La versión oficial es que Ana De la Cueva deja su puesto para tomarse un descanso después de tres años en el cargo, y la decisión se habría tomado hace un par de semanas. De hecho, lo previsto es que se tome una excedencia de sus labores como funcionaria pública. Le sustituirá Gonzalo García.

Su salida pone sobre la mesa un inesperado escenario en la Sociedad Española de Participaciones (SEPI) abriendo la puerta a que se flexibilice la concesión de ayudas y rescates como quiere Moncloa. Las fuentes consultadas por Invertia indican que De la Cueva fue una de las firmes defensoras de que los rescates debían aprobarse solo por motivaciones empresariales y cumpliendo con estrictos criterios técnicos.

Una posición minoritaria en muchas de las reuniones del consejo asesor donde en varias ocasiones se opuso a aprobar rescates como el de Duro Felguera ya que consideraba que la empresa no tenía viabilidad incluso después de recibir el rescate de 120 millones de euros solicitados a la SEPI. En este contexto, De la Cueva tuvo que soportar presiones políticas tanto de Moncloa, el PSOE como el Principado de Asturias.

En su condición de miembro fundador del consejo asesor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de 10.000 millones que comenzó a rodar en julio del año pasado, De la Cueva defendió siempre que las empresas solicitantes se debían cumplir los requisitos técnicos para optar a estos recursos estatales.

Consejo asesor

Esto le llevó a enfrentarse en muchas ocasiones al resto del consejo asesor cuyos miembros son el vicepresidente del holding público, Bartolomé Lora; la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque; el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco; la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen y el secretario general y del consejo y director de asuntos jurídicos de SEPI, Javier Loriente.

De hecho, De la Cueva -en acuerdo con la vicepresidenta Nadia Calviño- siempre defendió a rajatabla la actual legislación por encima de presiones políticas.  La normativa dice que solo podrían optar a este rescate empresas no financieras consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, entre otros motivos, "por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados".

Si el caso de Duro Felguera ya fue polémico, el de Plus Ultra cuestionó todo el sistema de ayudas. Hace dos meses el consejo asesor de la SEPI aprobó la concesión de 53 millones de euros (préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones) a Plus Ultra Líneas Aéreas, una empresa con escasa actividad en España, posibles vínculos con el Gobierno venezolano y nula importancia estratégica para este país.

Una situación que generó gran controversia en el interior del consejo asesor ya que un juzgado de Madrid abrió diligencias penales contra el vicepresidente de la SEPI Bartolomé Lora "y resto de miembros del consejo de administración".

La instructora menciona en su resolución, a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL, un supuesto delito de malversación de fondos públicos por la ayuda de 53 millones de euros procedentes del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.

Nuevos rescates

No obstante, si lo que se ha concedido ha sido complejo, el panorama que espera a la SEPI y a su consejo asesor del Fondo de Solvencia es aún más complicado. Además de Duro Felguera y Plus Ultra se ha rescatado a Air Europa con 475 millones de euros y a Ávoris Corporación Empresarial (Barceló-Globalia) con 320 millones de euros, pero quedan pendientes otras operaciones como la de Abengoa o la de Mediapro con un fuerte componente político.

Abengoa (Abenewco 1) pidió 249 millones y Mediapro hizo la solicitud por 230 millones de euros.  Las dos compañías tampoco tienen garantizada su viabilidad y en la SEPI se reconoce que no cumplen con todos los requisitos técnicos, aunque no descartan que las presiones políticas terminen por decantar la balanza a favor de un rescate.

En este sentido, la salida de Ana de la Cueva de Economía y, por tanto, del consejo asesor de SEPI, es una buena noticia para las empresas que están a la espera de recibir el rescate. Las fuentes consultadas indican que su salida puede flexibilizar las resoluciones y agilizar los rescates.

Una situación ideal para Moncloa que lleva meses presionando al consejo para que dé vía libre a empresas que técnicamente no son consideradas estratégicas. De momento, la entidad estatal podría haber frenado muchas operaciones a la espera de que pase el terremoto provocado por Plus Ultra, aunque no se descarte que se agilicen los procesos en las próximas semanas.

La salida de Ana de la Cueva también ha coincidido con la marcha de Víctor Echevarría, jefe de Análisis Económico del Gabinete del Presidente y de Daniel Fuentes, director de Información Económica del Gobierno. Los dos han comunicado su marcha esta misma semana.