El Gobierno prevé que el coste de la deuda a largo plazo se dispare un 80% en 2022 por las dudas del mercado

Todo un problema para un país cuya deuda supone el 125% del PIB. El Banco de España destaca que el Estado adeuda 1,39 billones de euros de los que el 92,74% de ellos son préstamos a largo plazo. Los datos del Tesoro Público indican, además, que la vida media de esta deuda se sitúa en 8,04 años. Hablamos del plazo más largo que ha conocido nuestra deuda, dado que en los últimos años se ha ido extendiendo para beneficiarse de las bondades de financiarse a más duración con costes muchos más baratos. 

De hecho, el 57,2% de la nueva deuda emitida este año se ha emitido a tipos negativos. Además, la mejora de las finanzas de las administraciones públicas está ayudando a que el Estado no tenga que endeudarse tanto, pues las comunidades autónomas empiezan a tener acceso a los mercados mayoristas. 

Reducción en 2021

Tanto es así que el Tesoro acaba de reducir en otros 20.000 millones de euros la emisión de deuda pública prevista para 2021. De este modo, la emisión bruta descenderá hasta 269.157 millones de euros en el conjunto del año. 

Ahora bien, de cara al año que viene las cosas podrían empezar a cambiar según se desprende de las previsiones del cuadro macro del Gobierno. Sin contar el resto de emisiones de letras, bonos y obligaciones, y analizando las emisiones a 10 años que el Tesoro tiene vivas, hablamos de que el Estado pasaría de abonar unos 1.962 millones al año en intereses a algo más de 3.531 millones de euros. 

¿A qué se debe este cambio de tendencia? El economista Javier Santacruz habla de tres grandes factores: "la inflación, los bancos centrales y la desconfianza sobre España". Hay que tener en cuenta que durante 2021 el aumento de los precios ha aparecido en nuestras vidas tras años de inflación prácticamente nula. En lo que llevamos de año la inflación acumulada es del 2,5%. 

Una tendencia que se repite a lo largo y ancho del planeta. Tras el parón de la economía por la Covid-19 en 2020, ahora toca ponerla en marcha. El aumento de la demanda de los productores, la vuelta del transporte y, sobre todo, el auge de las energías renovables, han hecho que los precios se hayan disparado. 

La política de la Fed

Ante esta situación, los inversores temen que los bancos centrales puedan comenzar a retirar o modular sus políticas de estímulo. Algo sobre lo que llevan meses advirtiendo. De hecho, se da por descontado que la Reserva Federal de EEUU (Fed) pondrá en marcha esa retirada de estímulos a lo largo del año que viene.

Lo mismo podría ocurrir con el Banco Central Europeo (BCE), aunque baraja un horizonte temporal más amplio. No obstante, se da una circunstancia añadida: el año que viene -si nada cambia- acaba el programa de compra de activos de emergencia ante la crisis sanitaria. Un programa por el que la institución monetaria habrá inyectado en el mercado otros 1,85 billones de euros en compras de deuda.

Aunque es pronto para saber el impacto que tendrá sobre los intereses globales de la deuda, se puede hacer una estimación del efecto que tendrá el encarecimiento del bono a diez años. Teniendo en cuenta que el tipo medio pagado durante el mes de junio por el Tesoro fue del 1,658%, y dado que en el bono a diez años es en el que más emisiones hay, se puede suponer que el conjunto de la deuda aumente una décima. 

Preocupación

Es decir, suponer que el año que viene el tipo de interés medio pase del 1,658% al 1,758%. Si actualmente los intereses de la deuda emitida representan unos 23.091 millones de euros, pasaríamos a pagar con el aumento de tipos unos 24.500 millones de euros. Unos 1.500 millones de euros más.

Si ese incremento fuera de dos décimas, pasaríamos a pagar el 1,858%, o lo que es lo mismo, se pagarían 25.876 millones de euros. Es decir, casi 2.200 millones de euros más respecto a la media de intereses que se pagan actualmente. Un 12% más, aproximadamente.

Santacruz explica que el tercer factor que debe tenerse en cuenta son "las dudas sobre España". Preocupa entre los inversores cómo se va a acometer el pago de una factura de deuda pública del 125% del PIB. Un porcentaje que supone un elevado servicio de deuda con cargo a los presupuesos públicos.

En definitiva, las mismas dudas que los grandes fondos internacionales ya trasladaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en EEUU. Tal y como contó Invertia, algunas de las grandes firmas globales de inversión mostraron su preocupación por los planes del Ejecutivo en torno a la gestión de la galopante deuda pública.