El Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) quieren acabar con el “paraíso fiscal de Madrid”. Una exigencia de la formación catalana para aprobar los Presupuestos que gusta en el seno del Ejecutivo de Pedro Sánchez, quien ve positivo “armonizar” los impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas. Sobre todo en lo que se refiere al impuesto de Sucesiones y al de Patrimonio. 

Ahora bien, la intención es aprovechar para revisar también el Impuesto de Donaciones, así como el de Transmisiones Patrimoniales y el IRPF. En total, dicen en la Comunidad de Madrid, una subida impositiva que podría rondar los 2.000 euros por contribuyente en la región. 

Una vez más, se sitúa la fiscalidad de Madrid en el centro, pues desde determinadas autonomías se considera que existe dumping fiscal, como dijo en su momento la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sin embargo, el economista Ángel de la Fuente niega la mayor. A su juicio, “Madrid ejerce su autonomía para bajar impuestos, una opción que es tan legítima como la contraria, la de subirlos”. 

Por hacerse una idea, con datos de la Comunidad de Madrid, los madrileños se han ahorrado en impuestos unos 48.300 millones de euros con las rebajas impositivas aplicadas desde el año 2004. Solo en 2019, 4.571 millones de euros. Un año en el que aplicó nuevas deducciones en Donaciones y Sucesiones, lo que le permitió recaudar 97 millones más que el año anterior. 

El columnista de Invertia, Daniel Lacalle, recuerda que “Madrid tiene una presión fiscal del 36,5%, dos puntos por debajo de la media”. Y no solo eso. Insiste en que “es una autonomía que no cuenta con ningún privilegio fiscal ni tiene particularidades específicas como sí ocurre con País Vasco y Navarra”. Es decir, que todas las rebajas de impuestos que aplica son las mismas que pueden hacer otras Autonomías a través del Sistema de Financiación de Régimen Común. 

El impuesto de Patrimonio es el principal caballo de batalla. Las estimaciones de ERC hablan de que su armonización puede suponer un aumento de recaudación de 1.000 millones de euros. Es decir, sería prácticamente recuperar todo lo que deja de ingresar Madrid por la bonificación del impuesto, ya que está exento al 100%. 

La Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso sería la principal perjudicada, aunque también (pero en menor medida) La Rioja, donde la bonificación es del 75%, y Álava y Guipúzcoa, en donde existe una exención completa del impuesto. 

Otras CCAA

En otras también ha habido algunos cambios respecto a la normativa nacional, aunque generalmente para endurecerlo. Por ejemplo, mientras que el mínimo exento estatal está en los 700.000 euros, en otras como Aragón se ha rebajado a los 400.000; en Cataluña y Extremadura, a 500.000, y en Valencia a los 600.000. 

Eso por no hablar de los tipos que se aplican en las Autonomías donde no está bonificado. Si los estatales están entre el 0,2% y el 2,5%, los cambios regionales los elevan hasta el 3,75% que se paga en Extremadura. Esto es lo que hace, además, que muchos inversores extranjeros se planteen no venir a España. El abonar (en el caso de Extremadura) un 3,75% por el patrimonio supera ampliamente la rentabilidad media que se puede obtener de las inversiones en este momento.

Un impuesto, el de Patrimonio, que está prácticamente en desuso en buena parte de la Unión Europea. En estos momentos, España es el único país que lo mantiene, ya que en Noruega, Suiza y Holanda cumple una función de sustitución frente a otro tributo. 

Aunque el impuesto de Patrimonio es al que todos miran como el gran perjudicado de la armonización, existe también la sensación de que los impuestos de Donaciones y Sucesiones también se van a ver afectados. Sobre todo porque ERC ha incluido una enmienda en los Presupuestos con la que pretende aumentar las participaciones mínimas exigidas por socio en la empresa familiar para beneficiarse de las exenciones en Patrimonio y en el de Sucesiones y Donaciones por fallecimiento. 

El texto de la enmienda destaca que la participación social mínima por contribuyente debe pasar del 5% actual al 20% del capital de la sociedad. Y para que las participaciones de los núcleos familiares queden exentas, tendrán que tener el 40% de las acciones frente al 20% que marca ahora la ley. 

Todo un rejón fiscal a las empresas familiares, que ya han puesto el grito en el cielo, pues pondrá en graves dificultades la sucesión entre generaciones de los negocios. Pero, por si fuera poco, la idea de ERC en este impuesto va un paso más allá. No se trata de “armonizar”. Se trata de generar dos impuestos en paralelo, de modo que haya uno estatal y otro que quede en manos de las Comunidades Autónomas. 

Máxime porque en el caso de Sucesiones y Donaciones prácticamente todas las Autonomías aplican algún tipo de bonificación o exención en uno o en los dos impuestos. Una figura que prácticamente está en desuso en la UE. 

Por poner un ejemplo. Una persona soltera, menor de 30 años, que hereda de su madre por importe de 800.000 euros, en Andalucía, Cantabria y Galicia no paga nada, mientras que en Asturias pagaría 103.135 euros. 

Si fuera el caso del impuesto de Donaciones, en Cantabria estaría exento; en Madrid y Murcia, pagaría poco más de 2.000, y en Castilla y León y Extremadura, más de 200.000 euros. 

La partida acaba de comenzar, pero desde la Comunidad de Madrid insisten en que los planes del Ejecutivo harían que los contribuyentes madrileños tuvieran que pagar 5.900 millones de euros más al año. Eso porque también habrá cambios en la parte de IRPF que pueden regular las Comunidades Autónomas, y en donde Madrid tiene previsto recaudar más de 12.400 millones de euros, la región que más recauda. 

Es cierto que la capital es la región donde, en términos de IRPF, el impuesto es más bajo para las rentas más bajas (9%), seguida de Castilla y León (10%). ¿Dónde pagan más? En el País Vasco (28%) y Navarra (25%), autonomías donde van subiendo los tipos hasta alcanzar el 47% y el 49% para las rentas más elevadas. Sin embargo, en el resto de Comunidades el tipo más alto lo tienen Canarias, Baleares y Cantabria, con el 25%. 

Ahora bien, la armonización fiscal que propone el Gobierno no solo afectaría a los madrileños. También lo haría al resto de los ciudadanos, ya que una armonización con un tipo mínimo a partir del que las regiones tengan capacidad de maniobra hará que se conviertan en máquinas de subir dinero. 

Esa situación no tendría ninguna lógica porque, “si tenemos CCAA habrá que dejarlas que hagan cosas diferentes. Si no, ¿para qué las queremos?”, se pregunta el economista de FEDEA.

Ahora bien, sí que se muestra partidario de la armonización de las bases de los tributos cedidos y de discutir con cuidado qué habría que hacer en el caso de los impuestos con las bases tributarias más móviles, como es el caso de Sucesiones. 

¿Cómo debería hacerse esa armonización, en su caso? Para de la Fuente habría dos posibilidades: un mínimo estándar para todo el mundo (que seguramente no es la solución ideal) o la aplicación de desincentivos a rebajar los tipos impositivos de estos impuestos a través de un mejor cálculo de su recaudación normativa. 

De hecho, ahora mismo esos desincentivos ya se aplican con el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, una especie de fondo de ayuda para las Comunidades que no llegan con su recaudación. Se calcula en base a lo que debería haber recaudado sin las bonificaciones, y el resultante entre lo uno y lo otro se entrega al Estado.

Madrid tiene previsto ingresar este ejercicio algo más de 4.337 millones de euros, 44 millones más que un año antes y la cifra más elevada que jamás ha ingresado. Sin embargo, parece rentable hacerlo porque sigue incrementando la recaudación. 

Tal como se puede comprobar en el recuadro superior, Cataluña es la Autonomía que más dinero recauda a través de los impuestos que tiene cedidos con algo más de 3.424 millones de euros seguida de Madrid con 2.164 millones. Datos del ejercicio 2019, último disponible, y que demuestran cómo la Generalitat logró ingrementar su recaudación en un 6,6% mientras que Madrid (con sus rebajas fiscales y la exención de patrimonio) logró ingresar un 7,7% más respecto al 2018. 

Si se tuvieran en cuenta los cerca de mil millones de euros que Madrid deja de ingresar por la bonificación del Impuesto de Patrimonio, la recaudación estaría casi a la par. Eso sin tener en cuenta que, en materia ingresos propios, Cataluña es la reina del país.   

Habrá que ver el resultado de la negociación, pero parece claro que una subida de impuestos en Madrid acabará repercutiendo también al resto de Autonomías.