Como adelantó Invertia, el Consejo de Ministros acaba de aprobar un nuevo paquete de medidas con el que quiere mejorar la liquidez y aligerar los problemas pagos que está sufriendo la empresa española. 

La vicepresidenta Nadia Calviño ha presentado este paquete en la rueda de prensa posterior al cónclave ministerial. Un conjunto de medidas que se ha tramitado a través de un real decreto-ley (RDL) y que, en términos generales, se basa en prorrogar varias de las medidas que el Gobierno ya tiene en marcha. 

Entre ellas se encuentra la ampliación de las medidas relacionadas con la materia concursal. El Gobierno ha decidido alargar hasta febrero y marzo de 2021 la protección para empresas en situación de insolvencia, que caducaba el 31 de diciembre. 

Así, los acreedores no podrán instar a concurso por incumplimiento de convenios o de refinanciaciones hasta que llegue el mes de febrero. Por otro lado, los jueces no tendrán obligación de declararlo, ni tampoco las propias empresas insolventes, hasta pasado el 14 de marzo.

"Estamos hablando de evitar que, por razones puramente transitorias y excepcionales, algunas empresas incursas en las causas que normalmente desencadenan automáticamente la declaración de concurso lo hagan, porque eso puede poner en riesgo la solvencia del conjunto de la economía", ha explicado Calviño.

Revisión

Dicho esto, Calviño ha subrayado que comparte "al cien por cien" las recomendaciones del Banco de España de abordar una revisión del marco concursal a medio plazo. De hecho, ha precisado que su Ministerio está trabajando ya desde hace tiempo con el Ministerio de Justicia para modernizar el marco concursal.

Además, la vicepresidenta ha recordado que la ampliación de la moratoria concursal no impide que cualquier empresa que considere necesario o conveniente presentar concurso pueda hacerlo.

El real decreto-ley también incluye varias medidas para amortiguar las devoluciones de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) durante la pandemia de Covid-19 y que tenían como destino, principalmente, pymes y autónomos, aunque también grandes empresas recurrieron a ellos. 

Vencimiento

El plazo de vencimiento de estos créditos se amplía en tres años, pasando de cinco a ocho años. Eso sí, si el deudor no lo desea, no tiene por qué ampliar su periodo de devolución.

Por otro lado, como ya había adelantado la propia Calviño, las líneas de avales ya activadas por el ICO se amplían hasta el 30 de junio de 2021. De hecho, al periodo de carencia de los préstamos avalados se suman 12 meses adicionales, llegando a un máximo de 24 meses. 

Este conjunto de medidas beneficiará a 550.000 empresas que ya se están beneficiando del programa de préstamos, ha explicado la vicepresidenta Calviño.

Ha añadido que las entidades bancarias que cierren los préstamos del ICO no podrán aplicar tipos de interés diferentes o forzar a obligaciones como la contratación de productos propios a las empresas o autónomos interesados.  

Créditos

Junto a Calviño ha comparecido María Jesús Montero, ministra portavoz. La también responsable de Hacienda ha informado además de que el Consejo de Ministros ha aprobado dos créditos extraordinarios paliar las cuentas de órganos determinantes en la gestión de la pandemia. 

Por un lado, un crédito suplementario por valor de 6.000 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social ante el gasto que han supuesto las medidas de "alivio" y protección de rentas derivadas de la pandemia.

Por el otro, un crédito extraordinario de 2.300 millones de euros para el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Servirá para afrontar el mayor gasto en prestaciones contributivas y subsidios derivados de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y de otras ayudas puestas en marcha, como la de las empleadas de hogar.