El PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un principio de acuerdo para dejar el fondo de compensación para víctimas del amianto dependiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y no del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), como había planteado el PSOE.
Esta era una de las propuestas que el principal grupo del Gobierno había planteado en sus enmiendas a la proposición de ley impulsada por el Parlamento del País Vasco y que ahora tramita el Congreso.
Entre sus enmiendas, el PSOE defiende limitar el alcance de este fondo a personas que hayan quedado afectadas por una incapacidad permanente de, al menos, un 33%, no tengan derecho a ninguna pensión o prestación y hayan residido al menos diez años en España. También planteaba evitar el recargo de cotizaciones o aportaciones de las mutuas que recoge la iniciativa impulsada por la cámara vasca.
Esta misma semana, coincidente con la reunión de la ponencia designada por la Comisión de Trabajo para debatir esta iniciativa, los sindicatos CCOO y UGT convocaron una concentración para exigir al PSOE la retirada de estas propuestas.
Así lo manifestaron los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, que llamaron en sus declaraciones a otorgar financiación suficiente al fondo, mantenerlo dependiente de la Seguridad Social y conservar el espíritu de la propuesta original, ya que la aprobación de estas enmiendas supondría "fallar a las víctimas".
Cómo financiar el fondo
La financiación del fondo es otro de los puntos 'calientes' de la negociación, según informan a Europa Press fuentes conocedoras de las negociaciones. En la parte 'morada' de la coalición exigen garantizar una financiación suficiente del fondo, mientras que la línea roja de los socialistas es que se sufrague desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Precisamente las cuentas públicas para este año contemplaron reservar 25 millones de euros para estas compensaciones, tras el acuerdo alcanzado por estas formaciones con EH-Bildu para el respaldo de esta formación a los PGE.
Finalmente, otro de los puntos en negociación es dónde situar el consejo asesor, ya que Unidas Podemos rechaza que sea dependiente del Ministerio de Trabajo como inicialmente plantea el PSOE.
La ponencia decidió dar de margen dos semanas más y seguir discutiendo posibles cambios en busca de un acuerdo.