La reducción de la pobreza y la desigualdad es uno de los grandes objetivos de la estrategia España 2050 planteada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ella se expone la necesidad de crear "una nueva prestación por crianza de hijos e hijas menores de 18 años". De este modo, se lograrán ampliar las prestaciones sociales y se adaptarán a las nuevas realidades laborales y demográficas del país. 

El documento, de casi 700 páginas, recoge que esa nueva renta universal para familias con hijos menores debe "dirigirse a familias que se encuentran en riesgo de pobreza pero no cumplen los requisitos para acceder al IMV". Ahora bien, en un segundo estadio debería extenderse a toda la población. 

Esta no es la única prestación nueva que incluye el documento. Los expertos que han colaborado con la Oficina Nacional de Prospectiva de Moncloa consideran que es necesario reformar todas las prestaciones familiares porque "tienen un efecto pequeño sobre la distribución de la renta". El objetivo es lograr que los hogares que no hacen declaración de IRPF por su nivel de ingresos puedan "ser devueltas al contribuyente".

El IMV queda corto 

El objetivo de ambas es que ayuden a complementar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) "adaptándolo a las necesidades de colectivos específicos" ya que "tendrá un impacto limitado en la reducción de la pobreza extrema". Por tanto, la idea es "aumentar la cobertura de ingresos". 

Ahora bien, más allá de las prestaciones sociales también se contempla una extensa reforma tributaria que permita -de aquí a 2030- hacer un sistema fiscal más justo y equitativo. 

¿Y qué proponen? Básicamente "ampliar las bases de los impuestos", que son la principal causa de la baja capacidad recaudatoria del sistema fiscal. Es decir, lograr que haya más gente que pague impuestos (por arriba y por abajo). Para ello, propone un "escrutinio" de los beneficios fiscales y que mantengan sólo aquellos que "sigan principios de efectividad, eficiencia y equidad". 

Del mismo modo, propone que se logre un impuesto a las tecnológicas en el ámbito de la OCDE o, si no se logra, a escala la Unión Europea. De este modo, habría una base común en el impuesto de sociedades para todas las empresas de servicios digitales que operen en la Unión Europea. 

Más impuestos

También se prevé una "reforma integral de los impuestos de la renta, el patrimonio, sucesiones y donaciones". De lo que se trata es de eliminar los "incentivos fiscales a favor de la inversión de activos relacionados con el patrimonio inmobiliario". 

Prevé también "replantear el papel del impuesto sobre patrimonio y de suciones y donaciones en las haciendas autonómicas". La idea es "evitar estrategias de competencia fiscal indeseables, las cuales minan el alcance recaudatorio y progresivo s de estos impuestos y el principio de igualdad que rige en nuestro país". 

Todo ello aderezado de la creación de un amplio catálogo de impuestos medioambientales -plásticos, diésel, etc.- que ayuden a financiar y fomentar la transición ecológica que debe impulsar el país en los próximos años.  

España 2050 prevé también mejorar la lucha contra el fraude fiscal y mejorar la formación e información tributaria de la ciudadanía. Con dos componentes: uno formativo durante la educación secundaria y otro informativo con la combinación de políticas informativas que "aumenten la moral y el cumplimiento fiscal". 

Cerco a fondos, sicavs y alquiler

Aunque no figura entre las medidas objetivo del Gobierno, el cerco a los rendimientos del capital de inversión vuelve a formar parte de las cartas con las que quiere contar para conseguir una política fiscal más redistributiva. En concreto se señala que estas iniciativas estarían "orientadas a elevar la progresividad de los impuestos sobre la renta y el patrimonio".

Entre las medidas que España 2050 prevé considerar, figura "explorar nuevas formas de gravamen que aumenten la tributación de las rentas del capital capitalizadas en fondos de inversión y sicav", dos vehículos que en los últimos meses han visto modificadas sustancialmente sus reglas de juego. Especialmente, las segundas, que incluso están sometidas ahora a un mayor marcaje por parte de la Agencia Tributaria.

Asimismo, se propone "revisar los incentivos e instrumentos fiscales aplicados a los rendimientos de viviendas alquiladas". Lo que podría concretarse en "elevar el porcentaje de imputación de rentas por viviendas a disposición de usuarios", según sugiere una de las notas del extenso programa de reformas.