La Junta de Andalucía ha reclamado al Ministerio de Hacienda que presente una propuesta "completa" en lugar del "análisis de un único criterio" -la población ajustada- para la reforma de financiación autonómica y ha lamentado que el Gobierno "aliente la confrontación territorial". 

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, ha pedido una mesa de trabajo "multilateral" y la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Andalucía, una de las comunidades que tradicionalmente ha defendido el reparto por población ajustada, ha presentado un informe de 40 páginas con sus alegaciones al borrador de la reforma de financiación autonómica. 

Fondo para infrafinanciadas

Uno de los puntos que más preocupa en la comunidad es la llegada de un fondo transitorio para "taponar la sangría" que supone el sistema actual para las comunidades infrafinanciadas. "Perdemos cuatro millones de euros al día", ha remarcado el portavoz del gobierno andaluz.

"El Gobierno central le ha dado una patada hacia adelante a la reforma del modelo de financiación. Ha abierto el debate en falso e intenta alentar la confrontación entre territorios", ha lamentado Bendodo.

A su juicio, ha abierto "un debate en falso" al pedir a cada comunidad que se pronuncie sobre un único aspecto del sistema de forma unilateral y sin promover espacios de diálogo. "No nos gusta ni la letra ni la música", ha subrayado al respecto, al considerar que es "incompleta" porque hace referencia solo a la variable de población ajustada.

En el informe que ha presentado Andalucía al Departamento que dirige Montero se reclama un "documento global" que analice las líneas maestras de la reforma del sistema de financiación autonómica y que se pronuncie "sobre otros aspectos importantes" como la suficiencia financiera, la equidad vertical/horizontal, los recursos tributarios o la suficiencia dinámica. 

Premios si cumplen reglas fiscales

La Junta también considera que se deberían establece mecanismos de penalización y premios para las comunidades "en función de si cumplen o no con las reglas fiscales" para avanzar "en la aplicación de criterios de eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos".

Igualmente, el Gobierno andaluz defiende "trabajar para conseguir un consenso" que aglutine a todas las comunidades autónomas, al Estado y a las principales fuerzas políticas y que "permita avanzar de manera multilateral hacia un nuevo modelo que garantice una financiación suficiente para el conjunto de las competencias y los servicios públicos que prestan las CC. AA. de acuerdo con los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal".

Para ello, señala que el debate debería producirse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y "no de manera bilateral". También ha reclamado "una mesa de trabajo multilateral".

Conocer la foto final

Aunque el Gobierno andaluz considera que la población ajustada "es un elemento esencial para determinar la distribución del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales" que prestan las comunidades autónomas, pide conocer "la foto final" antes de entrar a analizar el concepto de población ajustada y los criterios tenidos en cuenta para su modificación. 

En todo caso, el informe presentado por la Junta de Andalucía precisa que "no debe perderse de vista que el punto de partida del concepto de población ajustada es la población de derecho", por lo que el resultado final de este indicador "no debería provocar una distorsión importante respecto a la población de derecho que reside en una comunidad autónoma".

Asimismo, considera que el documento aportado por el Ministerio "genera incertidumbre porque no aclara si la población ajustada es un criterio más de reparto dentro de una estructura de varios fondos como ocurre en el actual sistema" o, por el contrario, "va a ser el único criterio atendiendo a una estructura de fondos más sencilla y transparente".

Además de remitir el informe a los grupos con representación en el Parlamento andaluz, el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, ha solicitado a petición propia comparecer en el Parlamento para informar sobre las consideraciones que ha trasladado Andalucía al Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

Recurrir la nueva Ley de Vivienda

Por otra parte, el Gobierno andaluz está dispuesto a recurrir en el Tribunal Constitucional la nueva Ley de Vivienda aprobada hoy por el Consejo de Ministros si "invade competencias" de la comunidad autónoma.

Es uno de los puntos en los que ha reparado Bendodo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde ha expuesto que la Junta está "absolutamente en contra de cualquier intervencionismo" en el mercado de la vivienda.

"Somos un gobierno liberal y, por tanto, la propiedad privada no se puede atropellar", según ha indicado Bendodo, quien ha agregado que se trata de una ley que de primeras nace "mal" y la "confirmación por parte del Consejo General del Poder Judicial del varapalo a esta ley, debería hacer reflexionar también al Gobierno de España".

"Tengan por seguro que si invade competencias autonómicas, presentaremos el correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional", ha sentenciado Bendodo.