"Nos dicen que no cunda el pánico, que el criterio base será la población". Éste es el mensaje que reitera el Ministerio de Hacienda a las Comunidades Autónomas infrafinanciadas durante los últimos días, cuando se agudiza la inquietud por conocer el nuevo sistema de reparto por el que optará el Gobierno de España para la esperada reforma de la financiación autonómica. El Ejecutivo prevé anunciar el primer borrador este mes de noviembre, pero Hacienda también ha prometido a las CCAA de la España vaciada atender sus reivindicaciones, primando la dispersión y la baja densidad poblacional.

El actual modelo, caducado desde 2014, castiga sobremanera a regiones como la Comunidad Valenciana (que percibe 200 euros menos por habitante que la media) o Andalucía (con 100 euros menos por ciudadano). Y en ambas regiones saltan todas las alarmas cada vez que escuchan al Ejecutivo comprometerse a tener en cuenta otros factores como, precisamente, el opuesto: compensar económicamente a los territorios despoblados.

"La despoblación, como la población flotante por el turismo, la edad de los ciudadanos o cuestiones como la dispersión geográfica o el peso de los costes fijos en cada territorio, servirán para ajustar el criterio poblacional, que será el principal", asegura a las regiones ahora perjudicadas el departamento de María Jesús Montero, según ha podido recabar El Español-Invertia.

Se trata de un mensaje contradictorio con el que emiten a las regiones de la España vaciada. Y, en todo caso, un mensaje mucho más explícito en las conversaciones privadas con los territorios que en las declaraciones públicas del Ministerio de Hacienda, donde guarda más las formas para no herir las múltiples sensibilidades.

Pero el mismo también se detecta en los pronunciamientos oficiales. "La mayor prueba de que se repartirá el grueso en función de la población es que la ministra ha hecho suya la expresión 'población ajustada'. Se ajustará el criterio poblacional, pero será el determinante", subrayan a este periódico fuentes de la Generalitat Valenciana.

María Jesús Montero, en una imagen de archivo. EFE / Juan Carlos Hidalgo

La gran incógnita es conocer cuán "ajustada" estará esa "población" en el nuevo sistema de reparto per cápita. "Esa será la pugna, que las modificaciones que se introduzcan sean razonables, y no como ahora. Cabe recordar que con el actual modelo, sólo el 30% del dinero se distribuye entre las autonomías por criterios estrictamente poblacionales", agregan las mismas fuentes.

La distribución del resto corresponde a un sinfín de fondos (partidas diferenciales en función de multitud de criterios) que se han ido habilitando hasta configurar el complejísimo modelo de reparto que genera los mencionados perjuicios en Comunidad Valenciana, Andalucía o Murcia.

La propia secretaria general de financiación autonómica y local, Inés Olóndriz de Moragas, abogó por eliminarlos en su reciente comparecencia en la Comisión de Presupuestos Generales del Estado del Congreso de los Diputados. Manifestó que se trata de "demasiados fondos" que "complican el análisis global".

Pero tampoco reveló el secreto mejor guardado: la fórmula final mediante la que se articulará el nuevo reparto. "Es obligación de Estado encontrar el equilibrio, y es en eso en lo que estamos trabajando. Seguimos trabajando intensamente, y espero que en breve podamos dar un pasito más", dijo.

En tiempo y forma

La propia María Jesús Montero está inmersa en las negociaciones y tramitación de los PGE. La ministra, según las fuentes consultadas, ya sabe que le va a costar cumplir su compromiso de tener el modelo en tiempo y forma antes de que acabe el mes. Este martes, se reúnen en Santiago de Compostela los presidentes de las ocho regiones despobladas. Son del PP, del PSOE y un regionalista, y van a poner en común sus reivindicaciones.

La información que concreta hasta ahora Hacienda es poca. Pero el mensaje del Gobierno a las autonomías infrafinanciadas sí es claro: tranquilidad.

En esta línea, a quien ya parece haber convencido es a Joan Baldoví. El diputado valenciano de Compromís manifestó este jueves que votará a favor de los Presupuestos Generales del Estado porque Hacienda le ha garantizado que "presentará antes de final de mes un documento donde la financiación valenciana saldrá notablemente mejorada". No ofreció muchos más detalles.

Preguntadas al respecto, fuentes del Ejecutivo de Juanma Moreno Bonilla se mostraron más cautas. "Andalucía, en estos momentos, cuenta con poca información sobre si primará o no el criterio de población ajustada, pero confía en que así sea", manifestaron. La Junta subraya que los 100 euros menos que percibe por habitante "se traducen en un déficit de entre 800 y 900 millones anuales en términos de habitante ajustado". En la Comunidad Valenciana el agujero es de 1.300 millones al año.

El mensaje es idéntico en ambos territorios, cuyos presidentes -Ximo Puig y Juanma Moreno- ya formaron una especie de frente mediterráneo hace mes y medio.

"El volumen necesario para atender los servicios básicos lo determina el número de ciudadanos a los que hay que atender, fundamentalmente en sanidad y educación. El coste por intervención quirúrgica o por plaza escolar, por poner dos ejemplos, es muy similar en todas partes. Entendemos que se debe ajustar en función de lo lejos que estén del hospital o el colegio los ciudadanos, de los costes fijos que soporte cada territorio por sus características geográficas o, por descontado, según los visitantes que reciba. Pero el criterio esencial no puede ser otro que el número de habitantes", razonan.

Patata caliente

La reforma de la financiación autonómica es una auténtica patata caliente a nivel político. Se aborda para corregir la injusticia sobre unas pocas autonomías y, en consecuencia, modificar el actual sistema cuenta, de partida, con más detractores que partidarios. Pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez parece haber encontrado la fórmula para que nadie pierda dinero con el cambio.

Consiste en aportar un mayor volumen de dinero público a la financiación autonómica. El problema es de dónde lo sacará. La propia ministra Montero deslizó este miércoles de que será necesaria "una reforma fiscal que dote de más recursos a las CCAA, bien mediante transferencias o bien mediante una mayor capacidad normativa".

Está por ver si el PP, cuyos votos son imprescindibles para sacar adelante la reforma de la financiación autonómica en el Congreso, comulga con este plan, que sugiere una subida de impuestos.

Pero justo en este asunto los políticos han demostrado que el interés económico está en ocasiones por encima del partidista. Pese a que Madrid, por ejemplo, en absoluto tiene entre sus prioridades la reforma de la financiación, sí es un asunto crucial para Andalucía o Murcia, donde también gobiernan los populares.

En el PSOE ocurre tres cuartos de lo mismo. El 40 Congreso del partido evidenció que la formación que gobierna en España también sufre una pugna interna por esta cuestión. Mientras Puig urge a reformar el sistema por el agravio que genera en la Comunidad Valenciana, Emiliano García Page abandera la reivindicación de compensar a los territorios despoblados (pese a que Castilla-La Mancha también recibe menos que la media por habitante).

A solo un mes de que Montero anuncie su nuevo sistema de reparto, los socialistas fueron incapaces de pactar una propuesta de partido. En cambio, dirigentes de distinta adscripción política como Juanma Moreno y el propio Ximo Puig no han dudado en escenificar su sintonía. Su peculiar alianza PP-PSOE, que nada gustó en la Moncloa, denuncia "la financiación injusta del 30% de España".