Los próximos meses podrían traer novedades en el campo tributario, más allá de las subidas y las bajadas de impuestos que traerán los nuevos Presupuestos. Según ha podido saber Invertia, Unidas Podemos propondrá que las inspecciones domiciliarias por sorpresa a personas físicas y empresas realizadas por Hacienda con autorización judicial sean totalmente legales.

Esta iniciativa, que los morados plantearán en el Congreso de los Diputados, no es casualidad. Hace dos semanas, el director de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, lanzó una petición de auxilio en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo considera que las inspecciones por sorpresa de miembros de la AEAT en los domicilios constitucionalmente protegidos de personas físicas y empresas van contra la ley, a pesar de haber sido permitidas por un tribunal.

Cambios normativos

Gascón alertó de la pobre efectividad que van a tener las inspecciones tributarias en los domicilios si, previamente, se avisa a los posibles infractores de las mismas, lo cual les permitiría ocultar posibles pruebas. En este sentido, alertó de que sería necesario tomar medidas al respecto. 

El grupo parlamentario de Unidas Podemos ha decidido atender esta petición para establecer las necesarias garantías legislativas y que las inspecciones sorpresa del fisco, siempre con autorización judicial previa, se realicen dentro de la legalidad. 

El vehículo para hacerlo será el proyecto legislativo de medidas contra el fraude fiscal que aprobó hace unas semanas el Consejo de Ministros y cuya tramitación parlamentaria está comenzando. La intención de los morados es que la ‘legalización’ de las inspecciones sorpresa se introduzca en él a través de las enmiendas.

La formación morada ya ha trasladado esta propuesta al Grupo Socialista, aunque esto solo se ha producido a nivel parlamentario, no dentro del Gobierno de coalición que forman PSOE y Unidas Podemos.

“Las nuevas medidas antifraude aprietan por donde tienen que apretar, en las grandes fortunas, pero también es el momento para incorporar la inspección domiciliaria con todas las garantías legales, como se hace ya para otro tipo de registros”, indican desde Unidas Podemos.

Abuso

En cambio, los expertos alertan contra el abuso de las inspecciones domiciliarias. “El fin no justifica los medios”, avisa Javier Gómez Taboada, vocal responsable de Estudios e Investigación de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). “La autorización judicial no puede ser un acto de fe de unos argumentos pobres de la AEAT”.

Desde esta asociación recuerdan además que “hay un déficit muy grande en la entrada domiciliaria de la Agencia: no tiene un fedatario público e independiente que levante acta de lo que está pasando”. Es decir, un representante del Poder Judicial que dé fe de que un inspector no está vulnerando determinados derechos de los inspeccionados, como el de la intimidad.

De hecho, entre los asesores fiscales no han gustado las propuestas contra el fraude fiscal que aprobó el Consejo de Ministros. En este sentido, alertan de la importante inseguridad jurídica que generan estas medidas en el campo fiscal, para las que han presentado diversas enmiendas.

Una de ellas la ampliación de tres a seis meses del plazo con el que contará la Agencia Tributaria para iniciar un proceso sancionador contra un actor fiscal. Eduardo Gracia, vicesecretario de la asociación, alerta de que esta ampliación “ni es adecuada, ni un buen paso para recomponer la seguridad jurídica”.