El Consejo General de Economistas (CGE) estima que el PIB podría caer por debajo del 3% en el cuarto trimestre del año, por lo que mantiene que el PIB se contraerá este año un 12,2% como consecuencia de la crisis del Covid-19.
Este informe rebaja además su previsión de crecimiento al 5,5% en 2021, 1,3 puntos menos que en septiembre por la incertidumbre respecto a la continuidad de "muchas empresas y empleos".
Así se desprende del último Observatorio Financiero elaborado y publicado este lunes por el CGE, que destaca que, al igual que ha ocurrido en las principales economías del mundo, el crecimiento "con fuerza" del PIB del 16,7% en el tercer trimestre en España "no ha sido suficiente para compensar las caídas de los trimestres anteriores".
Los economistas explican que en este trimestre, la segunda ola de la pandemia, con el aumento del número de contagios y las restricciones impuestas, está teniendo un efecto negativo en el turismo, la hostelería, la restauración y las actividades artísticas, por lo que estima que el PIB podría decrecer con respecto al trimestre anterior, aunque con una caída inferior al 3%.
En cualquier caso, mantienen la previsión de contracción del PIB en tasa interanual del 12,2% a final de año, mientras que para 2021 se revisa a la baja la previsión de crecimiento realizada en septiembre, desde el 7,2% al 5,5%.
Se mantiene el paro
Esta reducción está motivada fundamentalmente por la incertidumbre existente en la continuidad de muchas empresas y de los empleos, una vez finalice la prórroga de los ERTE, así como la moratoria en la solicitud de concurso de acreedores de las empresas, que pudiera dar lugar a paro de larga duración y a insolvencia de empresas, con el consiguiente riesgo financiero.
La estimación de un crecimiento del 5,5% el próximo año de los economistas es 3,3 puntos porcentuales al 9,8%, incluyendo los fondos europeos, previsto por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), una previsión que los economistas ven "difícil" de cumplir por la incertidumbre sanitaria, social y económica.
En este sentido, el CGE mantiene la estimación de que la tasa de paro se sitúe en torno al 18% para este año, por encima del 17,1% estimado por el Gobierno, al tiempo que apunta que "probablemente" en 2021 una "gran parte" de los ERTE se conviertan en despidos definitivos, en muchos casos para trabajadores sin cualificación y con pocas posibilidades de recolocación y, por tanto, esto afecte a su capacidad adquisitiva, lo que "lógicamente afectará al consumo".
Esta incertidumbre, según los economistas, está provocando que la tasa de ahorro de los hogares sobre la renta disponible bruta trimestral, corregida de efectos estacionales y de calendario, se haya situado en el 22,5% en el segundo trimestre, 12,3 puntos superior a la del trimestre anterior.
Desde el CGE estiman que para final de año la tasa interanual se modere, situándose en torno al 18%, y que, en la medida en que la incertidumbre sanitaria se vea reducida por la vacuna, se incremente el consumo privado en 2021 hasta llegar a una tasa de ahorro en torno al 8% o 10%.
Déficit del 12%
El Observatorio también señala que el incremento del gasto público y el desplome de la recaudación llevará a un déficit público de entre el 12% y el 15% y a una deuda pública en torno al 120%-125% este año.
Según los economistas, el efecto de los fondos europeos en la economía española puede "no ser suficiente" para evitar los cierres de pequeñas y medianas empresas, dado que, para acceder a estos fondos, los proyectos deben estar alineados con las prioridades definidas por la Unión Europea: digitalización, economía verde, competitividad industrial, aspectos estos generalmente en manos de grandes empresas.
Por ello, consideran que sería necesario que los fondos europeos se destinaran a realizar las reformas necesarias que permitan corregir las deficiencias de la economía y elevar la productividad, de forma que vayan ligadas a la modernización de la economía.
En ese sentido, dado que el 95% del tejido empresarial en España está formado por pymes, el CGE ve "fundamental" su reestructuración, potenciando la tecnología y la digitalización para mantenerse en el mercado.
Por otra parte, avisa de que la propuesta de limitación de los precios de los alquileres puede provocar el efecto contrario en el mercado inmobiliario, creando "inseguridad jurídica y desincentivando la inversión en este sector".
Por ello, los economistas abogan por otro tipo de medidas, como pueden ser las ayudas al alquiler o la construcción y compra de edificios para destinar a vivienda en alquiler social y/o precio limitado con algún tipo de subsidio público, que permita la colaboración público-privada para la construcción de un parque de vivienda asequible.