Pero en aquella tensa votación se decidió tramitar el decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia para que los grupos parlamentarios pudieran introducir enmiendas. Por deseo de la Comisión Europea, esa normativa necesaria para ejecutar la 'hoja de ruta' para salir de la crisis debe ser elaborada con consenso de país y no solo con el impulso del Gobierno.

No sería la primera vez que un real decreto convalidado por el Congreso acaba muriendo con el fin de la legislatura por no lograr concluir su tramitación como proyecto de ley.

Sin embargo, en este caso, fuentes conocedoras del funcionamiento de Next Generation EU afirman que es trascendental que se apruebe la ley. En especial, para dotar de un marco legal estable a la cooperación público privada, cuyo marco de actuación se dibuja en ese texto convalidado pero pendiente de las enmiendas de la futura ley.

Debilidad del Gobierno

La situación de debilidad del Gobierno en el Parlamento no ayuda a agilizar los procedimientos. El Ejecutivo teme perder cualquier votación con la que se pueda escenificar su fragilidad en el Congreso. Esta es una de las explicaciones que se manejan en el mundo empresarial para tratar de entender el retraso que está experimentando una tramitación parlamentaria tan vital para la economía española.

Sin embargo, fuentes próximas al grupo parlamentario del PP manejan también otra hipótesis. Temen que con esta lentitud en la tramitación se busque crear una cortina de humo con la que explicar el retraso con el que se va a ejecutar el grueso de los fondos europeos este año. En concreto, los que se han prometido para proyectos asentados en la colaboración público privada.

Esas fuentes consideran que aunque el texto se aprobara sin ninguna enmienda la próxima semana el dinero no llegaría a tiempo. Primero, porque Bruselas tiene que aprobar el plan -y estudiarse antes los planes de todos los países-. Segundo, porque en España hay que territorializar ese gasto contando con las comunidades autónomas. Y tercero -y no menos complejo-, porque hay que realizar la gestión administrativa de ese dinero. 

Entre otras medidas, el Decreto 36/2020 establece la movilidad de funcionarios para reforzar las áreas necesarias con el fin de agilizar la ejecución de las ayudas, pero todavía no ha habido avances significativos en este terreno tan complejo.

La experiencia que hay en materia de contratos públicos indica que es muy complicado que de aquí a diciembre (con los meses de verano a la vuelta de la esquina) sea posible que las empresas empiecen a acceder al dinero propuesto en los proyectos en 2021.

Ejecutar lo público

Pese a este contexto, el Gobierno no quiere perder la oportunidad de ejecutar parte de los fondos ya este año. Hay que recordar que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) incorporó cerca de 27.000 millones de euros para poder comenzar a repartir el dinero este ejercicio.

El equipo designado por la Moncloa para trabajar en este tema está operativo, así como los Ministerios involucrados en el proceso. Gracias a ello, ya se han activado las primeras convocatorias con cargo a Next Generation EU, a pesar de que la Comisión Europea no ha aprobado definitivamente el plan.

Pero, en todos los casos, se trata de proyectos con dinero para programas con fondos europeos ya existentes. Lo que se ha hecho es dotarlos de más cuantía tanto para la financiación global como para las ayudas específicas a las que se puede acceder a través de esos programas.

Seguridad jurídica para empresas

Sin embargo, todos esos avances se han circunscrito al ámbito de los programas de la Administración General del Estado. Falta por activar la maquinaria del grueso de los programas prometidos en el marco de España Puede y también falta mucha letra pequeña y seguridad jurídica para llevar la colaboración público privada a niveles nunca vistos en España.

Fuentes empresariales denuncian que en las Cortes se tiene paralizado el decreto y siguen admitiendo enmiendas con el objetivo de "parar el marcador". Algo que estaría ligado al deseo del Gobierno de 'ganar tiempo'.

Esto hace que las empresas sigan esperando concreción y un marco legal adecuado para ponerse a trabajar en un Plan de Recuperación que debe trascender a esta legislatura.

Que la movilización del capital privado se retrase hasta el próximo ejercicio no es baladí para la recuperación económica. Tanto es así que las estimaciones de la CEOE indican que por cada euro de dinero público que se invierta en proyectos con colaboración privada, se podrían generar cuatro euros para impulsar la economía española si se involucra a las empresas. Pero para ello hace falta, primero, que el Congreso haga su trabajo, como se ha hecho en Italia.