En la entrevista que ha concedido a Invertia, García Andrés explica los cambios que conllevarán ambas legislaciones, como el 'veto' en el acceso a subvenciones y contratación pública para las empresas que no paguen a tiempo a sus proveedores o que los autónomos no corran el riesgo de perder sus hogares si entran en procesos concursales. 

Además, el secretario de Estado se 'moja' en otras cuestiones. Informa de que por el momento la quinta ola no está teniendo efectos negativos sobre la economía española y de que el Gobierno no tiene intenciones de salir de Caixabank tras la fusión bancaria, una operación "claramente positiva" para el Estado. 

Su departamento afronta un fin de curso intenso, con varias medidas que van al Consejo de Ministros, como el anteproyecto de ley de la legislación 'Crea y Crece'. 

Esta legislación va a hacer más fácil el proceso de creación de empresas, de sociedades de responsabilidad limitada, reduciendo el capital inicial desde los 3.000 euros actuales hasta un euro. Y además introduce otras mejoras en el proceso para hacerlo más rápido. Para que quien se anime a crear una empresa no tenga los obstáculos que tiene ahora y el proceso sea más fácil, sobre todo ahora que empezamos la recuperación. A la mejora cíclica que estamos viendo le tienen que acompañar mejoras estructurales e institucionales, para que efectivamente se creen más empresas y estas tengan un marco más adecuado para crecer.

Creo que también tiene importancia la generación de una especie de ventanilla única para la creación de empresas.

Ya existe el Centro de Información y Creación de Empresas (CICE), que facilita que todos los trámites se hagan a través de él y de forma digital. Lo que vamos a hacer es generalizar el uso de este instrumento para crear empresas de forma más fácil.

Por otra parte, la ley incluye una revisión de la legislación de unidad de mercado, justamente para reforzar la protección de los operadores, es decir, de las empresas, y para mejorar la cooperación interinstitucional e identificar aspectos concretos de la manera de aplicar la regulación. Algunos requerimientos administrativos suponen costes innecesarios (para las empresas) que no están justificados por los objetivos de las normas.

Algunos requerimientos administrativos suponen costes innecesarios (para las empresas) que no están justificados por los objetivos de las normas

La semana pasada se celebró la conferencia sectorial para la mejora regulatoria y clima de negocios que presidió la vicepresidenta Calviño con las comunidades autónomas y dentro de la ley regulamos también algunos de los elementos que va a poder hacer esta conferencia sectorial. Nace con la vocación de ser muy práctica y de centrarse en ámbitos fundamentales, como las licencias comerciales, para hacer ordenanzas… Es decir, para ponerse de acuerdo en algunas buenas prácticas que faciliten la vida a las empresas.

Todo esto que cuenta suena a satisfacer también a Bruselas. La Comisión ha criticado la fragmentación que sufre el mercado español. ¿Las medidas de las que habla no van a llevar a un enfrentamiento con las autonomías por cuestiones competenciales?

No. La reacción de las comunidades a la creación de la conferencia fue muy positiva. El planteamiento no es conflictivo en términos de competencia. Es totalmente respetuoso con cada nivel de la administración. Este enfoque fue ‘saludado’ por las autonomías y ya hemos acordado algunas medidas para empezar a trabajar a partir de septiembre.

¿Se prevén ciertos castigos para las empresas ‘morosas’ en la nueva ley de creación de empresas?

Hay un apartado muy destacado para luchar contra la morosidad comercial, que es una práctica que, a pesar de que hay una legislación que marca periodos máximos de pago entre empresas, sabemos que está extendida y que la sufren sobre todo las pequeñas y medianas empresas (pymes). Esto les genera costes de liquidez y les impide crecer. Todas las asociaciones de pymes nos trasladan este problema.

Lo que hacemos en el anteproyecto de ley es generalizar el uso de la factura electrónica entre empresas y autónomos. Este va a ser el mecanismo que va a permitir tener la información sobre las prácticas de pago entre empresas y va a ser la base para que podamos hacer que las empresas cumplan.

Las empresas que no cumplen los plazos de pago legales no podrán acceder a subvenciones

Una de las medidas va a ser modificar la ley de subvenciones para que las empresas que no cumplen los plazos de pago legales no puedan acceder a subvenciones. Pero aquí, como ya hemos visto en el caso de la morosidad pública, es fundamental tener la información fiable para saber cómo se paga para poder introducir incentivos que sean eficaces y que introduzcan una cultura de pago más sana.

Pensamos que además esta legislación va a beneficiar a las pymes, que son las que tienen menos capacidad de imponer esos plazos de pago a sus proveedores.

¿Qué otros incentivos se van a poner sobre la mesa para que las empresas cumplan los plazos de pago?

Hay también una modificación de la contratación pública para que el no pago a los contratistas dentro de un contrato público sea una causa de resolución de contrato. La medida está pensada para los casos en los que el contratista tiene un subcontratista. Ahí se obliga a que se le pague a tiempo porque, si no, se le corta el contrato.

Es decir, que vamos a introducir dos modificaciones ligadas a esta reforma de la factura electrónica para que las empresas entiendan que no se puede operar con esos plazos de pago y las que operen con esos plazos de pago van a tener cortes en particular en el acceso a subvenciones y a la contratación pública.

Sabemos que este problema no se ha podido resolver. Por eso queremos hacer un enfoque más moderno basado en poder usar una medida como la factura electrónica. Pero no solo contra la morosidad, sino como una medida de digitalización de las empresas que va a facilitar la transición a las más pequeñas. Tenemos confianza en que va a ser eficaz.

¿En qué plazos se plantea aprobar esta legislación? ¿Antes de que termine el año, como la reforma de pensiones?

Cada anteproyecto tiene su ritmo, en particular por los compromisos con Bruselas. En nuestro caso, se aprobará hacia mediados del año que viene. Esta ley necesita una tramitación en la que nos vamos a dar toda la prisa que podamos, pero también queremos tener todas las aportaciones de todos los implicados. Toca varios aspectos, implica a varios ministerios y hay que hacerla bien.

¿Se ha hablado ya algo con el lado ‘morado’ del Gobierno?

Bueno, cuando se lleve al Consejo de Ministros, antes de que se saque a audiencia pública. Es el proceso que se sigue habitualmente para estas disposiciones dentro del Gobierno.

¿Hay algún tipo de medida que tenga que ver con la fiscalidad? Ya sabe que las empresas siempre insisten en que el problema, en su caso, está en los impuestos.

No hay medidas fiscales en este anteproyecto. Estamos centrados en mejorar todas las medidas que tienen que ver con los aspectos regulatorios, de digitalización y de crecimiento empresarial, que son las que afectan realmente a todo el ciclo de vida de las empresas desde su creación hasta su crecimiento. Tenemos también un apartado para potenciar la financiación de crecimiento empresarial: el capital riesgo, las plataformas de financiación participativa… Son instrumentos que ya existen pero queremos potenciarlos y darles elementos para que sean más eficaces para financiar el crecimiento de las empresas.

Los fondos de capital riesgo podrán invertir en fintech

¿Cómo se va a hacer más eficaz esta financiación?

Por ejemplo, los fondos de capital riesgo, que son uno de los instrumentos fundamentales y alternativos al crédito bancario para financiar empresas y en una fase inicial, normalmente, no pueden invertir en empresas financieras. Vamos a introducir que puedan invertir en fintech, es decir, en empresas financieras que tengan un algo contenido tecnológico.

Y vamos a facilitar también que las plataformas de financiación participativa puedan invertir en volúmenes mayores y escalar. Uno de los objetivos fundamentales que se plasman con el fondo Next-tech es que en cuanto las empresas ya han pasado de la fase inicial y tengan que recurrir a una fase nueva de financiación para aumentar la escala pueda haber instrumentos adecuados de capital español para que tengan donde elegir.

Es decir, permitirles acceder a otras vías de financiación tipo ‘business angels’.

Sí. Hay una disposición sobre el tratamiento de la inversión de los ‘business angels’, pero en el anteproyecto de ley de ‘startups’.

Para este mismo martes está previsto que se apruebe el anteproyecto de ley con los cambios que se quieren hacer en la ley concursal, en colaboración con el Ministerio de Justicia. ¿En qué claves están trabajando?

Las claves tienen que ver con lo que entendemos que son las necesidades del procedimiento concursal y de la economía española en esta situación. Por una parte, mejorar todos los procesos preconcursales. En muchos casos, cuando las empresas llegan al concurso no hay forma ya de salvarlas. Lo que queremos es que todas las empresas que están en una situación complicada, de forma anticipada, puedan entrar en procedimientos preconcursales que sean ágiles y que les permitan ser viables.

Así nos alinearemos con los sistemas concursales más eficaces para preservar el tejido empresarial con un sistema ágil. Esa necesidad en el caso actual, después de todo el golpe que ha supuesto la pandemia en algunos sectores en particular, pensamos que es una prioridad de política económica fundamental.

Además, se introduce una serie de mejoras en los procedimientos. Tratar de acortar su duración, porque al final eso afecta al resultado. También se van a introducir mejoras en la ‘segunda oportunidad’, para que pueda haber una exoneración para autónomos (personas físicas) y que puedan seguir su negocio sin perder la vivienda o su patrimonio.

Se va a hacer también un procedimiento especial para micropymes, mucho más ágil, y se van a introducir planes de reestructuración de manera, pensamos, que las empresas viables que están en dificultades puedan alcanzar un acuerdo con sus acreedores para reestructurar su deuda en condiciones sanas y suficientes para volver a operar. Esto sería como una especie de clínica para una empresa que lo está pasando mal. Se le hace una intervención y así puede salir al mercado y volver a crecer.

¿Se trata de un servicio de mediación?

No, no. La legislación concursal es un servicio judicial, pero justamente la reforma lo que pretende es poder actuar en un ámbito más flexible que el judicial antes de que se llegue al punto en el que la única salida es la liquidación de la empresa. El problema aquí es la coordinación. Hay muchos acreedores, está el propietario, están los financiadores… Lo que hay que hacer es regular estos procedimientos y generar los incentivos para que haya una coordinación.

¿Cómo van a ser estas mejoras en la ‘segunda oportunidad’?

Esto es para empresas que son personas físicas. La idea aquí es que sea más sencilla la exoneración de deudas manteniendo una parte esencial del patrimonio, tanto para que no pierdan la vivienda como para que puedan continuar su actividad. Esta medida, en el entorno posterior de la pandemia, en el que muchos autónomos o personas físicas han sufrido mucho las consecuencias, puede tener un efecto significativo.

Queremos que la exoneración de deudas de los autónomos sea más sencilla y que puedan continuar su actividad manteniendo una parte esencial del patrimonio, como su vivienda 

¿Cuántos autónomos se podrán beneficiar de este cambio normativo?

La prestación por cese de actividad para autónomos ha sido fundamental durante toda la pandemia. Cuando entre en vigor la medida veremos a cuántos afecta. El objetivo de todas las políticas económicas que se han adoptado es que haya el menor número de autónomos y también de otras empresas que tengan que llegar a la vía concursal o preconcursal. Pensamos que con la recuperación económica el número se reducirá, pero también que en una economía dinámica como la nuestra hay actividades que entran en crisis.

¿Piensa en el turismo y la hostelería?

Sí, pero no solo. Hay otros sectores que tienen dificultades. Afortunadamente, esos sectores que han sufrido más son los que más han crecido en términos de afiliación a la Seguridad Social. Pero la economía ya estaba cambiando antes de la pandemia y la Covid ha acelerado este proceso. Hay muchos sectores en los que la digitalización, la transición verde y muchos otros elementos harán que sea importante que el marco concursal sea flexible y adaptado para cualquiera de estas empresas.

También quiere recortar y rebajar los plazos del proceso concursal.

En general, lo que vemos es que la duración media de los concursos es de 30 meses o más. Lo que queremos es recortar estos plazos de manera significativa, sobre todo en el caso de las micropymes, para las que se ha establecido un proceso especial. Al final, depende mucho de cuáles son las dificultades de la empresa y de su tamaño.

Ha habido mucha polémica por la cantidad de ayudas directas que se han puesto en España sobre la mesa. Según los análisis de AIReF, estamos a la cola en Europa. ¿Va a haber más ayudas directas o más flexibilidad para las que ya hay?

Aquí el apoyo a las empresas desde el primer día ha sido intenso, generalizado y multidimensional. Y ahora, en el ámbito de las ayudas directas a la solvencia, ha sido adaptado a las necesidades de cada sector. Se ha sido flexible porque se han ido adaptando y prolongando durante la pandemia, y están en pleno desarrollo. La línea de liquidez de avales del ICO ha movido financiación por valor de 130.000 millones de euros. Esto es más del 10% del PIB español y es riesgo que toma el Estado. Además, tenemos la línea de ICO inversión, que igualmente ha movilizado financiación por casi 10.000 millones de euros.

Todas esas medidas están en plena ejecución. Una de las estrategias de política económica es la de seguir ejecutando esas medidas y apoyar al tejido empresarial. Queremos evitar que cualquier empresa que sea viable no pueda subirse al tren de la recuperación, que ahora toma impulso.

El esfuerzo colectivo que han hecho los españoles para financiar todas estas medidas es extraordinario. Es fundamental que todos estos instrumentos se sigan desplegando de forma eficaz y que sigan llegando a las empresas, sobre todo en los sectores en los que la recuperación de la actividad está tardando más.

Una de las preocupaciones del Gobierno y de los financiadores es cuántas empresas zombis puede haber mantenidas a través de estas medidas que ha comentado. ¿Hay alguna sospecha de cuántas hay?

No es sospecha. Aquí un termómetro interesante es la cantidad de trabajadores que hay en ERTE. Y el ritmo de reducción y activación de esos trabajadores es alto. La actividad y la reactivación están llegando a casi todas las esquinas de la economía. Puede ser que algunas empresas no puedan retomar su actividad y por supuesto vamos a hacer un seguimiento muy estrecho de esas empresas.

Pero si miramos otros datos, como la tasa de morosidad, no estamos detectando señales de que esas empresas que están en una situación de no poder reactivarse tengan un volumen significativo. Por supuesto, en el ámbito de incertidumbre que ha generado la pandemia, esto es incierto. Pero por ahora, según lo que los datos nos permiten ver de forma indirecta, la situación es tranquilizadora, aunque hay que tener cautela.

No estamos detectando señales de que las empresas que están en una situación de no poder reactivarse tengan un volumen significativo de morosidad

En el próximo Consejo de Ministros está previsto que se apruebe el techo de gasto de 2022. Junto a él, normalmente, se presenta una actualización de las previsiones macroeconómicas del Gobierno. ¿Habrá cambios?

No es previsible que tengamos cambios significativos. Lo que ha sucedido desde marzo es una tendencia a mejorar, que claramente se ha acelerado, y está en línea con las previsiones que se habían hecho con el Programa de Estabilidad en abril. Es decir, que las previsiones que teníamos están en línea con lo que está sucediendo.

¿Se está notando algún efecto de la quinta ola de coronavirus en los datos económicos?

Estamos mirando los datos día a día, porque es lo que demanda la situación, y por ahora no hemos notado un efecto de la evolución de los casos de covid. Pero, por supuesto, no se descarta que pueda tenerlo y habrá que seguir este fenómeno.

Pero de lo que podemos estar bastante seguros es que el efecto que va a tener este incremento de los contagios sobre el sistema sanitario, la movilidad y la actividad es muy diferente al que ha tenido cualquier dinámica anterior dentro de la pandemia. Hay un elemento que lo cambia todo: la campaña de vacunación y su avance. Ha ido casi al milímetro con lo que habíamos previsto en abril.

En cualquier caso, la población ya se pregunta si era necesaria la retirada de restricciones que ha sucedido en las últimas semanas, a tenor del avance de la quinta ola. ¿Nos la hemos jugado un poco para ‘forzar’ la actividad económica? ¿Ha valido la pena teniendo en cuenta que la Atención Primaria vuelve a estar colapsada?

Bueno, eso es una cuestión de política fundamentalmente sanitaria. La salud y la economía van de la mano. Aquí lo fundamental es la campaña de vacunación, que es lo que permite que no tengamos una presión sobre el sistema sanitario en términos de enfermedades y fallecimientos. Las perspectivas de sostenimiento de esta recuperación son buenas y es clave mantener la intensidad de España en vacunación, algo en lo que nuestro país está destacando en el panorama internacional.

Entonces, para ustedes la apertura de restricciones es positiva.

Son cuestiones de política sanitaria. Nosotros estamos centrados en la economía y en la política económica.

¿Qué posición tiene su departamento sobre una futura extensión de los ERTE hasta diciembre en las mismas condiciones en las que están ahora?

El ERTE ha sido un mecanismo extraordinariamente eficaz. Y se ha hecho en negociación con empresas y trabajadores, una flexibilidad laboral negociada de la que tenemos que aprender. Respecto a su extensión, venimos defendiendo que los ERTE hay que seguir utilizándolos pero adaptándolos a la actividad. La decisión que tomemos va a depender de cómo esté la economía y el mercado de trabajo a la vuelta de las vacaciones. Hay elementos claros de incertidumbre que hay que despejar.

¿Y más allá de este año? ¿Qué hay de los ERTE permanentes que está formulando el Ministerio de Trabajo?

Estos instrumentos hay que flexibilizarlos y, sobre todo, consolidarlos y ampliarlos. En la reforma del mercado de trabajo prevista en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hay dos mecanismos de flexibilidad, uno más cíclico y otro estructural, y estamos trabajando en ello.

Su predecesora, Ana de la Cueva, tuvo una relación muy cercana y muy intensa con Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo y responsable de la negociación de la reforma del mercado del trabajo. ¿Está teniendo usted este tipo de relación?

Sí, claro. No solo con él, sino con otros secretarios de Estado. Parte de mi trabajo es tener una relación muy intensa con ellos en campos fundamentales con la economía.

Según hemos podido saber en Invertia, la última oferta de reforma laboral del departamento de Trabajo no era precisamente compartida por la totalidad del Gobierno.

Aquí hay una negociación del Ministerio de Trabajo, pero también es una política fundamental del Plan de Recuperación. Nosotros estamos trabajando y estamos involucrados en ella. Todo nuestro trabajo es llegar a tener una reforma que desarrolle los elementos incluido en el Componente 23 del Plan y que cumplamos el compromiso.

Pero lo más importante es que sea un cambio para superar la anomalía que tiene España en su mercado de trabajo y que sea decisivo a la hora de reducir la temporalidad, la precariedad laboral y el paro estructural. En particular, para los jóvenes, que son una parte de la población que ha sufrido dos crisis de gran intensidad y a los que tenemos que darles un horizonte.

Esta reforma, vinculada a muchas otras, todas las que tienen que ver con la formación de capital humano y tecnológico, son básicas no solo para cumplir nuestro compromiso, sino también para avanzar hacia un mercado de trabajo más acorde a la España del siglo XXI.

Las empresas no han tocado la puerta para protestar por lo que se está proponiendo en el marco de la reforma laboral

¿Cómo valora entonces las ofertas que está haciendo el Ministerio de Trabajo?

La dinámica del Diálogo Social está siendo extraordinariamente útil y muy eficaz. Las reformas que vienen avaladas por acuerdos con los agentes sociales son más duraderas y mejores. Seguimos el proceso, pero nosotros estamos centrados en la sustancia de lo que va a salir al final.

¿Las empresas han llamado a su puerta para protestar por lo que se está proponiendo en esta negociación, sobre todo en el caso de los límites a la subcontratación y a la temporalidad?

Nosotros tenemos una relación fluida con las empresas. Pero no, no han tocado a la puerta. Y lo que estamos haciendo es dialogar con las empresas sobre este y muchos otros temas, tanto sobre las reformas contenidas como por la ejecución del Plan de Recuperación.

Su Ministerio, concretamente la vicepresidenta Calviño, protestó por los ERE que anunciaron Caixabank y BBVA. Ahora que se han resuelto, ¿cuál es su valoración?

Respecto a las primeras cifras que se anunciaron, el proceso de negociación claramente ha resultado en unos términos mejores. Lo valoramos positivamente. Pero más allá de esto, en general, pensamos que tanto los bancos como otras empresas que están en reestructuración tienen que hacer un esfuerzo. Muchas veces es más fácil tratar de ajustar vía empleo, pero pensamos que tienen que hacer un esfuerzo.

¿Se mantiene la ‘amenaza’ o advertencia de limitar los salarios de los directivos de los bancos?

Ya hay una regulación europea. Lo que hay que hacer es seguir mejorando en la responsabilidad de esas prácticas para que sean compatibles con una buena gestión de negocio y con una buena contribución de las empresas a su entorno social y a sus trabajadores.

El planteamiento fundamental es que, para fijar esas remuneraciones, se pueda tener en cuenta cuáles son las condiciones de los trabajadores, la situación de la empresa y la calidad del servicio que prestan las entidades. Esos son elementos de buena gestión y ese es el planteamiento.

La operación de fusión entre Caixabank y Bankia desde el punto de vista de los intereses del Estado ha sido positiva y vamos a tratar de mantener nuestra posición

¿Hay algún plan por parte del Gobierno para salir del accionariado de Caixabank?

No. La operación de fusión desde el punto de vista de los intereses del Estado ha sido claramente positiva y vamos a tratar de mantener esa posición. Y hacer un seguimiento y seguir participando de acuerdo a nuestra participación.

¿En qué situación está la OPA de Naturgy? El Gobierno todavía no ha decidido su decisión al respecto.

Estamos todavía dentro del plazo para autorizar la inversión extranjera y luego está el procedimiento de la OPA que vendría después.

Naturgy es una empresa estratégica en un momento muy delicado en España respecto al mercado energético.

Está claro que la naturaleza de la empresa tiene elementos de interés público que explican que la autorización y el examen de la operación sean particularmente concienzudos. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno.

Hay varias polémicas que han rodeado a la SEPI y concretamente a las ayudas a Plus Ultra. Usted participa en este órgano.

Esto está enmarcado dentro de un proceso judicial. Lo que hay es prudencia y respeto a ese procedimiento. Y respecto al fondo SEPI, como se ha podido ver con otra operación aprobada recientemente, seguimos trabajando y analizando las solicitudes para poder desplegar el fondo de la mejor manera posible.

¿Qué va a pasar con el salario mínimo interprofesional?

La subida que se ha hecho durante los últimos años ha sido la más alta de toda la democracia. Ha sido un impulso de la remuneración de los trabajadores que menos cobran del 30%, algo que no tiene ningún precedente. Al final de la legislatura el SMI se va a poner en el 60% del salario medio, que será un gran logro en términos sociales y de distribución de la renta.

El ritmo de las subidas dependerá de cómo vaya la actividad y la recuperación del mercado de trabajo. Es lo razonable. Esperamos que si seguimos en esta lógica se pueda reanudar el ajuste del salario mínimo a ese objetivo del 60% que se mantiene.

Pero se sigue esperando a que el Gobierno tome una decisión sobre si se sube o no el SMI este mismo 2021. ¿Podemos dar por perdida esta subida?

Yo insisto en que estamos siguiendo cómo marcha el mercado de trabajo. Según esto, se tomará una decisión sobre cuándo se reanuda la subida del salario mínimo.

Desde la perspectiva de las comunidades autónomas se considera que vamos con retraso en la gestión de los fondos europeos. Sobre todo porque no se les está comunicando cómo instrumentalizarlos.

Me extraña porque ya se han repartido créditos a las comunidades autónomas por valor de 7.000 millones de euros y, por tanto, están en la vanguardia en el esfuerzo de ejecución del plan. Las autonomías son una parte fundamental de este plan y los ministerios y la Administración Central están desplegando a toda máquina los instrumentos para la ejecución del plan.

¿Tenemos ya fecha para recibir el prepago de fondos europeos de 9.000 millones de euros?

Está previsto que esta prefinanciación llegue a lo largo del verano. Pero el procedimiento para ejecutar los fondos no ha esperado ni va a esperar a que lleguen.

¿Bruselas está apretando en alguna dirección en particular dentro de los cambios prometidos en el Plan de Recuperación?

Estamos disfrutando de la muy buena nota que nos ha puesto la Comisión en la valoración que ha hecho del plan y que es fruto de todo el trabajo que ha hecho la Administración española. La Comisión va a seguirnos de cerca, pero arrancamos con una valoración positiva y eso es una señal de la credibilidad del plan.

¿Qué vías está explorando su departamento con la banca para que las entidades puedan abandonar el Sareb?

Lo que estamos haciendo es ver las opciones y reflexionando sobre qué adaptaciones hay que hacer a la gobernanza del Sareb para reflejar la decisión de Eurostat.

El Sareb tiene que desaparecer en 2027. ¿Se va a ampliar su vida?

Ahora en lo que estamos es en la reflexión posterior a la decisión de Eurostat. El resto de decisiones tendrán su momento.