2022 será un año de cambios, y no solo por los proyectos que se van a iniciar a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En febrero, la Comisión de Expertos designada por el Ministerio de Hacienda dará luz a una importante reforma fiscal que se tendrá que aprobar antes de que empiece 2023, que será cuando se comience a aplicar. 

Se trata de una serie de cambios tributarios que se han prometido a la Comisión Europea con los que el departamento que dirige María Jesús Montero quiere acercar la presión fiscal española a la media de la Unión Europea, que según el Ministerio es ocho puntos superior a la nacional. Una valoración con la que entes como el Instituto de Estudios Económicos (think tank de la CEOE) no está de acuerdo. 

Parte de la reforma fiscal ya se ha comenzado a aplicar. Por un lado, ya están en marcha dos figuras consideradas fundamentales por el Gobierno para hacer del sistema fiscal español un conjunto impositivo del siglo XXI: la tasas Tobin y Google, es decir, los impuestos sobre las transacciones de acciones y sobre operaciones digitales, aunque su recaudación está por debajo de lo esperado. 

A esto se suma el tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para grandes empresas, que se ha comenzado a aplicar a partir de este 1 de enero, tras la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. 

Se trata de una medida adelantada por dos razones: primera y principal, el acuerdo internacional alcanzado en el seno de la OCDE para imponer un tipo mínimo de Sociedades a escala internacional, que ha animado al Gobierno a adelantar una medida que se preveía para 2023. 

Segunda, la presión de Unidas Podemos, miembro de la coalición de Gobierno con el PSOE, para que esta medida se aplicara cuanto antes. 

Pero esta no es sino la punta del iceberg de la revolución fiscal que estaría manejando la Comisión de expertos y en la que la conocida como fiscalidad verde va a desempeñar un papel fundamental, sobre todo por lo poco desarrollada que está en España. 

En este campo, el Gobierno quiere jugar con tipos fiscales que incentiven las conductas de la ciudadanía más tendentes a favorecer la transición ecológica y energética y contra el cambio climático. 

¿En qué se va a traducir esto? Más que posiblemente, en una subida de los tipos fiscales que se aplican a los combustibles fósiles y las tecnologías que los emplean. De hecho, la propia Montero lleva años intentando aplicar una subida, en particular, la del diésel, pero las sucesivas negociaciones parlamentarias le han obligado a desistir. 

También tendrán un importante rol nuevas figuras que ya se han tramitado. Este es el caso de la tasa al uso de plásticos no reciclados y el impuesto al depósito de desechos a los vertederos, incluidos en la Ley de Residuos.

Otra pata de la reforma se va a centrar en los beneficios fiscales, concretamente en el trabajo que ha desarrollado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en estos elementos: deducciones y exenciones. 

Esta institución ha reclamado un uso más eficiente de estas figuras, y este va a ser uno de los objetivos de la reforma fiscal. Cabe recordar que una de las críticas de la AIReF se ha centrado, concretamente, en el excesivo uso que en España se hace de los tipos de IVA reducidos, que debería disminuir por su escaso efecto redistributivo. 

La institución también ha puesto el foco sobre otras deducciones, como la que tienen los matrimonios por tributación conjunta en el IRPF. Ahora, todo esto está bajo evaluación.

Armonización

También la armonización fiscal autonómica que en varias ocasiones han prometido tanto María Jesús Montero como Pedro Sánchez formará parte de la reforma fiscal. El objetivo, concretamente, es generar unos tipos mínimos de los impuestos nacionales que las regiones pueden modificar.

Aquí el punto de mira está sobre Madrid. La región que preside Isabel Díaz Ayuso se encuentra entre la que más rebajados tiene este tipo de tributos. Se trata de figuras fiscales como Sucesiones, Donaciones y Patrimonio. De hecho, este último impuesto está bonificado al 100%. Es decir, que no se aplica.

Precisamente, por estas prácticas, la autonomía ha sido acusada de 'dumping' fiscal tanto por otras regiones como por el propio Gobierno central. La generación de un 'suelo' impositivo (es decir, que los territorios solo puedan bajar estos tributos hasta determinado punto) tiene como objetivo limitar las políticas tributarias de Madrid, pero también la de otras regiones, como Andalucía.  

Esta medida se formulará en paralelo a la nueva financiación autonómica, que el Ministerio de Hacienda ya ha presentado a las comunidades autónomas. Los próximos meses se antojan 'moviditos' en materia de impuestos, un tsunami fiscal que acabará afectando inevitablemente a todos los estamentos de la sociedad española, incluidas las clases medias.