El paquete de ayudas y estímulos para las empresas afectadas por la Covid-19 que prepara el Gobierno está a la vuelta de la esquina. Según ha podido saber Invertia, el Ejecutivo prevé aprobar el conjunto de medidas de apoyo al sector privado en el Consejo de Ministros que se celebra el martes próximo.

El proyecto gubernamental ha sido objeto de debate en la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de este jueves y el paquete está valorado en unos 11.000 millones. Eso sí, a pesar de las reclamaciones del sector privado y de varios partidos del Congreso (incluido el socio de Gobierno del PSOE en el Ejecutivo), no estarán dedicados en su totalidad a ayudas directas.

Como ya ha desvelado Invertia esta semana, habrá otras fórmulas para apoyar a las empresas. La apuesta incluirá la recapitalización de las empresas por la vía de operaciones de deuda subordinada y a través de préstamos participativos. Modalidades que no tendrán ningún coste para las empresas.

Los préstamos participativos son herramientas frecuentemente utilizadas a la hora de conceder ayudas públicas. Van ligados a la evolución del negocio y se van liberando a medida que se consiguen determinados objetivos.

La deuda subordinada, por su parte, está pensada para compañías que tienen un cierto tamaño. Se trata de emisiones de deuda de renta fija, en las que el cobro de los intereses puede estar ligado a que exista un determinado nivel de beneficios. Además, garantiza también que en caso de problemas los acreedores se sitúen justo por detrás de los acreedores ordinarios.

La estrategia del Gobierno incluiría también perdonar el pago de una parte de la deuda que las empresas tienen por los préstamos del ICO. Sin embargo, esta posibilidad no está cerrada del todo por las dudas expresadas por el sector bancario.  

Por otro lado, no se descarta que finalmente el paquete de ayudas incluya medidas fiscales de apoyo a las empresas, posibilidad mencionada por María Jesús Montero en el último Consejo de Ministros.

Mantener el tejido productivo

Con todo, cabe recordar que el conjunto no está cerrado del todo y podría haber cambios hasta el martes. Incluido que se tuviera que retrasar la aprobación hasta un futuro Consejo de Ministros. 

El objetivo al proporcionar esas ayudas, concluyen las fuentes consultadas en el Gobierno, es "que ese tejido productivo se mantenga", a pesar del embate de la tercera ola y de las medidas restrictivas a la movilidad que han hundido sectores como el del turismo, la hostelería y el ocio nocturno. "Así, al recuperar la movilidad habitual, habrá con qué reactivar la economía".

Cabe recordar que las empresas, particularmente de la hostelería, denuncian que el Gobierno no ha activado suficientes fondos para rescatar al sector privado. Sin embargo, varias ocasiones miembros del Gobierno han recordado que medidas como las exoneraciones de cuotas sociales a través de ERTE han permitido a los empresarios contar con liquidez 'gratis'. 

Además, España fue el país de la Unión Europea que más ayudas públicas movilizó con respecto al tamaño de su economía entre marzo y diciembre del pasado año para ayudar al sector empresarial. El Gobierno dedicó 90.800 millones de euros, pero lo ha hecho "casi exclusivamente" a través de avales públicos.

Así consta en la carta que la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Margrethe Vestager, ha escrito a los eurodiputados.

En concreto, los 90.800 millones de euros movilizados por las autoridades españolas representan un 7,3% del PIB del país, un porcentaje que es superior al 6,4% en el caso de Francia, el 6% de Italia, el 4,4% de Grecia o el 3,9% de Malta. En conjunto, el bloque ha autorizado hasta diciembre un 3,3% del PIB comunitario en ayudas de Estado.