Las recientes recomendaciones del Pacto de Toledo en materia de pensiones han conseguido unir al arco parlamentario gracias a que mantienen el poder adquisitivo de los pensionistas. Sin embargo, para financiar ese gasto no será suficiente con aplicar las dos propuestas más importantes de ese acuerdo. Se necesitará recaudar más y trasladar esa presión a los contribuyentes y cotizantes más jóvenes.

Esta es una de las principales conclusiones a las que han llegado los economistas Enrique Devesa y Rafael Doménech en un reciente artículo difundido por BBVA Research. 

De las cifras expuestas por los dos expertos se desprende que el déficit por cotizante de este acuerdo partirá de unos 980 euros de media al año en 2019 y si nada cambia, se acercaría a los 3.500 euros anuales en el año 2045, es decir, dentro de 25 años.

Para tratar de controlar el déficit que genera el pago de las pensiones actuales, el Pacto de Toledo ha decidido recomendar que se trasladen los gastos impropios del sistema de pensiones al Estado y acercar la edad efectiva de jubilación a la real, entre otras medidas. Pero esto no es suficiente para equilibrar el sistema.

Dentro del primer punto, en el Libro Amarillo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) se recogen 4.564 millones de euros de aportación del Estado para financiar las reducciones en la cotización a la Seguridad Social y para las prestaciones contributivas de nacimiento y cuidado de menores. A esa cantidad, se suman otros 9.365 millones de euros para financiar "otros conceptos".

Estas cantidades dejarán de ser financiadas por el sistema de pensiones y pasarán a ser asumidas por el Estado, es decir, por el contribuyente. Pero ni siquiera esto es suficiente para equilibrar el sistema.

Según advierten Doménech y Devesa, la suma de esos tres costes que va a asumir el Estado vía PGE representan el 1,1% del PIB que se prevé en 2021. En 2019, antes de la Covid-19, el sistema de pensiones cerró con un déficit equivalente al 1,5% del PIB.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que ese dinero sigue saliendo del bolsillo de los contribuyentes.

Devesa y Doménech van más allá y añaden a ese dato el cálculo las previsiones de la AIReF, que espera un incremento del gasto en pensiones de 4,2 puntos del PIB si no se pone en marcha el polémico Factor de Sostenibilidad que se aprobó en la primera legislatura del Gobierno de Mariano Rajoy.

Dado que el Pacto de Toledo ha dado la espalda a mantener entre sus recomendaciones ese factor de sostenibilidad, el déficit del sistema en 2025 alcanzaría el 5,7% con independencia de que una parte la asuman los Presupuestos Generales del Estado.

Se trata de un agujero de 65.972 millones de euros que dividido entre los 19.024.465 cotizantes con los que cerró 2019 (por buscar una cifra previa a la pandemia) arrojan un coste medio por cotizante de 3.468 euros anuales. 

Así, para sostener el poder adquisitivo de los pensionistas, los contribuyentes tendrán que ir asumiendo ese coste en forma de cotizaciones más altas o nuevos impuestos, como subidas en el IRPF o en el IVA.

"Se puede aceptar la restricción política por la que se mantiene el poder adquisitivo de los pensionistas actuales. Pero gradualmente es necesario que el sistema entre en equilibrio y para ello es necesario ir bajando la tasa de sustitución hasta un nivel adecuado", explica a este periódico el responsable de análisis económico de BBVA Research, Rafael Doménech.

Para entender el déficit que padece el sistema de pensiones, es preciso recordar que en España, los pensionistas reciben más de lo que aportan al sistema. En concreto, cada pensión entra al sistema con un déficit actuarial de entre el 40 y el 70% en valor presente.

"Hasta ahora, la financiación de las pensiones era parecida a un juego piramidal. Era posible mantenerla porque entraban más cotizantes en el sistema por cada pensionista que se jubilaba. Pero con las proyecciones demográficas actuales esa proporción ya no se va a poder sostener", añade Doménech.

Mayor desigualdad

En una primera lectura, teniendo en cuenta que la recaudación es progresiva puede pensarse que los trabajadores con mayor poder adquisitivo -que suelen ser los más formados- asumirán una mayor parte del coste.

Sin embargo, este capital humano es el que más fácil tiene moverse a otros países. Por tanto, si las cargas de sostener el sistema resultan excesivas y tienen como resultado una fuga de talento, el coste de sostener el sistema podría acabar sobre los hombros de los trabajadores menos preparados. Estos ciudadanos son los que suelen ser los que tienen una situación más precaria dentro del mercado laboral.

Sin romper el actual contrato social y garantizando el poder adquisitivo de quienes ya se han jubilado, son muchos los economistas y organismos que consideran necesario aplicar medidas que contengan el gasto en pensiones en el futuro, reduciendo el retorno que ofrece el sistema actual. No así los políticos, que temen ir contra un colectivo de votantes que cada vez es más grande.

Lo preocupante es que la clave para que estas medidas no acaben restando votos a los partidos es ser poco transparentes con el coste que tiene esta decisión política sobre los trabajadores. En especial, porque parece evidente que los cotizantes de hoy no podrán disfrutar de las mismas ventajas en el mañana, ya que la Comisión Europea va a ir presionando a España para que equipare sus pensiones a las de otros países en los que la tasa de sustitución es inferior.