La Comisión Europea ha recordado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez que debe garantizar el correcto reparto de los fondos Next Generation tras el recurso presentado por Isabel Díaz Ayuso ante el Tribunal Supremo. La presidenta de la Comunidad de Madrid denuncia una distribución "arbitraria" de un paquete de ayudas de 9 millones de euros para País Vasco, Navarra, Valencia y Extremadura, del que han quedado excluidas el resto de comunidades autónomas.

"La cooperación con las autoridades regionales y locales es esencial para un diseño y puesta en práctica efectivos de los planes de recuperación y resiliencia", ha dicho la portavoz de Economía del Ejecutivo comunitario, Veerle Nuyts, en una declaración escrita al ser preguntada por la denuncia de Madrid. 

De hecho, el reglamento de Next Generation "reconoce a las autoridades regionales y locales como socios clave para implementar reformas e inversiones". Además, establece "la obligación de que los Estados miembros proporcionen un resumen del proceso de consulta con las autoridades locales y regionales, los interlocutores sociales y otras partes interesadas", ha recordado la portavoz.

En el caso de España, las conferencias sectoriales son el mecanismo previsto para garantizar la cooperacion entre el Gobierno central y los autonómicos. Se ha creado una conferencia específica para la ejecución del plan de recuperación y las conferencias sectoriales existentes deben desempeñar su papel para las inversiones y reformas de su competencia, señala el Ejecutivo comunitario.

En primera instancia, corresponde a los Estados miembros "garantizar que se cumplan las leyes nacionales y europeas, incluyendo la prevención, detección y corrección de conflictos de intereses, corrupción, fraude y doble financiación. Los Estados miembros deben explicar, y España lo hizo en su plan de recuperación y resiliencia, las disposiciones pertinentes para lograr estos objetivos", ha apuntado Nuyts.

Además, cada vez que hay una petición de pago, y el Gobierno de Pedro Sánchez ha realizado ya con éxito la primera, los Estados miembros deben firmar una declaración de gestión de que los fondos gastados se utilizaron para los objetivos pretendidos.

Aparte del primer filtro de control a nivel nacional, también la UE supervisará el buen reparto y utilizacion de los fondos. "Al evaluar si los hitos y objetivos (exigidos a cambio de las ayudas) se han cumplido satisfactoriamente, la Comisión estará muy atenta a que se hayan cumplido todas las condiciones mencionadas en ellos. En casos específicos, esto implicará verificar que la distribución de fondos ha seguido un proceso abierto y transparente, basado en convocatorias de propuestas o licitaciones claras para que todos los beneficiarios potenciales sean tratados de manera justa", explica la portavoz.

Impacto territorial

El Ejecutivo comunitario, subraya Nuyts, "utilizará todas las herramientas de verificación que tiene a su disposición para comprobar que el dinero gastado ha contribuido a los resultados esperados, incluido el impacto territorial cuando esta cuestión forme parte de los hitos y objetivos".

Basándose en un análisis de riesgos, la Comisión Europea dispone además de "la posibilidad de llevar a cabo controles sobre el terreno, por ejemplo para garantizar que los fondos se utilizaron de forma adecuada", ha resaltado la portavoz.

La vigilancia sobre el uso de los fondos europeos se completa con la supervisión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas de la UE o la nueva Fiscalía Europea, "que pueden acceder a los datos relevantes e investigar el uso de los fondos si es necesario".

"Incluso si los hitos y objetivos (para acceder a las ayudas) se han cumplido, si la Comisión detecta graves irregularidades y el Estado miembro no adopta medidas apropiadas e inmediatas para corregir esas irregularidades y recuperar los fondos afectados, la Comisión también puede tomar medidas", ha subrayado la portavoz.

A Bruselas no le consta que exista ningún conflicto similar entre Gobierno central y regiones por el reparto de los fondos europeos en ningún otro Estado miembro. ¿Le preocupa a la Comisión que la denuncia de Ayuso ante el Supremo retrase la ejecución de los fondos europeos en España? "No hacemos comentarios sobre el posible impacto de este procedimiento sobre la puesta en práctica del plan. La Comisión espera que el plan español se ponga en práctica tal y como fue acordado con la Unión", ha respondido Nuyts.

La Unión Europea aprobó el pasado junio el plan de inversión y reformas elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez a cambio de 70.000 millones de subvenciones Next Generation. España ha recibido ya los dos primeros tramos de ayudas: un anticipo de 9.000 millones que se pagó en agosto y un segundo tramo de 10.000 millones desembolsado en diciembre.