Ni la virulencia de la segunda ola del coronavirus ni las súplicas de países como España han sido suficientes para convencerles. Hungría y Polonia resisten a la presión de la canciller Angela Merkel y se atrincheran en su veto al fondo anti-Covid de 750.000 millones de euros y al presupuesto plurianual de la UE. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki, han celebrado este jueves una reunión presencial en Budapest para reforzar su alianza y escenificar su pulso al resto de socios europeos.

El objetivo que comparten Orbán y Morawiecki es cargarse el nuevo reglamento que permitirá congelar las ayudas europeas a los países que pongan en riesgo el Estado de derecho, es decir, la independencia judicial, la libertad de prensa o el trabajo de ONGs. Los dos países están ya sujetos a un procedimiento sancionador en la UE por su deriva autoritaria y se consideran directamente amenazados por este mecanismo de condicionalidad.

"Hemos decidido alinear nuestras posiciones sobre estos temas. Ni Polonia ni Hungría aceptarán ninguna propuesta que el otro considere inaceptable", aseguran Orbán y Morawiecki en una declaración conjunta suscrita al término del encuentro. También el primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa, ha mostrado su simpatía con ellos, pero no ha ejercido formalmente el veto.

Retraso de los fondos

El enroque de Varsovia y Budapest resulta especialmente preocupante para España, ya que amenaza con retrasar -o incluso impedir definitivamente- la llegada de fondos europeos para amortiguar el impacto económico de la pandemia. El Gobierno de Pedro Sánchez espera recibir 140.000 millones de euros y ya ha presuestado 27.000 millones en los Presupuestos de 2021, que podrían no llegar a tiempo.

En su declaración conjunta, Polonia y Hungría reiteran que el nuevo mecanismo de condicionalidad "no reforzará sin que socavará el Estado de derecho dentro de la Unión al degradarlo a instrumento político". El reglamento, prosiguen, "se salta el Tratado, aplica definiciones vagas y términos ambiguos y no contiene criterios claros en los que se pueden basar las sanciones ni garantías procedimientales significativas".

El nuevo mecanismo es un intento por parte de Bruselas de imponerles posiciones ideológicas que no comparten en cuestiones como la inmigración, las cuestiones de género o la soberanía nacional, según ha dicho Orbán en una rueda de prensa con Morawiecki. Los dos países rechazan acoger refugiados, hacen bandera de su conservadurismo moral y se autodefinen como "democracias iliberales".

¿Habrá concesiones?

"Seguimos dispuestos a contribuir a una solución a la situación actual", aseguran los dos mandatarios en la declaración conjunta. Una solución que a su juicio "requiere una modificación sustancial del mecanismo propuesto actualmente".

El problema es que la mayoría de Gobiernos de la UE y sobre todo la Eurocámara han dejado muy claro que no van a hacer más concesiones a Budapest y Varsovia. En la videocumbre celebrada el pasado jueves, la canciller Merkel, que actúa de presidenta de turno de la UE, admitió que el actual veto es un problema grave y se comprometió a trabajar para superarlo, pero no dijo cómo.

Tampoco han prosperado las ideas para firmar un nuevo acuerdo a Veinticinco, excluyendo a Polonia y Hungría. Todo apunta a que habrá que esperar a la próxima cumbre de líderes europeos, programada para el 10 y el 11 de diciembre, para ver si es posible desbloquear a tiempo el fondo anti-Covid y el presupuesto plurianual de la UE.