Este es el implacable diagnóstico del informe que acaba de publicar Bruselas sobre los problemas que atenazan a la economía española y ponen en riesgo la recuperación tras la pandemia. Un año más, la Comisión Europea vuelve a incluir a España en el grupo de países de la UE que sufren desequilibrios económicos, junto con Alemania, Croacia, Francia, Irlanda, Holanda, Portugal y Suecia. La peor situación se registra no obstante en Italia, Grecia y Chipre, donde los desequilibrios son "excesivos".

En el caso de España, el Ejecutivo comunitario critica además la parálisis reformista durante los últimos años y la marcha atrás en ámbitos considerados clave como las pensiones. Un problema que Bruselas espera que se corrija en los próximos meses con las ayudas multimillonarias del fondo Next Generation, que están condicionadas a la puesta en marcha de reformas económicas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha solicitado 70.000 millones en subvenciones para los próximos tres años.

"Hasta la pandemia de Covid-19, la acción política para reducir los desequilibrios era limitada en la mayoría de las áreas. En particular, las medidas para reducir la segmentación del mercado laboral combatiendo el abuso de los contratos temporales no fueron muy eficaces. Y se han logrado avances limitados en el área de la gobernanza prespuestaria y en las reformas encaminadas a reducir los desajustes de formación, impulsar la investigación y la innovación y mejorar el entorno empresarial", lamenta Bruselas.

Política fiscal prudente

"La complejidad de los procedimientos administrativos y las restricciones regulatorias impuestas a los proveedores de servicios siguen suponiendo una carga para las empresas. Además, la decisión de volver a vincular las pensiones con la inflación amenaza con empeorar la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo, a menos que las medidas compensatorias previstas sean suficientemente ambiciosas", subraya el informe. 

En materia presupuestaria, el Ejecutivo comunitario ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez un viraje a partir de 2022 desde la barra libre de gasto público que impera desde el principio de la pandemia hacia una política fiscal "prudente". Eso significa mantener bajo control el gasto corriente y financiar la inversión con los fondos de la UE, que no aumentan el déficit ni la deuda. Cuando las condiciones económicas lo permitan, previsiblemente a partir de 2023, España deberá volver a la consolidación fiscal con el fin de garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas. 

Y es que la deuda es ahora mismo el principal problema de la economía española. El nivel de deuda externa sigue siendo extremadamente preocupante. Estaba mejorando hasta el estallido de la pandemia, pero ha vuelto a dispararse desde el 74% del PIB a finales de 2019 hasta el 84% a finales de 2020.

Por su parte, la deuda pública de España aumentó el año pasado 25 puntos porcentuales, desde el 95,5% hasta el 120% del PIB.

Un incremento que se explica por varios motivos. El desplome de la actividad económica, el agujero en las cuentas públicas provocado por la caída de ingresos y el aumento del gasto público para amortiguar el impacto de la Covid y la inclusión de la Sareb. El banco malo acumula el ladrillo tóxico de la anterior crisis, dentro del sector público.

Bruselas ha avisado del "alto riesgo" a medio plazo de esta deuda desbocada.

Debido a la pandemia, la deuda del sector privado también ha subido desde el 130,3% a principios de 2020 al 147,4% en el último trimestre de ese año. "Persiste la necesidad de desapalancamiento para el sector privado, tanto para las empresas como para los hogares", dice el informe de la Comisión Europea.

Finalmente, la tasa de paro ha subido 1,5 puntos entre 2019 y 2020, hasta situarse en el 15,5%. Volverá a crecer ligeramente este año hasta alcanzar el 15,7%, según las previsiones del Ejecutivo comunitario. Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han contribuido a contener la pérdida de puestos de trabajo durante la crisis, pero no la evitan por completo.

"Por lo tanto, no se puede descartar una pérdida adicional de empleo una vez que los ERTE concluyan", avisa la Comisión. Tanto el nivel de paro juvenil como la tasa de temporalidad se sitúan entre las más altas de la UE. "Un paro persistentemente alto obstaculiza el proceso de ajuste", señala el informe.