El acuerdo en la OCDE para obligar a las multinacionales a pagar más impuestos deja a la Unión Europea en una posición de esquizofrenia absoluta. Por un lado, los máximos dirigentes comunitarios y las grandes potencias de la eurozona (Alemania, Francia, Italia y España) aplauden el pacto. "Más justicia y menos paraísos fiscales", ha escrito en Twitter el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni. "Es un paso colosal hacia una mayor justicia fiscal", sostiene el ministro de Finanzas alemán Olaf Scholz. "Un paso sin precedentes hacia un sistema fiscal internacional más justo", coincide la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño.

Al mismo tiempo, de los 9 países que no apoyaron el acuerdo, 3 son Estados miembros de la UE: Irlanda, Hungría y Estonia. También votaron en contra Barbados, Kenia, Nigeria, Sri Lanka y San Vicente y las Granadinas. Perú se abstuvo porque no tiene Gobierno. Dado que las decisiones sobre impuestos requieren unanimidad, Dublín, Budapest y Tallin tienen poder de veto para bloquear la aplicación uniforme de las nuevas reglas en la UE. 

El acuerdo en la OCDE -que ha sido suscrito por 130 países, entre ellos Estados Unidos, Rusia, China o India- consta de dos pilares. El primer pilar tiene como objetivo garantizar que las multinacionales, en particular los gigantes digitales, paguen impuestos en los países donde obtienen beneficios, aunque no tengan presencia física.

Es decir, se trata de evitar que estas compañías registren la mayoría de sus beneficios en el país que les ofrezca el mejor trato fiscal, como ocurre ahora por ejemplo con Irlanda, que es la sede europea de Facebook, Google o Apple. Gracias a la reforma, los derechos impositivos sobre más de 100.000 millones de dólares de beneficios, que ahora se quedan en estos paraísos fiscales, se redistribuirán cada año entre los países miembros.

El segundo pilar consiste en fijar un tipo mínimo mundial del 15% en el impuesto de sociedades, con el objetivo de acabar con la competencia fiscal a la baja. Este nuevo mínimo generará alrededor de 150.000 millones de dólares de ingresos tributarios extra a nivel mundial, según los cálculos de la OCDE. Unos ingresos que los grandes países necesitan con urgencia para financiar la reconstrucción tras la Covid-19.

Es este tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades lo que más preocupa a Irlanda, Hungría y Estonia. El modelo económico irlandés se basa en buena medida en impuestos bajos (un 12,5% en sociedades) y acuerdos tributarios ventajosos para atraer a las grandes multinacionales, a costa de los vecinos. En los últimos años, Bruselas ha acusado a Dublín de actuar como un paraíso fiscal dentro de la UE y ha tumbado su pacto con Apple (aunque el caso sigue litigándose en el Tribunal de Justicia de la UE).

El ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, que es también el presidente del Eurogrupo, ha dicho que Irlanda perdería un 20% de sus ingresos fiscales (es decir, hasta 2.400 millones de euros al año) si el acuerdo preliminar de la OCDE sale adelante. "Este es un asunto de enorme sensibilidad nacional para Irlanda, un asunto clave para nosotros", ha dicho Donohoe este viernes en una entrevista en la radio Newstalk.

Dublín teme que subir sociedades del 12,5% al 15% le haría perder su competitividad en la escena mundial. Este tipo del 12,5%, vigente desde 2003, se ha convertido en una especie de totem nacional intocable. Incluso cuando tuvo que ser rescatada por la UE durante la crisis de deuda de 2010 (con un paquete de asistencia financiera de 85.000 millones de euros), Irlanda resistió a las presiones brutales de sus socios comunitarios y no aceptó aumentar el impuesto de sociedades.

Convencer a Dublín

Por su parte, el húngaro Viktor Orbán también se opone al tipo mínimo del 15% porque su Gobierno rebajó en 2017 el impuesto de sociedades al 9%, con el objetivo declarado de atraer la inversión internacional. Estonia alega que el acuerdo de la OCDE pone en riesgo su régimen de tributación para las empresas, que se lanzó en el año 2000 "como parte de nuestro entorno empresarial simple, transparente y favorable a las inversiones".

La Comisión de Ursula von der Leyen todavía ve posible convencer a estos tres países de que cambien de posición y aprueben la reforma. "Confiamos en que, a medida que se desarrollen más los detalles técnicos de las propuestas en los próximos meses, el resto de Estados miembros también podrán suscribir el acuerdo", ha dicho este viernes el portavoz de Fiscalidad, Daniel Ferrie. El pacto de la OCDE debe ser ratificado en la reunión del G-20 que se celebra el próximo fin de semana en Venecia y se espera que los detalles técnicos que quedan se cierren en octubre.

¿Qué pasará si los pronósticos del Ejecutivo comunitario no se cumplen y Hungría, Irlanda y Estonia se enrocan en su rechazo al acuerdo? La Unión Europea sería entonces incapaz de llevar a la práctica esta reforma fiscal para que las multinacionales paguen más impuestos, pese a ser su mayor impulsor. Cualquier acuerdo en la OCDE sobre un tipo mínimo del 15% debe trasladarse después a una directiva comunitaria para garantizar su aplicación coherente en todos los Estados miembros y su compatibilidad con el derecho europeo.

"En el mercado único, en el que las esconomías están tan entrelazadas, necesitamos un planteamiento homogéneo aplicado por todos los Estados miembros. De lo contrario, corremos el riesgo de tener lagunas y resquicios legales que crearían nuevos obstáculos fiscales y nuevas oportunidades para la ingeniería tributaria. También se necesita un enfoque a escala de la UE para dar más seguridad a las empresas que operan en varios Estados miembros", sostiene el portavoz de la Comisión. 

Sin embargo, hasta ahora Irlanda ha vetado cualquier intento de la UE para avanzar en esta dirección. La propuesta de Bruselas de crear una base común imponible para el impuesto de sociedades -cuyo objetivo es también combatir la elusión fiscal de las multinacionales pero ni siquiera tocaría los tipos- lleva ya 10 años bloqueada. Dublín tumbó también el plan original de la Comisión de poner en marcha una tasa a los gigantes digitales.

La respuesta al constante boicot irlandés ha sido que los Estados miembros actúan por su cuenta. Así lo han hecho por ejemplo España o Francia con la tasa Google y así podría ocurrir de nuevo con la puesta en práctica del acuerdo de la OCDE. De hecho, Podemos ha pedido este viernes aplicar ya en España el tipo mínimo del 15%, sin esperar a la decisión de la UE. Es decir, el resultado final podría ser un caos de soluciones nacionales unilaterales y contraditorias entre sí que volverían a tensionar el mercado único europeo.