El Gobierno se compromete con la UE a suprimir en 2022 "todas" las ayudas laborales activadas por la Covid

El Gobierno ya ha enviado a la Comisión Europea la actualización del Plan de Estabilidad que tenía que mandar antes de terminara abril. Si bien el documento es una recopilación de las medidas y reformas anunciadas en los últimos meses y que estarán en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, también hay novedades. Entre ellas, la supresión de las medidas y ayudas laborales puestas en marcha por la pandemia. 

En el texto, el documento cuenta con la "finalización" a partir de 2022 "de todas las medidas de ámbito laboral adoptadas para combatir la emergencia sanitaria originada por el Covid-19". 

Concretamente, el documento se refiere a las prestaciones por cese de actividad y las exoneraciones de cuotas sociales para los autónomos, las exoneraciones por ERTE para las empresas y a la incapacidad temporal por Covid. Curiosamente, no se mencionan las prestaciones por ERTE de manera expresa.

Vacunación

Cabe recordar que esta decisión se tomaría en una situación en la que se hubiese terminado de vacunar a toda la población. De hecho, el Plan cuenta con que esta hipótesis se haya cumplido a lo largo de este año. 

Además, el Gobierno prevé gastar hasta mayo de 2021 un total de 7.972 millones de euros en recursos destinados a cubrir los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Dicha cantidad también se destinaría a prestaciones extraordinarias de autónomos y a la cobertura extraordinaria de la incapacidad laboral de los trabajadores debida a la Covid-19. Así lo indica el Programa Nacional de Reformas, remitido este viernes a Bruselas junto al Plan de Estabilidad,

Asimismo, en el documento, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se compromete a volver a subir las pensiones y los salarios de los empleados públicos en 2022, y en los próximos años. 

Salarios y pensiones

Dichas subidas serían de acuerdo con la evolución de la inflación, es decir, con el devenir de los precios. Así, el documento precisa que "a partir de 2022 y siguientes se prevé un incremento retributivo de los empleados públicos y de las pensiones en línea con la evolución de precios". 

Cabe recordar que esta subida es, en realidad, la revalorización de las pensiones que ya se ha incluido en la reforma de estas prestaciones, que también está en el documento. 

Por otro lado, El Plan de Estabilidad precisa que, en el periodo 2020-2026, el Plan de Recuperación y Resiliencia movilizará más de 69.500 millones de euros de gasto público con cargo a transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del paquete NextGeneration UE.

De este gasto total, el 41,4%, 28,783 millones de euros, se concentrará en el área de medioambiente, es decir, todo lo relativo a alcanzar la transición ecológica: crecimiento en renovables, tecnologías innovadoras que impulsen la actividad económica e industrial como el hidrógeno verde, sistemas de almacenamiento, electromovilidad, comunidades energéticas locales, digitalización de redes, sostenibilidad en las islas y otras iniciativas más relacionadas con protección de la biodiversidad y la 'España vaciada'.

También destaca el gasto en I+D y en digitalización, las otras grandes palancas de este paquete de reformas e inversiones que se engloban en "asuntos económicos", y que supone el 30,2% del total, 21.023 millones de euros.

Todo este Plan está diseñado para dar un impulso mucho más decidido en los tres primeros años, hasta 2023, e incluso, excepto lo relativo a la transición ecológica, el resto de áreas deja de tener apoyo económico en los últimos tres (2024, 2025 y 2026).

Regular el alquiler

Una de las medidas estrella del acuerdo de coalición progresista entre PSOE y Unidas Podemos que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa y que tantos quebraderos de cabeza está trayendo a los socios desde entonces, impulsar "las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado", apenas tiene espacio en el texto.

El Programa Nacional de Reformas hace hincapié en el programa de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana (con casi 7.000 millones de euros de inversión) y los 1.000 millones de euros que invertirá el Gobierno para "recuperar un parque público de vivienda social para alquiler, tras una década de reducción y privatización". Sin embargo, ninguna mención específica a los precios.

Recuerda la necesidad de reforzar los servicios públicos, más aún tras la crisis de la Covid-19, así como de aplicar medidas que faciliten el acceso al alquiler de vivienda, pero no cómo lo hará más allá de los citados programas de rehabilitación y la inversión en el parque público.