Fuentes del Gobierno así lo confirman a EL ESPAÑOL, y sugieren que las medidas podrían prolongarse hasta final de año, a la vista de que Bruselas no termina de dar el visto bueno a los mecanismos presentados por España y Portugal para la llamada "excepción ibérica". Falta saber si el diseño se mantendrá o habrá "algún retoque".

El tope al precio del gas, prometido hace ya dos meses, sigue sin entrar en vigor y tampoco irá al colegio de comisarios de este miércoles, según prevé el Ejecutivo español.

Esto significa que la Comisión no dará luz verde hasta el miércoles 1 de junio, como muy pronto. Y aunque el Ministerio de Economía está urgiendo a los operadores a que "vayan preparando todas las medidas técnicas" para poder implementar la medida de inmediato, lo cierto es que ya no habrá una factura mensual con la que comparar antes de que Nadia Calviño tenga que decidir qué hacer con las medidas contra la crisis.

Así, todo indica que el bono social térmico, las ayudas a los transportistas, las rebajas de los carburantes, y la bajada de impuestos de la luz se mantendrán "de un modo u otro" en el nuevo decreto que apruebe el Consejo de Ministros. "No vamos a retirar los estímulos prematuramente", admite un miembro del Gobierno en conversación con este diario, "si hay que mantenerlos se mantienen".

Y así será, previsiblemente, si hay que hacer caso a los síntomas que llegan desde Bruselas, que son los que alimentan de argumentos al Gobierno en esta época de crisis. "La Comisión Europea ha suspendido las reglas fiscales en 2023, así que prevén que la guerra siga", añade este ministro. Y con ella, sus efectos.

"Bruselas está preocupada con la retirada prematura de estímulos y que la guerra se prolongue en el tiempo", añade. Y ahora que Alemania ha reculado, la confirmación de que las perspectivas no son buenas y que hace falta seguir 'dopando' la economía "y protegiendo a los más vulnerables" es total. "Berlín sabe que no tiene más remedio, porque si a ellos les va mal, nos caemos todos. Su dependencia energética de Rusia es tremenda, y eso marca el rumbo", admite este ministro.

El tope del gas

En todo caso, las rebajas a la luz y a las gasolinas parece que se mantendrán, con toda probabilidad, hasta finales de año. En verano no tendría sentido retirarlas -por la falta de efecto del tope al gas y por la campaña turística, respectivamente, en la que el Ejecutivo pone todas sus esperanzas de recuperación-. Pero es que el Gobierno necesita "ver cómo funciona el tope del gas, qué repercusión tiene y cómo sigue después su impacto".

El retraso eterno de esta medida, que es "la más importante de todas", hace imposible que sus efectos se noten en los bolsillos de los ciudadanos y de las empresas a tiempo. "Todo depende de que la situación se corrija", concluye este miembro del Ejecutivo, pero "seguiremos acompañando con las rebajas fiscales a la electricidad si es necesario".

El equipo económico del Ejecutivo sabe que se lo juega todo en la segunda parte del año. Si no logra moderar la inflación, la proyección del crecimiento económico del año 2023 puede ser catastrófica para el cuadro macro, la senda de reducción del déficit y la deuda... y el equilibrio mismo de las cuentas del año que viene. Vendría una subida de pensiones "insostenible" y un acuerdo de sueldos en la función pública inasumible.

Casi 9.000 millones más

Como ya adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, ampliar la bonificación al combustible y la rebaja de la electricidad tendría un coste adicional cercano a los 9.000 millones de euros.

Por un lado, están las rebajas fiscales de la factura de la luz. Estas medidas, hasta finales de junio, tendrán un impacto presupuestario de 7.000 millones. Si se prorrogaran hasta finales de año, el coste conjunto total sería de 12.000 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Es decir, que una ampliación de las rebajas fiscales costaría 5.000 millones extra.

En el otro lado de la balanza, está la rebaja de los combustibles, que está en los 20 céntimos por litro de combustible. De ellos, 15 céntimos los abona el Estado. Pese a que en este caso Hacienda no aporta impacto presupuestario, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha hecho un pronóstico de lo que costará ampliar esta medida hasta finales de año.

Según el ente, la prórroga del descuento del combustible supondrá sumar unas tres décimas de PIB al déficit público, que equivalen a más de 3.615 millones de euros. Es decir, que prorrogar la rebaja fiscal de la factura de la luz y el descuento del combustible en conjunto añadirían un gasto, como mínimo, de más de 8.600 millones de euros no presupuestados.