Es la última pieza que faltaba para poner en marcha el fondo anti-Covid de 750.000 millones de euros que la UE ha diseñado para salir al rescate de España e Italia, los países donde la pandemia ha tenido un mayor impacto económico. Tras semanas de arduas negociaciones, la presidencia alemana y los negociadores de la Eurocámara han alcanzado este viernes un acuerdo final sobre la ley que fija las condiciones que deberán cumplir Madrid, Roma y el resto de capitales para acceder a las ayudas a la reconstrucción.

El reglamento recoge los elementos fundamentales del acuerdo alcanzado en julio por los líderes europeos. En particular, el 'freno de emergecia', exigido por el primer ministro holandés, Mark Rutte, que en la práctica le da derecho de veto para congelar las ayudas a los países incumplidores. 

La norma establece que los Estados miembros que soliciten asistencia de la Unión deberán enviar a Bruselas un plan de inversión y reformas hasta 2026, incluyendo objetivos cifrados, costes estimados y calendarios. El plan tiene que tomar como punto de referencia las recomendaciones económicas de la UE, que en el caso de España incluyen por ejemplo la reforma laboral y de las pensiones. El Gobierno de Pedro Sánchez aspira a recibir 140.000 millones de euros.

Sánchez ya envió a Bruselas una primera versión de su plan el pasado octubre, pero el borrador se concentra únicamente en las inversiones y no habla de las reformas. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha explicado que ya se ha empezado a negociar con la Comisión la reforma de las pensiones, mientras que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estuvo este jueves en la capital comunitaria para hablar de la reforma laboral. Calviño espera presentar la versión final en enero.

El reglamento obliga a los Estados miembros a dedicar un mínimo del 37% del gasto a inversiones y reformas relacionadas con la lucha contra el cambio climático, mientras que al menos el 20% de los fondos tendrán que ir a impulsar la transición digital. Son las dos grandes prioridades de la Comisión de Ursula von der Leyen. 

Anticipo del 13%

Los planes serán evaluados por el Ejecutivo comunitario en un plazo de dos meses, y después tienen que ser aprobados por los Gobiernos de los Veinsiete. Una vez obtengan luz verde, Bruselas desembolsará un anticipo del 13% del importe total que corresponda a cada país. Este es uno de los logros de la Eurocámara en la negociación, puesto que en el texto original era del 10%. España recibiría 8.320 millones si sólo pide los préstamos y 18.200 millones si solicita la cantidad total preadjudicada.

El resto del dinero se desembolsará en tramos, cuyo pago estará condicionado al cumplimiento de los objetivos y las reformas comprometidas. La vicepresidenta Calviño se quejó de que los plazos de decisión son muy largos, pero tampoco logró acortarlos. Para cada tramo de la ayuda, la Comisión dispondrá de un plazo de dos meses a la hora de verificar si el país en cuestión ha cumplido los objetivos exigidos.

A ello hay que sumar otras cuatro semanas de trámite en el Comité Económico y Financiero (el órgano donde están representados los 27 Gobiernos), que también debe dar su opinión. En esta fase es en la que se puede activar además el 'freno de emergencia'.

El reglamento prevé también congelar las ayudas europeas a los países que incumplan los objetivos de déficit y ajuste presupuestario. El Pacto de Estabilidad seguirá suspendido durante todo 2021 pero podría reactivarse ya en 2022 y poner en riesgo las ayudas para España. En la negociación final, la Eurocámara ha conseguido limitar la cantidad de fondos que pueden suspenderse, estableciendo un máximo del 0,25% del PIB (alrededor de 3.100 millones de euros en el caso de España).

Finalmente, la norma dice que Bruselas tendrá que crear una base de datos única de los beneficiarios finales de las ayudas comunitarias, accesible para las autoridades de lucha contra el fraude de la UE.