En este nuevo contexto de incertidumbre total, el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, ha anunciado este jueves su intención de relajar el ajuste presupuestario que se exigirá en 2023 a los países de la eurozona, especialmente a los más endeudados como España. Una flexibilidad que se reflejará ya en las directrices de política fiscal que Bruselas aprobará la semana que viene.

Estas directrices tienen como objetivo servir de puente hasta que se complete la reforma del Pacto de Estabilidad, que obliga a reducir el déficit por debajo del 3% y la deuda por debajo del 60%. El Pacto se suspendió en marzo de 2020, en la fase más dura del confinamiento, con el fin de dar barra libre a los Gobiernos para disparar el gasto público en respuesta a la crisis de la Covid-19. El Ejecutivo comunitario ya ha anunciado que las reglas volverán a aplicarse en 2023, pero no está claro si será en su forma actual o reformadas. 

Por ello, la Comisión presentará la semana que viene una comunicación con orientaciones para la política fiscal de 2023. El objetivo es que los Gobiernos de la eurozona puedan empezar a preparar sus programas de estabilidad y sus presupuestos para el año que viene. "Esto deberá tener en cuenta el aumento de la incertidumbre que nubla las perspectivas económicas como resultado del ataque de Rusia a Ucrania", ha explicado Gentiloni. 

"Las finanzas públicas saneadas son esenciales. En los Estados miembros con alto nivel de deuda se necesita un ajuste fiscal continuado durante varios años, combinado con inversiones y reformas para sostener el crecimiento. Pero la reconstrucción de colchones presupuestarios debe ser gradual", sostiene el comisario de Asuntos Económicos.

"Una consolidación demasiado abrupta socavaría la recuperación, con efectos negativos sobre el crecimiento potencial y el sentimiento de los mercados y, en última instancia, sobre la sostenibilidad de la deuda. Este mensaje es, por supuesto, mucho más importante teniendo en cuenta los acontecimientos de hoy", ha subrayado Gentiloni.

La guerra de Putin en Ucrania ha alterado por completo la agenda del Eurogrupo y del Ecofin informales que se celebran a partir de mañana en París, y a los que asiste la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Los ministros de Economía de la UE consagrarán la mayor parte de su tiempo a examinar las consecuencias del conflicto en la economía comunitaria. Al encuentro asiste también la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

A principios de febrero, el Ejecutivo comunitario ya rebajó hasta el 4% su previsión de crecimiento para la eurozona y el conjunto de la UE en 2022, tres décimas menos de lo que había calculado en noviembre. Un empeoramiento que se explicaba por el impacto de ómicron, la subida general de precios y los cuellos de botella en las cadenas de suministro mundiales. A todo ello se suma ahora la guerra en Ucrania, que dispara la incertidumbre a máximos.