El Gobierno, obligado a desbloquear contrarreloj las reformas fiscal, laboral y de pensiones que exige Bruselas

La falta de acuerdo con las formaciones políticas aliadas del Ejecutivo, con la patronal y con los sindicatos, respectivamente, las ha bloqueado. Sin embargo, el Ejecutivo está obligado a reactivarlas cuanto antes y contrarreloj. 

En este sentido, el calendario es claro. Antes de que acabe junio, la Comisión emitirá un dictamen sobre el Plan de Recuperación español, que es lo que permitirá que los fondos europeos comiencen a fluir hacia España. Y para aprobar este examen, en el campo de las reformas mencionadas, Bruselas espera algo más que buenas intenciones. De ahí que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté obligado a desbloquear las reformas cuanto antes.  

Los focos están particularmente puestos en el campo laboral y de pensiones. Son dos ámbitos en los que Bruselas ha exigido reformas urgentes y serán observadas con lupa en el examen comunitario. Precisamente, Valdis Dombrovskis, vicepresidente económico de la Comisión Europea, hizo hincapié en esta cuestión la semana pasada. 

"Hay mucho dinero en juego. Con las grandes cantidades que deben absorberse, las reformas son cruciales para facilitar la inversión", sostuvo Dombrovskis durante su participación en el simposio 'Wake Up, Spain!', organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y D+I la semana pasada. "Es esencial que las medidas incluidas en el plan nacional de España no sólo se traduzcan en gasto, sino que sean decisivas para sentar las bases de su economía futura: más verde, más digital y más competitiva", aseguró. 

En cuanto al paro, especialmente entre los jóvenes, una prioridad máxima debería ser emprender una reforma integral y ambiciosa del mercado laboral. "Es urgente crear puestos de trabajo, mejorar la formación y combatir la segmentación laboral", indicó el vicepresidente económico. España debe esforzarse por aumentar el nivel de empleo y "promover una transición hacia contratos indefinidos flexibles".

Modernización laboral

En el caso de la reforma (o modernización, como la califica el Ejecutivo) del mercado laboral, el bloqueo y la falta de acuerdo se producen con la patronal, es decir, con las empresas. Si bien parece que el pacto será posible en la reducción de las modalidades de contrato, los cambios que el Gobierno plantea para la subcontratación o los convenios colectivos no son del gusto de la CEOE. 

Dentro de la negociación que se está celebrando en el seno del Diálogo Social, el Ejecutivo ya ha expuesto sus planes para estas cuestiones, sobre todo en el caso de las externalizaciones laborales. Concretamente, para limitarlas. "Hay un abuso de la contratación temporal", una temporalidad que "es desmedida e injustificada" y por la que España ya ha sido condenada por la justicia europea, indicó hace unos días la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno, y Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

Sin embargo, estos cambios no cuentan, por lo pronto, con el respaldo de la CEOE, que ya ha avisado al Gobierno de que no avalará la reforma que se pretende en este campo. De hecho, en términos generales, todo son recelos por parte de la patronal respecto al 'desguazamiento' de la reforma laboral de 2012 que ya ha emprendido el equipo de Yolanda Díaz. 

Esta cuestión se antoja fundamental. Una y otra vez, varios miembros del Gobierno han asegurado que la reforma del mercado laboral solo se hará de acuerdo con los agentes sociales. Y dicho acuerdo parece todavía muy lejano. 

Parecida situación ocurre en el campo de la Seguridad Social y de las pensiones. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya ha presentado el grueso de la reforma al Diálogo Social y el desacuerdo es importante en varios aspectos, sobre todo con los sindicatos. 

Concretamente, los trabajadores ya han mostrado su desacuerdo a Escrivá con el 'castigo' que plantea para la jubilación anticipada. Rechazan el plan de Seguridad Social de aumentar los coeficientes reductores para este colectivo de futuros pensionistas y la prohibición de la jubilación obligatoria por convenio, algo en lo que la patronal CEOE también ha mostrado sus recelos. 

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y su equipo con los presidentes de CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva; y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez.

Además, tampoco ha gustado que el Gobierno esté aplazando la derogación de la reforma de las pensiones de 2013, como adelantó Invertia. "Lo primero que hay que hacer es dejar claro que se va a derogar la reforma de pensiones de 2013", insistió Unai Sordo, secretario de Comisiones Obreras, en una concentración celebrada la pasada semana. 

En cambio, el acuerdo sí parece cercano en el nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones. Anual y de acuerdo al IPC, queda por pulir si habrá medidas de compensación para años en los que pueda haber deflación, es decir, caídas de precios, aunque existe el compromiso de que en ningún caso se reducirán las prestaciones. De hecho, hoy José Luis Escrivá se reúne con patronal y sindicatos para negociar la reforma de las pensiones. 

Reforma fiscal

En el caso de la reforma fiscal, al menos los mecanismos para llevar a cabo los cambios correspondientes ya se están activando. La comisión que concretará las medidas que se incluyan en ella se ha formado hace justo una semana. De hecho, ya hay planes para que, entre las medidas que aborden, haya una revisión de la tributación de los carburantes. 

Así lo indica el propio Plan de Recuperación que dio a conocer Moncloa, que incluye medidas de fiscalidad verde en esta dirección y que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, confirmó posteriormente en el simposio ‘Wake Up, Spain!’.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, con la comisión de expertos para la reforma fiscal.

Aunque Montero no lo quiso confirmar, estas medidas incluirán iniciativas como la subida fiscal del diésel y otros carburantes. Algo que, hoy por hoy, no es posible por la falta de apoyos que esta medida tendría en el Congreso de los Diputados.

Cabe recordar que este tipo de subidas fiscales se tendrían que gestionar a través de un proyecto legislativo. De hecho, normalmente, se tramitan en los Presupuestos Generales del Estado. Y para ello, el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos tiene los votos muy contados. 

De hecho, la subida del diésel ya estuvo en el proyecto presupuestario de este año 2021, pero PNV obligó a retirarla a cambio de su apoyo a las Cuentas hoy en vigor. Y esta situación no parece que vaya a cambiar de cara a unos eventuales presupuestos en 2022.