Los cabos sueltos que dejaron los líderes europeos en la histórica cumbre de julio amenazan ahora con hacer descarrilar el fondo de reconstrucción de 750.000 millones de la UE. La "pinza" entre los países frugales (que nunca vieron con buenos ojos este rescate a Italia y España) y Polonia y Hungría (que temen perder dinero europeo al estar expedientados en Bruselas por su deriva autoritaria) bloquea las ayudas de 140.000 millones que espera recibir el Gobierno de Pedro Sánchez. El peligro es que las subvenciones se retrasen más allá de 2021 o incluso que el acuerdo, pendiente de ratificar, acabe saltando por los aires.

El principal escollo ahora es hasta qué punto las ayudas europeas a la reconstrucción post-Covid se podrán congelar o no a los países que pongan en riesgo el Estado de derecho, la independencia del poder judicial y la libertad de prensa. Un problema que los jefes de Estado y de Gobierno no resolvieron en la maratoniana negociación de cinco días en julio -y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, clamó victoria por ello- y que ahora vuelve para atormentarles. 

Aunque los Estados miembros llevan tratando de resolver el sudoku desde el final de las vacaciones del verano, las posiciones siguen igual de alejadas. El calendario se demora una y otra vez. La presidencia alemana de la UE ve ya inevitable un retraso, del que avisa de que tendrá consecuencias para la recuperación económica de Europa en plena segunda ola de la Covid-19.

Lo enconado del debate ha vuelto a ponerse de relieve durante la reunión presencial de ministros de Asuntos Europeos celebrada este martes en Luxemburgo. Allí, los países nórdicos y del Benelux han exigido una condicionalidad estricta y reforzada en materia de Estado de derecho para las ayudas de la UE. Polonia y Hungría han replicado con la amenaza de vetar el fondo de reconstrucción.

España sufre la peor recesión

El Gobierno de Sánchez -al que Fondo Monetario Internacional (FMI) atribuye la peor recesión entre los países desarrollados- pide que se cumplan los plazos y se aceleren las ayudas.

"España, como uno de los países que más ha sufrido el impacto de la pandemia, tiene el máximo interés en que el marco financiero plurianual y el instrumento de próxima generación (el fondo de reconstrucción) sean aprobados cuanto antes y puestos en aplicación cuanto antes", ha reclamado el secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba.

Polonia y Hungría han sido los que se han mostrado más intransigentes durante la discusión. "El denominado mecanismo del Estado de derecho sigue siendo un problema no resuelto. No podemos aceptar un mecanismo que no es jurídicamente sólido, que se salta los Tratados, que socava el equilibrio institucional, que contempla medidas desproporcionadas y que podría utilizarse para ejercer presión política sobre los Estados miembros", sostiene el ministro polaco de Asuntos Europeos, Konrad Szymanski.

El líder del partido gubernamental Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, ha ido un paso más allá y ha esgrimido la amenaza de veto en una entrevista en la prensa polaca. "Los que nunca apoyaron auténticamente la recuperación económica de Europa están ahora utilizando la condicionalidad en materia de Estado de derecho como pretexto para desmantelar el acuerdo", ha dicho la ministra de Justicia húngara, Judit Varga, en referencia, sin citarles, a los frugales. 

"Es importante salir de estas negociaciones con un mecanismo de condicionalidad en materia de Estado de derecho útil y eficaz", le ha replicado el ministro sueco de Asuntos Europeos, Hans Dahlgren, en nombre de los nórdicos. "Debemos establecer un vínculo directo entre la financiación de la UE y el respeto del Estado de derecho", coincide el ministro de Exteriores holandés, Stef Block, en nombre del Benelux.

La Eurocámara, con los frugales

Berlín ha planteado una propuesta de compromiso -con el apoyo de Francia, Italia o España- que limita la capacidad sancionadora a aquellas vulneraciones del Estado de derecho que afecten directamente a la gestión de los fondos europeos. Los nórdicos quieren ampliar el alcance del mecanismo y bloquear las ayudas si Polonia o Hungría ponen en riesgo la independencia judicial. Varsovia y Budapest rechazan cualquier tipo de condicionalidad de este tipo.

Cualquiera de los dos bandos de la pinza -ya sean los frugales, ya sean Polonia y Hungría- pueden todavía vetar el fondo de reconstrucción. La decisión que autoriza a la Comisión Europea a acudir a endeudarse a los mercados para repartir luego el dinero entre los países más golpeados por la pandemia -en particular Italia y España- debe ser aprobada por unanimidad y luego ratificada por los parlamentos nacionales. De momento, los países de la pinza la bloquean. 

La otra pieza que falta en el puzle para ratificar el fondo de reconstrucción es la opinión del Parlamento Europeo. Y en la cuestión del Estado de derecho, la Eurocámara coincide al 100% con la posición que defienden los frugales y el Benelux. La presidencia alemana de la UE y los representantes parlamentarios celebran este miércoles una nueva ronda de diálogo, pero el acuerdo parece todavía muy lejano.

El Parlamento reclama además a los Gobiernos más dinero para 15 programas europeos que consideran prioritarios, entre ellos Erasmus, la protección de fronteras o el refuerzo de la investigación y de la sanidad. Una demanda que rechazan los frugales. Los eurodiputados también quieren una hoja de ruta vinculante para crear nuevos impuestos de la UE cuya recaudación se utilizaría para devolver la deuda del fondo de reconstrucción. Una exigencia que no gusta en general a los Gobiernos.