Las nuevas normas comunitarias de IVA para el comercio electrónico que entrarán en vigor a partir de julio pretenden reducir el desfase entre los ingresos previstos para este impuesto y lo efectivamente recaudado, que según la Comisión Europea en España rozó los 5.000 millones de euros en 2018.

La entrada en vigor de las nuevas normas, seis meses más tarde de lo inicialmente previsto por la pandemia de coronavirus, facilitará la gestión del impuesto a las empresas de comercio electrónico con un sistema de ventanilla única, según la dirección general responsable de las políticas en materia de fiscalidad y aduanas de la Comisión Europea.

Al mismo tiempo, la Comisión espera que contribuya a reducir el diferencial entre los ingresos por IVA previstos y los efectivamente recaudados, que en 2018 se situaron en 140.040 millones en el conjunto de la Unión Europea.

El desfase en España (4.909 millones) es el sexto mayor de la Unión, por detrás de Italia (35.439 millones), Alemania (22.077 millones), Francia (12.788 millones), Rumanía (6.595 millones) y Grecia (6.570 millones).

La nueva normativa persigue que el IVA se pague en el país en el que se consumen los bienes o se prestan los servicios, crea un régimen uniforme para operaciones transfronterizas y ofrece una ventanilla única para la declaración y abono del impuesto, lo que, según la Comisión, equilibra el terreno de juego entre las empresas comunitarias y los vendedores de fuera de la Unión.

Único registro

Para las empresas esto supone que a través de un único registro de IVA podrán gestionar el impuesto para todas sus ventas en la Unión Europea -en lugar de uno en cada país-, lo que les ahorrará unos 2.300 millones al año.

Con este sistema podrán declarar y pagar de manera electrónica el IVA de todas sus ventas intracomunitarias a través de la administración tributaria de su país y en su idioma gracias a la ventanilla única (OSS).

Además, la ventanilla única de importación (IOSS) facilitará las gestiones de IVA a los vendedores de fuera de la Unión Europea, lo que además supondrá una protección para los compradores, al tiempo que se deroga la exención del impuesto para paquetes de menos de 22 euros para evitar el fraude.