El proyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal puede acabar siendo el vehículo de sorprendentes reformas tributarias. Según ha podido saber Invertia, Unidas Podemos está negociando con el Grupo Socialista y el Ministerio de Hacienda que esta iniciativa legislativa imponga un tipo mínimo del impuesto de Patrimonio en todas las comunidades autónomas, incluida Madrid.
La región que preside Isabel Díaz Ayuso es la única en la que no se cobra el citado tributo, que es de 'manejo' autonómico y que la Comunidad tiene bonificado al 100%. Es decir, suprimido en la práctica.
Dentro de los objetivos del Gobierno de coalición está, precisamente, acabar con esta situación armonizando los tributos autonómicos y generando un tipo mínimo para todas estas figuras fiscales. La medida, que afectaría a otros impuestos como los de Sucesiones y Donaciones, se aplicaría a través de la reforma de la financiación autonómica que planea el Ejecutivo.
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de los planes de digitalización de Pymes, Administraciones públicas y Competencias Nacionales, en La Moncloa.
Sin embargo, la intención de Unidas Podemos es acelerar esta medida en el Congreso, al menos en lo que se refiere al impuesto de patrimonio. Desde la formación morada admiten que están explorando "el espacio que tenemos en esta ley" (el proyecto de medidas contra el fraude fiscal) "para avanzar".
Fuentes cercanas a la negociación indican que la propia Abogacía del Estado y los técnicos de Hacienda están analizando si el proyecto de ley contra el fraude fiscal es el vehículo legislativo adecuado para llevar a cabo este cambio.
ERC
De hecho, cabe recordar que ERC ya ha registrado una enmienda al proyecto en esta dirección en este proyecto legislativo. Concretamente, los de Gabriel Rufián proponen la creación de una cuota estatal de esta figura fiscal cuyo rendimiento supone un ingreso del Estado no cedido a las comunidades y en el que no podrán aplicarse normas autonómicas.
Los republicanos catalanes que ya presentaron esta enmienda para incorporarla al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, pero no salió adelante.
El foco de esta medida está puesto en Madrid, que ha sido acusada en varias ocasiones de hacer 'dumping' fiscal tanto por el Gobierno central como por varias autonomías.
En este sentido, tanto Díaz Ayuso como su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, han alertado de que llegarán a los tribunales si les son impuestas medidas que limiten sus rebajas fiscles. De hecho, en una carta dirigida a la ministra Maria Jesús Montero precisan que llevarán esta cuestión, si es necesario, al Constitucional.
Otras medidas
Más allá de que finalmente se emplee para 'imponer' el impuesto de Patrimonio en todas las regiones, el Gobierno ya ha puesto sobre la mesa utilizar, mediante las correspondientes enmiendas, el proyecto de ley contra el fraude para aplicar otras medidas fiscales.
Entre ellas, dar sustento legal a las visitas 'sorpresa' de los inspectores de Hacienda a domicilios de personas físicas y empresas con autorización judicial, que habían sido puestas en duda por el Tribunal Supremo.
También servirá para aplicar parte del contenido del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos cuando pactaron su coalición. Concretamente, la subida fiscal a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (socimi).
Las enmiedas al proyecto contemplan una tributación al 15% de sus beneficios no distribuidos y que procedan de rentas que no se hayan tributado al tipo general del Impuesto de Sociedades.