministerio de Hacienda asegura que las cifras de la Comisión Europea tienen "bastante decalaje" respecto al estado actual de ejecución, que es en realidad más elevado de lo que reflejan esas cifras. "España tiene unos sistemas de control y auditoría minuciosos para que todo lo que se certifica obtenga finalmente el visto bueno de Bruselas y, hasta que esos controles no se han pasado, no se comunican las certificaciones", explican a EL ESPAÑOL fuentes del departamento de María Jesús Montero. 

En Hacienda hacen valer además la denominada regla n+3, que amplía en tres años el plazo para ejecutar los fondos estructurales una vez concluido el presupuesto plurianual. Es decir, que en el marco 2014-2020, hay de plazo hasta 2023 para gastar las ayudas. "El grado de ejecución que hay previsto al final del periodo es del 99,88%".

"No existe temor a que se pierdan fondos por no haberlos gastado y de hecho nunca ha ocurrido. En los anteriores marcos (2000-2006 y 2007-2013), también se han logrado niveles de ejecución del 99%. España siempre ha utilizado de forma eficiente los fondos europeos y nunca se nos ha tenido que aplicar la regla de descompromiso automático", insisten las fuentes consultadas.

Sin embargo, esta prórroga n+3 no está prevista para el fondo anti-Covid. La parte de los 140.000 millones que España no haya gastado al final de 2026 se perderá.

El Ejecutivo comunitario asegura que está dispuesto a trabajar estrechamente con las autoridades españolas para que puedan aprovechar al máximo las ayudas del fondo anti-Covid. Al mismo tiempo, Bruselas pide a todos los Estados miembros que impulsen las capacidades de absorción a nivel nacional.

Para ello, los Gobiernos deben hacer reformas que garanticen sistemas judiciales independientes y eficientes; unas Administraciones públicas de calidad; marcos sólidos de lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y el fraude; una ejecución eficiente de la contratación pública; una fiscalidad adecuada o una buena legislación en materia de insolvencia. "Todos estos aspectos pueden repercutir en las decisiones de inversión y en la rapidez de todos los agentes para iniciar los proyectos de inversión", señala el Ejecutivo comunitario.