La vicepresidenta Nadia Calviño conversa con la presidenta del BCE, Christine Lagarde, durante el Eurogrupo de este lunes

La vicepresidenta Nadia Calviño conversa con la presidenta del BCE, Christine Lagarde, durante el Eurogrupo de este lunes UE

Macroeconomía

Bruselas pide la retirada progresiva de las medidas de apoyo público a las empresas tras la Covid-19

Calviño destaca que el 60% de los créditos avalados por el ICO se están devolviendo ya con normalidad.

17 enero, 2022 19:07
Bruselas

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Mantener indefinidamente el arsenal de medidas de apoyo desplegado durante la crisis de la Covid-19 conduciría a una mala asignación de los recursos públicos y a la proliferación de compañías zombis. Para evitarlo, Bruselas pide a los Estados miembros que retiren progresivamente la barra libre de ayudas generalizadas a las empresas. En su lugar, los Gobiernos deben optar por medidas selectivas concentradas en los sectores más golpeados por la pandemia, como el turismo o el transporte.

"El apoyo debe eliminarse gradualmente teniendo en cuenta la evolución de la pandemia y la situación económica y hacerse más selectivo y menos basado en instrumentos de deuda", sostiene el informe sobre solvencia empresarial que ha elaborado la Comisión Europea para la reunión de este lunes del Eurogrupo. La retirada debe además basarse en la situación de los diferentes sectores y el impacto en el sector bancario y las finanzas públicas, añade el documento.

Durante el periodo más grave de la pandemia, Bruselas temió que se produjera una oleada de quiebras empresariales en toda la UE. Un fenómeno que afectaría en particular a España debido al gran peso del sector del turismo y la hostelería en nuestra economía y a un tejido empresarial formado mayoritariamente por pymes.

Sin embargo, los miedos del Ejecutivo comunitario no se han materializado. "Las quiebras siguen siendo sorprendentemente bajas comparadas con los niveles históricos y teniendo en cuenta la gravedad de la crisis. Eso demuestra la eficacia de las medidas de apoyo y la resiliencia de la economía", explica un alto funcionario del Eurogrupo.

"En el caso de España, vemos claramente la eficacia de las medidas de política económica que hemos venido aplicando desde marzo de 2020, que han permitido proteger el tejido productivo, el empleo y las rentas de las familias. De hecho, la morosidad es más baja que antes de la pandemia: aproximadamente un 60% de los créditos avalados por el ICO ya se están pagando normalmente", ha explicado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, a su llegada a la reunión.

"La retirada del apoyo (a las empresas) debe diseñarse de manera que no sea abrupta y generalizada para evitar quiebras que, si son de gran escala y magnitud, pondrían en riesgo una recuperación sostenida y tendrían consecuencias para el sector bancario (...) y también implicaciones considerables para la deuda pública", reza el informe de Bruselas. 

El Ejecutivo comunitario recomienda mantener el apoyo durante más tiempo a las empresas que eran viables antes de la crisis, pero pertenecen a sectores golpeados de manera grave y persistente por la pandemia. En particular, las actividades que requieren contacto físico, como el comercio minorista, el turismo y los viajes o el entretenimiento, la cultura y los deportes. 

A la hora de eliminar las ayudas, se debe tener especial precaución en sectores como el transporte aéreo y marítimo o el transporte público. Estos sectores necesitan suficientes ingresos firmes para cubrir grandes costes fijos y tienen importancia sistémica debido a efectos de red. Por ello, la supresión repentina de las medidas de apoyo podría causar un efecto contagio en el resto de la economía, avisa Bruselas. 

Finalmente, la Comisión recomienda establecer mecanismos para separar las firmas viables de las empresas zombis. Asimismo, cualquier nueva ayuda debe adoptar preferentemente la forma de subvención o inyección de capital, ya que dar más créditos agravaría el problema de sobreendeudamiento.

La retirada progresiva de las ayudas públicas a las empresas debe acompañarse de una mejora de los regímenes nacionales de insolvencia, con el fin de facilitar la reestructuración de la deuda de las compañías viables y la liquidación de las que no lo son, reduciendo al máximo el recurso a los tribunales, concluye el informe de Bruselas.