La Unión Europea se dota de armas para poner coto a las empresas chinas dopadas con subvenciones multimillonarias del Gobierno de Pekín. La Comisión de Ursula von der Leyen ha propuesto este miércoles un nuevo reglamento cuyo objetivo último es impedir la compra de empresas europeas o el acceso a contratos públicos en la UE por parte de compañías extranjeras apuntaladas por ayudas públicas. 

La propuesta constituye un giro importante en la política de apertura comercial sin límites que hasta ahora ha propugnado la UE y un intento del Ejecutivo comunitario de reforzar su autonomía estratégica frente al auge imparable de China, país al que Bruselas considera socio de cooperación, pero también competidor económico y rival sistémico.

"Seguimos estando abiertos a la cooperación con nuestros socios internacionales, al comercio y a la inversión. Pero al mismo tiempo nos hemos vuelto más asertivos a la hora de defender nuestros intereses y derechos cuando vemos que algunos países o empresas no respetan las reglas", se ha justificado el vicepresidente económico de la Comisión y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis.

El nuevo reglamento viene a rellenar un vacío legal en la normativa comunitaria. Una de las reglas más viejas en la construcción de la UE, que tiene ya más de 60 años, es la prohibición de subvenciones que distorsionen la competencia. Para ello, Bruselas controla de forma estricta las ayudas públicas que conceden los Estados miembros a sus empresas. Pero esta vigilancia no se aplica a las subvenciones extranjeras.

"Hasta ahora, las empresas han tenido la libertad de utilizar subsidios extranjeros para comprar negocios aquí en Europa. Algunas han podido socavar a sus competidores en licitaciones públicas, no porque sean más eficientes, sino porque reciben apoyo financiero de países extranjeros. Eso no es justo y tiene que terminar", sostiene la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

¿Hasta qué punto es China la principal destinataria de estas restricciones? La línea oficial de los dirigentes de la UE es que el nuevo reglamento se aplicará por igual a todas las empresas, independientemente de su país de procedencia. Sin embargo, la evaluación de impacto publicada por Bruselas pone claramente en el punto de mira a las empresas chinas.

En 2018, el Gobierno de Pekín concedió subvenciones por valor de 520.000 millones de euros, frente a los 17.000 millones de Estados Unidos, los 3.400 millones de Rusia o los 920 millones de Reino Unido, según los datos recogidos en el estudio.

Medidas correctoras

El nuevo reglamento dota de nuevos poderes a la Comisión Europea para controlar las subvenciones extranjeras. Tendrá competencia exclusiva en esta materia y no compartida con los Estados miembros como se había planteado inicialmente. En primer lugar, la norma obliga a las empresas dopadas con estas ayudas que quieran hacer una adquisición o participar en una licitación en la UE a notificarlo previamente en Bruselas. Se establecen unos umbrales que en principio sólo cubren las grandes operaciones.

En el caso de las concentraciones, sólo tienen que comunicarse al Ejecutivo comunitario si el volumen de negocios en la UE de la empresa que vaya a adquirirse sea igual o superior a los 500 millones de euros y las contribuciones financieras extranjeras asciendan como mínimo a 50 millones de euros. Para las licitaciones, cuando el valor del contrato sea igual o superior a 250 millones. Ni las compra ni las licitaciones podrán concluirse hasta que Bruselas no pronuncie su veredicto.

Pero además, el reglamento da también poderes a la Comisión para investigar por iniciativa propia todas las demás adquisiciones o licitaciones de menos valor si cree que pueden provocar distorsiones de competencia en la UE. 

A las compañías que incumplan su obligación de notificar una compra o licitación subvencionadas, Bruselas les podrá imponer una multa de hasta el 10% de su volumen de negocios y examinar además las transacciones como si se hubieran notificado.

Si el Ejecutivo comunitario llega a la conclusión de que los subsidios extranjeros distorsionan efectivamente la competencia en el mercado europeo, podrá imponer medidas correctoras estructurales. Por ejemplo, la venta de activos o la prohibición de determinados comportamientos en el mercado. En última instancia, Bruselas puede prohibir la adquisición subvencionada o la adjudicación de la licitación pública.

Ahora la propuesta de reglamento debe ser aprobada tanto por los Gobiernos de la UE como por la Eurocámara. Bruselas confía en que pueda llegarse a un acuerdo rápido porque son los propios Estados miembros los que han pedido este instrumento de defensa comercial.