A pesar de que hace casi 10 meses que el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos se constituyó y que está bregando contra una de las crisis más complejas de la democracia, algunos de sus miembros se siguen comportando como si España siguiera en campaña electoral.

Los enfrentamientos entre ambos bandos por determinadas medidas y poder colgarse la medalla de ciertos "logros" sociales están a la orden del día dentro de la alianza gubernamental. Y más allá de que en las cuestiones más gruesas relacionadas con la pandemia hay acuerdo, las discordancias dentro del Consejo de Ministros están quedando más patentes que nunca, sobre todo por la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. 

La negociación de las cuentas públicas ha vivido varias etapas: en la primera de ellas, Pablo Iglesias se preguntaba en alto cuándo iba a comenzar el trabajo, para tratar de enmendar unas ideas que no le gustaban nada, tras el ninguneo socialista en las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción. Después, María Jesús Montero dio el pistoletazo de salida, y el teléfono de Nacho Álvarez, su brazo económico no sonaba. Así que hubo de sacar a Rafa Mayoral y a Isa Serra en rueda de prensa "a espolear un poquito" a Pedro Sánchez.

La cosa se arregló y, tras un mes de reuniones llegó "el escollo del paquete fiscal", revelan las fuentes consultadas. Y el no constante del equipo económico de Nadia Calviño hizo revivir los peores momentos de la relación entre la vicepresidenta tercera y el segundo. "Muchas veces se exagera su enfrentamiento, como si fuese animadversión personal", explica un colaborador de Iglesias, "pero es solamente ideológica... aunque eso ya es mucho".

De un lado y del otro del Ejecutivo, morados y socialistas, confirman que ella y él tienen "concepciones antagónicas" en casi cada materia. "Pero son dos profesionales, cuando están juntos en algo, no lo esconden porque se lleven mal, y eso les da a ambos más credibilidad".

Un crédito que se gasta, eso sí, cuando se trata de lucir palmito ante las cámaras. Una anécdota lo ejemplifica: desde el mismo día en que salieron juntos en rueda de prensa, en plena pandemia, a presentar las medidas sociales de protección a los sectores más afectados por el parón económico, él las bautizó como "escudo social" y ella, como "red de seguridad". Mantuvieron la pelea dialéctica no sólo la hora y media de rueda de prensa, sino hasta hoy mismo. Y sus equipos de prensa sonríen y encogen los hombros si se les pregunta por ello.

Y si hay un miembro morado del Gobierno con buena prensa y mejor valoración ciudadana es Yolanda Díaz, ministra de Trabajo. Su talante dialogante y la gestión de un mercado laboral enormemente tensionado por la Covid pero que presenta unas cifras "mucho mejores de lo esperado", según fuentes de Presidencia, ha levantado envidias. El equipo de Moncloa la ha escondido en cada una de las "celebraciones" de los seis acuerdos sociales.

Escrivá, "ministro favorito"

Uno de los mejores ejemplos de los enfrentamientos dentro del Ejecutivo es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una medalla que es competencia del departamento que dirige José Luis Escrivá, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero que persigue infatigablemente el vicepresidente Iglesias. Algo paradójico, teniendo en cuenta que hace unos meses desde la Vicepresidencia Social se defendía que Escrivá era uno de los mejores aliados con el que contaban los morados en el Gobierno.

Ahora, desde el lado socialista se susurra que es el nuevo "ministro favorito" del presidente. Y que son sus ideas las que ganan las batallas internas del Ejecutivo.

Cabe recordar que la pretensión de Unidas Podemos no era la de implantar el IMV, sino una suerte de renta básica a escala nacional. Sin embargo, el criterio técnico de Escrivá, que ya planteó esta medida cuando era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), se impuso.

Pero no por ello el vicepresidente iba a cejar en sus empeños. Uno de los intentos fue con el IMV "puente" en plena primera ola de la pandemia. Iglesias anunció a bombo y plantilla que se iba a promover un ingreso mínimo temporal para que la prestación se pusiera en marcha de inmediato. Escrivá desactivó esta intentona -no sin bronca a tres, con el presidente- acelerando la marcha para activar su propuesta (se planteaba para 2021 y se acabó aprobando a finales de mayo).

Los enfrentamientos llegaron después por los retrasos en la tramitación de la prestación. La Seguridad Social se ha visto desbordada por las solicitudes, casi un millón en octubre, de las que solo se ha resuelto poco más de un tercio. Iglesias ha calificado como "inadmisible", varias veces y en público, el resultado del trabajo de Escrivá. Y éste ha reaccionado con cajas destempladas.

Para acelerar los procesos y evitar ciertas disfunciones en la tramitación IMV, se han pactado una serie de medidas entre la parte socialista y la morada del Gobierno. Iglesias las ha vendido como un logro de los suyos para que permitir un acuerdo de Presupuesto en tiempo y hora. 

De hecho, desde su departamento han llegado a afirmar que, una vez se aprueben las enmiendas a la norma que regula el Ingreso Mínimo, podrá haber hogares en los que se cobren varios IMV al mismo tiempo existiendo relación familiar o de pareja, cambiando la naturaleza de la propia prestación. Y ya anuncia que su grupo parlamentario "seguirá buscando mejoras en el proceso de enmiendas".

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Escrivá han negado esta versión de los hechos. La idea es que la prestación pueda cubrir a todos los convivientes de un mismo domicilio también cuando no haya relación entre ellos, que es lo que ahora mismo no estaría recogido. Es decir, que se mantendrían las limitaciones en aquellos casos en los que haya relaciones familiares.

“Sugiero que en cuestiones de detalles sobre el IMV nos escuchen a nosotros, al Ministerio competente, al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones”, declaró hace una semana el ministro. “Hay mucho ruido sobre este tema, mucha información no precisa”, indicó el ministro, que a buen seguro tendrá más encontronazos con Iglesias a cuenta del IMV.

Conflicto por medidas económicas

Las medidas sociales han sido fuente de conflicto entre ambos bandos. Los ministros de Unidas Podemos han reclamado la extensión y reforzamiento del "escudo social", algo a lo que los socialistas han sido más reluctantes, debido al importante impacto económico de algunas de ellas. Iglesias quiere volver a impedir los cortes de suministros y extender a todos los ciudadanos en situación vulnerable la prohibición de su desahucio, ya sea por impago de hipoteca o de alquiler.

Otro de los episodios más recientes ha sido el subsidio para parados de larga duración que se aprobó esta misma semana. Fue objeto de una larga negociación dentro del Ejecutivo y finalmente se cerró en unas cifras más modestas que las esperadas, tanto en montante como en duración: 430 euros mensuales durante tres meses.

Su aprobación no estuvo exenta de polémica. Desde Unidas Podemos se aseguró que la prestación había llegado "por sorpresa" -y sin acuerdo- al Consejo de Ministros, sin haber existido acuerdo en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, órgano que analiza previamente las medidas que se van a tratar en el cónclave ministerial y que está presidida por la vicepresidenta Nadia Calviño.

En cambio, según el bando socialista, el subsidio recibió el visto bueno tanto de este órgano en los mismos términos en los que fue aprobado posteriormente. De hecho, según ha podido saber este diario, contaba con el visto bueno de Calviño. Es decir, que la responsable económica no habría bloqueado la ayuda.