¿Cuándo empezarán a llegar los 140.000 millones de euros que España espera recibir del fondo Next Generation UE? Durante cuatro días, todos los protagonistas de la vida económica y política de nuestro país han desfilado por el Wake Up, Spain!, el foro económico de EL ESPAÑOL, para discutir el mejor uso que se debe dar a las ayudas europeas a la reconstrucción tras la crisis sin precedentes de la Covid-19.

Un debate que se ha producido en el momento decisivo: en cuestión de días, Bruselas comenzará a evaluar los planes nacionales de inversión y reformas, el paso previo a desbloquear el dinero. Pero todavía quedan importantes escollos en el camino, que podrían retrasar todavía más -casi nadie prevé un bloqueo absoluto- el pago de los fondos europeos. Alemania, Holanda y Polonia aparecen ahora como los principales obstáculos en el camino.

Los ministros de Economía de los Veintisiete discuten precisamente este viernes por videoconferencia cómo acelerar la puesta en marcha de las ayudas europeas. En Bruselas cunde la inquietud por el riesgo de que, como ocurrió en la crisis financiera, la UE vuelva a quedarse atrás en la recuperación respecto a Estados Unidos.

Su nuevo presidente, Joe Biden, acaba de sacar adelante un estímulo de 1,9 billones de dólares y prepara otro plan de 2 billones para infraestructuras. Los Veintisiete aprobaron su fondo de 750.000 millones el año pasado (800.000 millones en precios actuales), pero todavía no se ha desembolsado ni un euro. "Sería un desastre económico para Europa si el desembolso de los fondos se retrasa indefinidamente", ha avisado Isabel Schnabel, la representante alemana en el directorio del Banco Central Europeo (BCE).

¿Cuáles son los trámites pendientes que retrasan la llegada de las ayudas de la UE? El freno más preocupante ahora mismo es la ratificación de la norma que permitirá a Bruselas emitir deuda común europea en los mercados para financiar el Next Generation. Lo que en la jerga comunitaria se denomina 'decisión de recursos propios' y que debe aprobarse en los parlamentos de los 27 Estados miembros.

Hasta ahora ya lo han hecho 17, entre ellos España, por lo que quedan 10 países pendientes. "La gran mayoría de estos países esperan tenerlo resuelto este mes o en mayo. En algunos países ha habido problemas por la actual situación pandémica, que impide a los parlamentos trabajar más rápidamente", explica un alto diplomático europeo. Pero hay tres Estados miembros sobre los que sí hay dudas sobre su capacidad de ratificar el fondo de reconstrucción: Polonia, Alemania y Holanda, señalan las fuentes consultadas.

Ratificación paralizada

En Varsovia, el partido de derecha radical Polonia Unida, socio minoritario del Gobierno de Ley y Justicia, ha anunciado que votará en contra de la 'decisión de recursos propios'. Su argumento principal es que la norma obligará a Polonia a asumir las deudas de otros Estados miembros. Además, este partido rechaza el nuevo mecanismo que permitirá congelar las ayudas a los países que vulneran el Estado de derecho por considerar que se usará para chantajear a Varsovia para aceptar el reparto de migrantes o el matrimonio gay.

Por su parte, el principal partido de oposición, la liberal Plataforma Cívica, dice que sólo apoyará al Gobierno si acepta sus propuestas para garantizar un buen uso de los fondos. Polonia es uno de los grandes beneficiarios del fondo de reconstrucción: espera recibir 58.000 millones de euros entre préstamos y subvenciones. Vetarlo supondría pegarse un tiro en el pie, por lo que en Bruselas se da por hecho que habrá fumata blanca.

En Alemania, la ratificación ha sido paralizada de forma cautelar por el Tribunal Constitucional, con sede en Karlsruhe, a la espera de resolver un recurso planteado por una asociación de activistas euroescépticos. Los demandantes alegan que el fondo de reconstrucción vulnera el Tratado de la UE y la Constitución alemana y podría obligar a Berlín a pagar íntegramente los 750.000 millones.

"Obviamente, hay algo de preocupación, pero no demasiada. No es la primera vez que Karlsruhe paraliza una decisión europea, pero nadie espera que el proceso de ratificación en Alemania descarrile. Es más un problema de ralentizarlo o retrasarlo. No sabemos seguro cuándo tomará su decisión Karlsruhe, pero no esperamos que vaya a tardar demasiado. La expectativa es que sea en algún momento del verano, esperemos que antes de la pausa veraniega", explica otro diplomático. 

Finalmente, Holanda -el país que más se opuso a la creación de Next Generation- ha decidido esperar a la sentencia de Karlsruhe. 

Estrategia de financiación

El otro gran problema que amenaza con provocar nuevos retrasos en el desembolso de las ayudas europeas es el examen de los planes nacionales de inversión y reformas. Los primeros en llegar a Bruselas en los próximos días serán los de Grecia, España, Portugal y Francia. En el extremo contrario están Holanda y Finlandia, que ya han confirmado que incumplirán el plazo del 30 de abril.

Varios ministros tienen previsto pedir a la Comisión durante el Ecofin de este viernes que acelere los plazos para poner nota a los planes, ya que lleva negociando con todos los países desde otoño del año pasado. Países como España o Francia se han quejado de la excesiva complejidad y burocracia del procedimiento. Pero en su intervención en el Wake Up, Spain!, el vicepresidente Valdis Dombrovskis ha confirmado que se atendrá a los plazos previstos: un total de tres meses para la aprobación definitiva.

Eso significa que el plan de España, en el mejor de los casos, no se aprobará hasta julio. Esa es la fecha que maneja también Bruselas para hacer el primer desembolso: un anticipo del 13% que en el caso español sería de 10.000 millones de euros. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, espera un segundo pago a finales de este año porque alega que algunas de las reformas incluidas en el plan ya se han puesto en marcha. 

A la espera de que no haya más tropiezos y todas las piezas encajen, el Ejecutivo comunitario presentará al Ecofin su estrategia de financiación para levantar 800.000 millones de euros hasta 2026. Bruselas prevé emisiones mensuales de entre 15.000 y 20.000 millones de euros para alcanzar los 150.000 millones de euros al año.

El Ejecutivo comunitario combinará múltiples instrumentos (bonos a medio y largo plazo, algunos de los cuales se emitirán como bonos verdes, y letras de la UE) con el fin de mantener la flexibilidad en términos de acceso al mercado y gestionar las necesidades de liquidez y el perfil de vencimiento. También mezclará subastas y sindicaciones para garantizarse un acceso a la financiación en condiciones ventajosas.