El Gobierno va a obligarse a sí mismo y al resto de Administraciones públicas para que "los 300.000 trabajadores temporales que siguen en condición de eventuales se conviertan en personal fijo". Así lo ha anunciado Miquel Iceta en la rueda de prensa de este lunes en Moncloa.
En ella, el ministro de Política Territorial y Función Pública, ha comparecido junto a la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, para presentar el Componente 11 de los 30 que forman el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El plan de conversión en personal fijo comenzará de inmediato, y se extenderá hasta 2023 en un primer tramo y hasta 2025 en el siguiente.
"Nuestra obsesión no es aumentar el número de empleados públicos", ha aclarado Iceta, tratando de esquivar la polémica desatada en las últimas fechas. "La realidad es que nos fijamos en otras dos cifras que son preocupantes", ha apuntado: "Que la mitad de los funcionarios y empleados públicos se jubila en los próximos 10 años y que sólo el 12% de las plantillas tiene menos de 40 años".
El Componente 11 es el de la Modernización de las Administraciones públicas, que para ambos miembros del Ejecutivo "es clave" para que el PRTR sea efectivo. "Tenemos que pensar en cómo relevamos todas esas bajas", ha advertido el ministro "y para eso debemos captar talento".
Pero lo primero es lo primero. Si hay que captar talento, explicaba Iceta, antes hay que evitar su huida. Y en estos momentos, con unas cifras de eventualidad de casi el 38% en las plazas públicas que gestionan las Comunidades Autónomas, fuentes del Gobierno confirman a este diario que esa conversión de 300.000 puestos "que están en fraude de ley" se completará de aquí a 2025.
Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública, con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en Moncloa.
Iceta anunció, de hecho, que para evitar el embolsamiento de interinos, "el Gobierno prevé reformar el estatuto básico del empleado público en su artículo 10". El cambio implicará que "si una Administración pública no cubre en tres años una plaza de carácter fijo, la perderá".
En su presentación, el ministro Iceta planteó siete puntos, dentro de las reformas concretas que impulsará desde su cartera en los próximos años. El primero, el ya anunciado de reducir temporalidad en el empleo público; el segundo, reforzar las capacidades del empleo público; el tercero, el esbozado consistente en captar talento.
Además, se pretende desarrollar el plan de gobierno abierto, como cuarta iniciativa; una estrategia de refuerzo del sistema público de evaluación -es decir, auditorías más transparentes, como quinta actuación; el refuerzo de la cooperación interterritorial; y finalmente, "una reforma de la ley reguladora de las bases del régimen local, que incluirá la aprobación del estatuto básico de los municipios pequeños y en riesgo de despoblación".
"La radiografía"
Según Iceta, la temporalidad en las Administraciones es un problema endémico. Pero con diferentes incidencias. El ministro ha agradecido a las CCAA y los Ayuntamientos su colaboración en la elaboración de una radiografía" de la función pública.
Y de ella ha sacado las siguientes conclusiones: sólo el 7% del empleo de la Administración General del Estado es temporal "frente al 38% en las CCAA". El objetivo es que al acabar la implantación de este plan, "los procesos de estabilización de los interinos" que comenzaron con el Gobierno del PP en 2017, "esos 300.000 trabajadores temporales que siguen en condición de eventuales se conviertan en personal fijo".
Se reformará la ley de función pública "para destacar el papel del directivo público profesional", la promoción del talento femenino y un esfuerzo para la capacitación digital de los funcionarios y empleados públicos. "Sólo el 12% de los empleados públicos tienen menos de 40 años", lamentó Iceta, "y hay que captar talento cambiando el acceso a la Administración, primando aptitudes sobre el memorismo en las oposiciones".
Calviño y las cifras
El ministro de Política Territorial confirmó que ya ha sacado su departamento a información pública los anteproyectos de dos leyes para mejorar la transparencia de la Administración. La que regulará la actividad de lobbies y la de prevención de conflictos de intereses.
La vicepresidenta económica destacó, por su parte, la importancia del Componente 11, que "es clave en la transformación de nuestro país". Este es quizá, el "pilar fundamental" para el funcionamiento efectivo del PRTR, razón por la que el Gobierno prevé cinco reformas y cinco inversiones de hasta 4.315 millones de euros sólo hasta 2023.
"Habrá un antes y un después de la Administración Pública en España", sentenció Miquel Iceta. "Es muy ambicioso, pero no son sólo números, también son actuaciones concretas".