"Es la cuadratura del círculo", admite el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis. Bruselas ve prioritario que los países de la UE empiecen a rebajar su abultada deuda pública, que se ha disparado como consecuencia del masivo apoyo fiscal movilizado para amortiguar la crisis de la Covid-19. Al mismo tiempo, el Ejecutivo comunitario admite que esta reducción debe hacerse a un ritmo "realista" y "gradual" con el fin no asfixiar la inicipiente recuperación económica. Y defiende preservar la inversión pública destinada a la doble transición digital y verde.

Este es el diagnóstico que se recoge en el documento de análisis con el que la Comisión Europea ha relanzado este martes el debate sobre la posible reforma del Pacto de Estabilidad, que fija un límite del 3% para el déficit y del 60% para la deuda pública. De momento, Bruselas no ha puesto sobre la mesa propuestas concretas, sino únicamente pistas de reflexión. Su prioridad es forjar primero un consenso entre los Gobiernos sobre la política fiscal más adecuada para la era pospandemia y evitar que se reabra la brecha entre Norte y Sur. 

Sólo en una segunda fase, el equipo de Ursula von der Leyen presentará sus propias ideas. Durante el primer trimestre de 2022, ofrecerá a cada Estado miembro orientación sobre la política presupuestaria para el año siguiente. Y a lo largo del año que viene llegarán las propuestas (legislativas o meramente interpretativas) para reformar las reglas fiscales. El objetivo de la Comisión es que los cambios se aprueben a tiempo para 2023, fecha en que volverá a aplicarse el Pacto de Estabilidad, que ahora mismo está suspendido por la pandemia. Sin embargo, Bruselas admite que no hay garantías de que se cumplan los plazos.

"El fuerte apoyo fiscal anticíclico (durante la crisis) -estimado en casi el 19% del PIB entre 2020 y 2022- ha sido esencial para sostener nuestros sistemas de salud y mantener a nuestros trabajadores empleados. Hicimos lo correcto. Pero también ha llevado a mayores niveles de deuda, el 100% de media en la zona euro", ha relatado el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni. 

"Por eso, un tema clave sobre el que debemos reflexionar colectivamente es cómo nuestras reglas fiscales pueden garantizar una reducción gradual de la deuda. Unas finanzas públicas saneadas son un ingrediente esencial para la economía europea, pero la reducción de la deuda debe ser realista y compatible con una estrategia de crecimiento sostenible", sostiene Gentiloni. Una posibilidad que se baraja en Bruselas es establecer sendas individualizadas de reducción de la deuda diferentes para cada Estado miembro según su situación de partida, pero el documento no se pronuncia sobre esta posibilidad.

Estrés en los mercados

El Ejecutivo comunitario ve "esencial" reducir la deuda pública para "mantener unas finanzas públicas sólidas, evitar diferencias fiscales persistentes entre los Estados miembros, preservar condiciones de financiación favorables para el sector público y el privado y evitar episodios de estrés en los mercados", según el documento de reflexión. Además, el recorte de la deuda "es importante para reconstruir las reservas antes de la próxima crisis".

Al mismo tiempo, la Comisión insiste en que es necesario preservar la inversión pública, que en la anterior crisis fue la principal víctima de los recortes y cayó hasta cero. Llevar a cabo la doble transición digital y verde requerirá una inversión adicional (tanto pública como privada) de 650.000 millones de euros anuales hasta 2030, según los cálculos de Bruselas. Las futuras reglas fiscales deben dejar espacio para estas inversiones, aunque el Ejecutivo comunitario no aclara cómo. El Ecofin ya ha debatido una "regla de oro" que permitiría excluir el gasto en cambio climático del cálculo del déficit, pero no hay consenso sobre ella.

En tercer lugar, Bruselas apuesta por simplificar el Pacto de Estabilidad y hacerlo más transparente y previsible. Para ello, la prioridad debe ser reforzar los marcos presupuestarios nacionales y que sean los Estados miembros los que se responsabilicen de la aplicación de las reglas comunes. El modelo a seguir son los planes de recuperación que ha elaborado cada país para acceder a los fondos Next Generation, dice la Comisión.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario no se pronuncia sobre si Next Generation debe convertirse o no en un instrumento permanente de la UE para hacer frente a las próximas crisis, tal y como piden España, Francia o el Banco Central Europeo. En contraste, los 'frugales' se oponen y dicen que se trata de una iniciativa extraordinaria destinada a extinguirse una vez se supere la pandemia.

Y es que pese a las precauciones de la Comisión, la revisión de las reglas fiscales ya ha desatado de nuevo la guerra entre Norte y Sur. Mientras que Madrid, Roma o París insisten en relajarlas para no asfixiar la recuperación, los nórdicos piden volver cuanto antes a los ajustes. La balanza la decantará como siempre Alemania, una vez que se forme el nuevo Gobierno de coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales.