El Ministerio de Asuntos Económicos acaba de publicar este viernes la consulta pública sobre medidas para "favorecer la creación de empresas y su crecimiento". Un documento en el que el Gobierno propone agilizar los trámites para la creación de compañías y fomentar un ecosistema que dinamice la inversión en las compañías en etapas tempranas de desarrollo.
Entre las medidas que se somenten a discusión, el ministerio de Nadia Calviño propone eliminar el límite de 3.000 euros para la creación de una sociedad y reducirlo a un valor simbólico de un euro.
Del mismo modo, se compromete a reducir los trámites de constitución de una empresa a solo diez días y que pueda hacerse solo de manera digital. La presentación de documentación y todo lo referido con la administración también se habilitará para que se realice de manera digital.
Esta consulta pública abierta hasta el 19 de marzo es el paso previo para elaborar un anteproyecto de ley sobre el impulso a la creación de empresas, que posteriormente deberá enviarse a audiencia pública. Luego se llevará al Congreso durante el segundo semestre de este año.
En este documento, el Gobierno propone eliminar el requisito de capital mínimo de 3.000 euros para la constitución de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL), permitiendo su constitución con un euro de capital (funcional).
Norma europea
Esta modificación se introduciría mediante una reforma del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital que llevaría aparejada la supresión del régimen de formación sucesiva de SRL.
Del mismo modo, la normativa toma como referencia la Directiva de digitalización (Directiva 2019/1151) que obliga a los Estados miembros a que una SRL pueda registrarse online en su totalidad en un plazo máximo de 10 días, sin necesidad de comparecencia física del constituyente cuando sea un ciudadano de la Unión Europea.
Adicionalmente, introduce otras medidas, como las dirigidas a garantizar que las sociedades mercantiles puedan presentar a lo largo de toda su vida la información al Registro Mercantil en formato electrónico.
También plantea la obligación de que los registros estén en disposición de responder al requerimiento del registro de otro Estado miembro sobre la inhabilitación de un particular para ejercer como administrador, o medidas destinadas a facilitar el suministro de información por parte de los registros mercantiles a terceros sobre las empresas en formato electrónico.
Respecto de impagos, el documento indica que el objetivo es velar por una mejor aplicación de la Directiva europea y la legislación nacional sobre medidas de lucha contra la morosidad comercial a través de, especialmente, la implantación de incentivos que pueden mejorar su eficacia y transparencia.
"Pago sin demora"
Este cambio hacia una “cultura de pago sin demora” podría basarse en directrices en materia de publicidad y transparencia de los plazos de pago, mejores prácticas empresariales, reforzar el cumplimiento de la normativa nacional a través del establecimiento de: un sistema de incentivos, un sistema de infracciones y sanciones o de un sistema extrajudicial de resolución de conflictos.
Asimismo, indica el Gobierno, esta concienciación sobre la importancia del pago sin demora, es un requisito de carácter general para la viabilidad de los entornos empresariales y podría, en este sentido, pasar a formar parte integral de todas las iniciativas políticas y legislativas en relación con las empresas (por ejemplo, la responsabilidad social de las empresas, las empresas emergentes y las relaciones plataforma - empresa).
Respecto de las Plataformas de Financiación Participativa (también llamadas coloquialmente "Plataformas de Crowdfunding") indica que se ha aprobado el Reglamento europeo relativo a los proveedores europeos de servicios de financiación participativa para empresas, que establece el régimen jurídico para que este tipo de plataformas puedan acceder al pasaporte europeo para la prestación de sus servicios.
Mercados alternativos
En relación con los proyectos desarrollados por pymes la aplicación del Reglamento permitirá que se puedan financiar aquellos que alcancen hasta cinco millones de euros (frente a los dos que permite la ley española).
Por lo que respecta a los mercados alternativos, resulta deseable que las pymes, principalmente las de tamaño mediano, tengan facilidad para acceder a financiación a través de la emisión de instrumentos de renta fija y renta variable.
En el mercado de renta fija, MARF, las emisiones en 2019 alcanzaron 10.300 millones de euros, con un incremento del 66% respecto a 2018, lo cual no obstante representa únicamente el 0,21% de los pasivos totales de las empresas medianas. El objetivo del documento es consultar respecto de otras alternativas que puedan dinamizar esta inversión.