La regularización fiscal voluntaria de Juan Carlos I no exime al Rey Emérito de un posible delito fiscal en caso de que se confirme que la Fiscalía le hubiera notificado la existencia de una investigación. Así lo ha explicado este martes la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) en un comunicado poco usual en el que reclama más medios para luchar contra el fraude fiscal.

Ante las críticas que han recibido el Gobierno, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria (AEAT) por esta regularización, los Inspectores de Hacienda han lamentado el daño que hace este caso a la imagen del fisco y a la "conciencia fiscal" en un momento en el que muchos ciudadanos afrontan momentos "ciertamente difíciles".

Sin embargo, defienden el papel de la AEAT al mantener la confidencialidad de este caso, como le exige la ley. Según recuerdan, la Agencia Tributaria "no puede hacer público si está o no investigando a una persona determinada, o si tiene intención de hacerlo", puesto que sus funcionarios deben guardar el "más estricto sigilo sobre cualquier asunto" que conozcan en el ejercicio de sus funciones.

Además, explican que las investigaciones judiciales abiertas en otros países y en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo no eran conocidas por la Agencia Tributaria. Y añaden que atendiendo a la primacía del orden penal no podría haber actuado en este terreno para comprobar si hay algún delito.

La Fiscalía, clave

Sin embargo, también destacan que si fueran ciertas las noticias que señalan que la Fiscalía notificó al emérito las diligencias de la investigación abierta, las regularizaciones que ha hecho "no impedirían la persecución de los delitos fiscales cometidos".

Y en este sentido recuerdan que "en la nota de prensa emitida por el abogado del Rey emérito se manifiesta que no ha existido ningún requerimiento previo, pero no dice nada respecto de si tiene conocimiento formal de las diligencias practicadas por la Fiscalía".

Más medios

Los inspectores de la IHE han aprovechado el escándalo generado por este caso para recordar las propuestas que presentaron en junio de 2014 para mejorar la lucha contra el fraude.

En el libro Reforma fiscal española y agujeros negros del fraude. Propuestas y recomendaciones ya se advertía que pese a que la AEAT es "más eficiente y rápida en sus actuaciones" que la Administración de Justicia no podía actuar cuando el caso ya estaba en manos de un juez.

Por ello, reclaman que se reconozca a la AEAT la competencia para investigar los delitos contra la Hacienda Pública con un cambio en la Ley General Tributaria que permita coordinarla con la Fiscalía sin subordinarla a ella.

Además, proponen la creación de grupos de investigación mixtos para delitos económicos graves y transformar la llamada excusa absultaoria en un atenuante cualificado que reduzca la pena. "Actualmente esta figura borra el delito previamente cometido y anula el reproche jurídico", advierten.

Si se suprimieran los efectos de al atenuante de reparación que contempla el Código Penal en el artículo 305.6 se podría evitar el mensaje al delincuente "de que pagando se elude la prisión", añaden.

Los inspectores también consideran que para reducir la corrupción en España se debería crear una policía fiscal y una Oficina Antifraude para coordinar la lucha contra este tipo de delitos fiscales.