España es uno de los países que más presión fiscal ejerce sobre las empresas y que más castiga a los patrimonios

El Gobierno todavía no ha aclarado gran parte de la subida de impuestos que planea para 2021, que seguramente incluya retoques en el campo del IRPF y de la fiscalidad que pagan las clases más altas. Sin embargo, el Instituto de Estudios Económico (IEE) ha alertado de que esta medida va contra la recuperación, sobre todo teniendo en cuenta que España es uno de los países con más progresividad tributaria de la Unión Europea.

Según un estudio que ha elaborado este ‘think tank’ de la CEOE, la progresividad del IRPF en España es un 17% superior a la media de la UE. Es decir, que las rentas más bajas pagan menos por este impuestos, y las más altas más.

Por ello, Íñigo Fernández de Mesa, vicepresidente del IEE, ha recomendado que no se aplique una subida sobre el IRPF en rentas altas, puesto que va a contribuir a la fuga de talentos y a que no se puedan a atraer al mercado laboral español. De hecho, en términos generales, ha desaconsejado las subidas tributarias al menos en los impuestos directos.

Empresas

Este argumento, que Fernández de Mesa ha expuesto en una rueda de prensa telemática este lunes, se debe sobre todo a la elevada cantidad de impuestos que las empresas españolas ya pagan actualmente.

Recurriendo al Índice de Competitividad Fiscal (ICF) que prepara la Tax Foundation (que mide la neutralidad y la competitividad de la política impositiva de los países), “la fiscalidad empresarial en España destaca para mal. Nuestro país recibe solo 5 puntos, lo que nos relega al número 28 de los 36 países estudiados”, los correspondientes a la OCDE.

Patrimonios

En este sentido, desde el IEE han recordado que la presión fiscal normativa a las empresas observada en nuestro país supera en un 16% la media de la OCDE.

Sin embargo, las puntuaciones del ICF son todavía peores en el caso de los patrimonios. Califica la normativa fiscal española sobre propiedad y riqueza con 3,8 puntos, la peor puntuación solo ‘superada’ por Italia.

Por ello, desde el IEE insisten en que no se toquen los impuestos, dados que también comprenden que no es el momento de bajar tributos, aunque recuerdan que este es el camino contracíclico que han tomado países como Japón o Bélgica.

En este sentido, Fernández de Mesa ha insistido en que el camino debe pasar por mejorar la eficiencia del gasto público. De esta manera, se podrían mantener los servicios públicos actuales pero reduciendo su coste hasta en un 14%.

De hecho, ha recordado que la presión fiscal en relación al PIB ha aumentado un 6,5% este año, sobre todo por la caída de la economía. Por ello, no ve viable "ni ahora ni en el futuro" subir el IVA a educación y sanidad privada o eliminar deducciones fiscales a los planes de pensiones, porque fomenta el ahorro y España ya es de por sí de los países con menos incentivos a estos productos.

Costes laborales

En cuanto a los costes laborales, Gregorio Izquierdo, director general del IEE, ha explicado que en España las cotizaciones sociales (a cargo de las empresas y de los trabajadores) representan el 11,7% del PIB, por debajo de la media de la UE-27 (13,3%). Tanto a cargo de trabajadores (3,2% del PIB), como de las empresas (8,6%), son mayores que las de la UE (5,9% y 7,4%, respectivamente).

Ante ello, Izquierdo ha pedido impulsar la creación de empleo para ensanchar la base de trabajadores y ha explicado que por cada 10% que bajen los costes laborales (cotizaciones y retenciones de IRPF) se crearía un 4% más de empleo, alrededor de 800.000 puestos de trabajo.

Si España se alcanzase una tasa de desempleo similar a la media de la UE-27 (alrededor del 7%), la creación de aproximadamente 1,9 millones de puestos de trabajo, con un incremento de la cotización cercano a los 14.000 millones de euros y un alza de 1,2 puntos del PIB en la ratio de cotizaciones a la Seguridad Social en porcentaje del PIB, que pasaría del 11,7% al 12,9%.