La propuesta ha sido planteada por los expertos que trabajan con los Ministerios de Justicia y Asuntos Económicos en la Comisión General de Codificación que se creó antes de la pandemia para elaborar una propuesta legislativa sobre la normativa española en materia de reestructuración de empresas. Por tanto, está solo en fase de estudio, aunque fuentes jurídicas del mundo de la empresa reconocen que sería de gran utilidad que saliera adelante.

Este mes de julio termina el plazo para que este país transponga una directiva europea sobre las leyes preconcursales y de segunda oportunidad. La Comisión Europea está vigilando muy de cerca la evolución de estos cambios normativos ante la preocupación que existe en Bruselas por la oleada de quiebras que se podrían producir en España por la Covid-19.

En este marco, España tendrá que reforzar su Ley de Segunda Oportunidad para conseguir que el menor número de empresas posible acabe cerrando, aunque tengan que someterse a una reestructuración. 

Para ello, se podrán en marcha medidas como el incentivo de los mecanismos de alerta temprana y se analizarán fórmulas para sacar de los juzgados parte de la elevada carga de trabajo que tienen sobre la mesa. 

Sin embargo, uno de los aspectos más importantes de esta batería de medidas podría ser que tanto la Agencia Tributaria como la Seguridad Social puedan asumir quitas de la deuda pendiente con la que algunas empresas llegan a la situación preconcursal y concursal para facilitar que la sociedad salga adelante. También las empresas en liquidación podrían acogerse al procedimiento si los administradores han actuado de buena fe para favorecer la segunda oportunidad.

De este modo, la Administración Pública lejos de perder dinero podría acabar 'ganando' frente a la situación actual, dado que si la empresa sale a flote o el empresario pone en marcha un nuevo proyecto, seguiría pagando sus impuestos.

"Tendría sentido que fuera así porque si hay una empresa viable, los administradores han actuado de buena fe y la banca acreedora acepta una quita del 30% porque le interesa cobrar el resto, también lo puede hacer Hacienda", explica a este periódico el economista Guillermo Prada Luengo, socio de reestructuraciones y peritación financiera del despacho PradaGayoso.

En este momento, la normativa española impide que las Administraciones públicas se impliquen en el rescate de las empresas en situación preconcursal o en concurso de acreedores.

Es por esto por lo que una empresa en apuros lo único que puede hacer para conseguir oxígeno es negociar con los bancos acreedores. En muchas ocasiones, la deuda pendiente que tiene contraída con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social le complica poder reestructurase con éxito y es uno de los elementos que pesan en la decisión de echar el cierre.

"La directiva europea busca fortalecer los marcos de reestructuración preventiva y hacer más eficaz el marco legal para corregir algo que ocurre ahora, que la mayoría de las empresas que llegan a concurso de acreedores acaban en liquidación", explica Prada Luengo.

Controles estrictos

Si esto cambia y finalmente se aprueba que el erario pueda implicarse en el rescate de empresas con una exoneración, su implementación tendrá que estar articulada con controles muy exigentes sobre la labor de los administradores de la empresa, puesto que serían los contribuyentes los que acabarían pagando los platos rotos de sus problemas.

Expertos fiscalistas consultados señalan que ya hay sentencias judiciales del Supremo en las que se ha establecido que Hacienda asuma quitas en casos concretos de empresas en dificultades.

Sin embargo, desde el Ministerio que dirige María Jesús Montero existe una resistencia importante a que se introduzca una medida de este tipo en la legislación concursal que preparan Justicia y Asuntos Económicos desde hace meses, según fuentes próximas a ese departamento.

No obstante, el momento actual sí que podría abrir la puerta a que Hacienda probara este mecanismo durante la pandemia, dado que hay fuentes que consideran que con el alto número de empresas en dificultades que tiene España, es muy posible que "no vaya a quedar otra opción". En todo caso, no estamos ante una medida coyuntural, sino estructural para defender a las empresas.

De hecho, el anteproyecto de ley para transponer la directiva salió a consulta pública en 2020 y ahora el Ministerio de Justicia está a punto de abrir la fase de audiencia pública.

Salvar empresas

Para evitar que el tejido productivo sufra daños irreparables es importante trabajar para que salgan a flote un buen número de las empresas con problemas que se estén planteando presentar concurso de acreedores en primavera.

No hay que perder de vista que en muchos casos, se trata de compañías que estaban saneadas y eran solventes antes de que la pandemia provocara un desplome de sus ingresos por las restricciones a sus negocios.

En este contexto, el Banco de España ha aconsejado al Gobierno que se implique en los procedimientos de refinanciación y reestructuraciones con mecanismos de este tipo para reducir el número de quiebras.

Moratoria concursal

Entre las medidas que ha ido aprobando el Gobierno en los últimos meses para hacer frente a la Covid-19, se incorporó una moratoria para presentar concurso de acreedores hasta el próximo 14 de marzo.

Se trata de una de las medidas que está marcando el calendario del Ministerio de Economía para la aprobación del paquete de ayudas públicas para las empresas en el que trabaja la vicepresidenta Nadia Calviño.

En este momento, si los administradores de una empresa quieren cerrar, pueden solicitar concurso de acreedores. Sin embargo, si no lo hacen, no incurren en ninguna responsabilidad mientras esté en marcha esta moratoria que también se aprobó con la vista puesta en evitar un colapso de los juzgados.

En el mundo empresarial se da por casi seguro que esa moratoria se extenderá en las próximas semanas para que las empresas puedan ganar tiempo para que pase esta crisis y decidir con más perspectiva si se reestructuran o si cierran.

Todos estos problemas han coincidido en el tiempo con el calendario para transponer la citada directiva con la que Bruselas busca mejorar tanto la eficiencia del procedimiento de preconcurso y concurso de acreedores que tantas empresas españolas analizan presentar por culpa de la pandemia, como la segunda oportunidad de los empresarios que tengan que volver a empezar en la nueva normalidad.