El Gobierno ha iniciado su cruzada contra las bebidas azucaradas y edulcoradas. El Plan Presupuestario que ha remitido a Bruselas pone negro sobre blanco lo que hasta ahora era un aviso del ministro de Consumo, Alberto Garzón: habrá una subida del IVA de todo este sector que afecta, sobre todo, a los refrescos pero también a las isotónicas o los batidos de cacao.
El documento destaca que el IVA de estos productos pasará de situarse en el 10% a estar en el 21% una vez que el nuevo proyecto de Presupuestos entre en vigor. Eso, suponiendo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez logre sacarlo adelante. El objetivo es recaudar 400 millones entre 2021 y 2022, de los que 340 millones se lograrían durante el año que viene.
De lo que se trata es de "internalizar la externalidad negativa generada por el consumo de dichas bebidas, favoreciendo hábitos más saludables de la población". No sólo eso, aprovecha también para "seguir las recomendaciones de numerosos organismos internacionales que piden a España limitar la aplicación de tipos reducidos de IVA".
Hábitos saludables
Poner en marcha este impuesto estaba en los planes de Garzón desde hace meses con el objetivo de "favorecer hábitos de vida más saludables" entre la población española. Y es que existe preocupación en el Ejecutivo por el aumento de la obesidad entre la población española, especialmente entre los niños.
Para justificar su postura, el Ejecutivo empleaba datos del estudio Aladino 2019, en el que se destacaba que la "obesidad infantil afecta al 23% de las familias con rentas más bajas, mientras que sólo afecta al 11% en aquellas que tienen más recursos".
La idea de gravar los refrescos azucarados no es nueva. Lleva en el ideario de distintos gobiernos desde hace tiempo. El propio Cristóbal Montoro ya lo tuvo encima de la mesa con el que intentaba recaudar cerca de 200 millones. Sin embargo, la oposición de algunos sectores agroalimentarios hizo que diera marcha atrás.
También algunas comunidades autónomas han puesto en marcha tasas de este tipo. Es el caso de Cataluña, que ha visto cómo el Tribunal Superior de Justicia regional lo declaraba nulo, aunque la sentencia todavía no es firme.
¿Cómo funciona?
En el caso de Cataluña, se impusieron 8 céntimos extra por litro para todas aquellas bebidas que contuvieran entre cinco y ocho gramos de azúcar por cada 100 mililitros. Si superaban esa cifra llegaba hasta los 12 céntimos el litro.
¿Cuánto logró recaudar? Pues en el año de su implementación, en 2017, alcanzó los 22,6 millones de euros. En 2018 esa cifra se elevó hasta los 41 millones y, en 2019 se situó en los 34,7 millones de euros. Unas cantidades que incumplieron sistemáticamente las previsiones de la Generalitat, con caídas de hasta el 35% respecto a las previsiones originales.
Se trata de un impuesto que ha sido muy criticado por las asociaciones del sector. De hecho, ya pagan imposiciones de este tipo en otros países como Francia o Reino Unido, incluso en algunas ciudades de Estados Unidos. De hecho, esta presión fiscal es la que ha motivado -en parte- el auge de las nuevas bebidas 'cero' que inundan el mercado.