El Gobierno revisará durante el primer trimestre de 2022 los impuestos de matriculación de los vehículos y de circulación, según se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia publicado este miércoles por el Ejecutivo.
Este cambio quedaría fuera de la reforma fiscal que se comenzará a aplicar en 2023. El documento incorpora así el objetivo de realizar una revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación y la utilización de los vehículos, con la intención de adaptar estas tasas a estándares medioambientales. En el primer trimestre del año que viene se analizarán las propuestas del comité de expertos en este ámbito.
El Plan del Gobierno, remitido el pasado viernes a Bruselas y publicado este miércoles por primera vez al completo, incluye la intención de revisar estas dos figuras, que desde el sector del automóvil reclaman que se unifiquen y se enfoquen hacia el uso de los vehículos y no a la adquisición.
Tasa de matriculación
En la actualidad, la tasa de matriculación, que está transferida a las comunidades autónomas, grava con entre un 4,75% y un 14,75% la adquisición de vehículos en España que emitan entre 120 y más de 200 gramos de dióxido de carbono por kilómetro.
De su lado, el impuesto de circulación (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) lo recaudan los ayuntamientos y se abona por parte de los conductores una vez al año, en función, en el caso de los turismos, de la potencia fiscal de los mismos.
La unificación de la fiscalidad del automóvil es una reclamación histórica del sector del automóvil, principalmente enfocada a eliminar la figura del impuesto de matriculación, al considerar que, junto con el IVA, suponía una doble imposición a la compra de un vehículo.
Desde las asociaciones Anfac (fabricantes), Faconauto (Concesionarios) y distribuidores (Ganvam) solicitan que la nueva fiscalidad del automóvil se oriente hacia el objetivo de que el que más use el coche y más contamine, más pague. Además, desde el sector también se aboga por impulsar una reducción del IVA para los vehículos híbridos enchufables y una supresión de dicha tasa para los modelos eléctricos.
Peajes, en 2024
El Gobierno ha fijado 2024 como el año a partir del cual podría implantar un mecanismo de pago por el uso en la red de carreteras del Estado, que puede ser ampliable al resto de vías, según refleja el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas.
Este plazo se justifica porque de acuerdo con la experiencia internacional, de dos a tres años es el tiempo mínimo necesario para desarrollar los instrumentos normativos y crear la estructura precisa para implantar un sistema de pago por uso en España.
Hasta ese momento, el Ejecutivo prevé llevar a cabo una campaña de "concienciación y sensibilización" sobre los transportistas y la población en cuanto a la necesidad de ejecutar esta medida.