Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia por fuentes cercanas a la negociación entre los ministerios del PSOE y los de Unidas Podemos, el departamento que dirige María Jesús Montero no comparte esta medida.

Si bien no cierra del todo la puerta a su adopción, Hacienda recuerda que el Estado ya ha puesto sobre la mesa unos 16.000 millones de euros para financiar el escudo anticrisis, un montante que aumentará con la prórroga hasta septiembre. 

Cabe recordar que la medida, tal y como la ha formulado Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, consistiría en un fondo extraordinario de 560 millones para que comunidades autónomas y municipios subvencionen el transporte público a través de una tarifa plana de 10 euros mensuales para todos los usuarios.

En todo caso, desde el departamento que lidera María Jesús Montero consideran, según ha podido saber este periódico, que esta medida tendría ser financiada por las comunidades autónomas.

Fondos extra

Y no solo porque se trate de competencias regionales o locales (que también), sino porque desde que empezó la pandemia los fondos 'extra' para las regiones por parte del Estado no han hecho sino multiplicarse. 

Según Fundación de Estudios para la Economía Aplicada (FEDEA), en 2020 y en 2021 las regiones recibieron 29.500 millones a través del Fondo Covid. A eso hay que sumar la línea de ayudas directas a las empresas que gestionaron también las autonomías, dotada con 7.000 millones.  

Además, las entregas a cuenta del Estado a las regiones han ido alcanzando cifras récord año a año, siendo la más elevada de la serie histórica la del presente 2022. 

"Los ingresos adicionales han excedido las nuevas necesidades de gasto, lo que ha permitido a las autonomías reducir su déficit con respecto a años anteriores hasta prácticamente eliminarlo en 2021", recuerdan desde FEDEA. 

Bonificaciones

La cuestión del transporte público no es la única que se está negociando de cara a la prórroga del escudo anticrisis. Los 'morados' insisten en que las bonificaciones a la gasolina solo se mantengan (o se suban) en casos reales de vulnerabilidad económica. 

La parte socialista del Gobierno está de acuerdo con esto, pero hay muchos inconvenientes técnicos para su ejecución. Por otro lado, lo que sí se ha aceptado ya es la subida del 15% de las pensiones no contributivas, aunque esta medida se incluirá tras haberla negociado con Bildu a cambio de su apoyo para proyectos de ley en el Congreso.